ASESORIA GALVEZ Y ALEDO, S.L
ASESORIA GALVEZ Y ALEDO, S.L

Con él el tradicional cierre fiscal, intentando aprovechar las oportunidades a nuestro alcance para rebajar la próxima factura fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

Por lo que hay considerar las decisiones para tomar antes del cierre del ejercicio le pueden suponer un ahorro en el Impuesto sobre Sociedades. Abordamos a continuación algunos aspectos que le conviene recordar.
Intente diferir rentas al ejercicio 2021
A pesar de que el tipo impositivo no varía, puede ser interesante para usted diferir rentas al ejercicio 2021, adelantando gastos en la medida de lo conveniente y retrasando ingresos del 2020 al 2021, o viceversa, cumpliendo siempre los criterios de imputación temporal.
Entidad patrimonial y concepto de actividad económica en el supuesto de arrendamiento de inmuebles
Las entidades deben verificar si pueden ser calificadas como entidades patrimoniales, lo que se produce cuando más de la mitad de su activo está constituido por valores o cuando se entienda que no realizan una actividad económica.
Dicha calificación tiene trascendencia tributaria debido a las limitaciones que implica la calificación como entidad patrimonial, entre otras, en la compensación de bases imponibles negativas, no aplicación del tipo reducido para entidades de nueva creación ni del régimen de entidades de reducida dimensión.
Se puede evitar que se considere como entidad patrimonial una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles si cuenta con una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa y carga de trabajo suficiente. Además, si se trata de un grupo, el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las entidades que formen parte del citado grupo, por lo que la titularidad de los inmuebles puede tenerla una empresa del grupo y el empleado otra.
Operaciones con precio aplazado
Esta regla especial de imputación temporal es aplicable también a las prestaciones de servicios. Además, las rentas se entienden obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la entidad decida aplicar el criterio de devengo, y no cuando se produzca el cobro, como ocurría anteriormente.
Tenga presente que si en una operación realizada en 2020, en la que ya ha sido exigible algún plazo, no se ha cobrado, hay que integrar la renta, aunque si al final del ejercicio hubieran transcurrido 6 meses desde la exigibilidad, se puede deducir el deterioro del crédito. Siempre es conveniente que, ante una operación con precio aplazado, en el contrato se especifique cuándo vencen los plazos.
Amortizaciones
Conviene que proceda a revisar las amortizaciones que ha ido contabilizando para ver si son admitidas por la norma fiscal o si existe la posibilidad de aprovechar al máximo este gasto para rebajar la base imponible.
Una entidad que no fuera empresa de reducida dimensión, en 2013 y 2014 tuvo que limitar la amortización contable fiscalmente deducible al 70% de su importe, y en los periodos 2015 y siguientes, el gasto no deducible por dicha limitación tenía que revertir. Así, la amortización contable que no resulte fiscalmente deducible por la aplicación de esta limitación no tendrá la consideración de deterioro y se deducirá a partir del primer período impositivo que se inicie dentro del año 2015, de forma lineal durante un plazo de 10 años o durante la vida útil del elemento patrimonial, a opción del sujeto pasivo. Por tanto, un gasto que no fue deducible al 30% revierte, es decir, será deducible al 25%. No obstante, la nueva LIS estableció una deducción en la cuota del 5% de las cantidades que integren en la base imponible del período impositivo correspondientes a la reversión del referido ajuste.
Aunque en 2015 los intangibles de vida útil indefinida no se amortizaban contablemente, la norma tributaria permitía realizar un ajuste negativo al resultado contable del 1% del valor de adquisición del fondo de comercio y del 2% en el caso de otros intangibles de vida útil indefinida. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2016, el inmovilizado intangible dejó de clasificarse en función de si su vida útil es definida o indefinida, y se partió de la consideración de que todos los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida, pasando a ser amortizable todo el inmovilizado intangible; en principio en función de su vida útil, y si ésta no pudiera estimarse de manera fiable, en un plazo de diez años. Para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2016 la norma contable obligó a amortizarlos en 10 años, mientras que la ley del impuesto prevé un gasto deducible máximo de la veinteava parte de su importe (5% anual), lo que habrá de tenerse en cuenta para hacer el correspondiente ajuste al resultado contable.
Valoración de existencias
La posibilidad de optar por diferentes métodos de valoración de existencias es una manera de influir en el resultado. Tanto el PGC como el PGCPYMES admiten el FIFO y el Precio medio Ponderado. Al no contener la normativa fiscal disposiciones específicas en relación con este aspecto, no es necesario realizar ajustes al resultado contable para la determinación de la base imponible.
Gastos no deducibles
Se deben identificar los gastos contables que no son fiscalmente deducibles (retribución de los fondos propios, las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo, las pérdidas del juego, los donativos y liberalidades, los gastos de actuaciones contrarios al ordenamiento jurídico...), a fin de practicar los ajustes extracontables oportunos como diferencias positivas permanentes al resultado contable para hallar la base imponible del Impuesto.
Si se remunera el cargo de administrador en una entidad ello deberá estar previsto estatutariamente para que las retribuciones pagadas tengan la consideración de gasto deducible. Expresamente la Ley del Impuesto establece que no se considera una liberalidad y por tanto sí gasto deducible, la retribución a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección o por realizar otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral.
Tenga presente que no son deducibles los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de una relación mercantil como es la de los administradores o miembros de Consejos de Administración que excedan, para cada perceptor, del mayor de los dos importes: 1.000.000 de euros, o la indemnización laboral exenta.
Compensación de gastos incurridos por el trabajador como consecuencia del trabajo a distancia
Dado el auge del teletrabajo, es posible que alguno de sus trabajadores se hayan acogido a esta modalidad y que se le haya compensado por los gastos incurridos en el desarrollo de su actividad, tales como la luz, internet... Dichos gastos serán deducibles siempre que se cumplan los siguientes requisitos: inscripción contable, imputación con arreglo a devengo y correlación de ingresos y gastos, justificación documental y que no tenga la consideración de gasto fiscalmente no deducible por algún precepto específico de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Gastos financieros
Tenga presente que se limita la deducción de gastos financieros al menor de los siguientes importes: el 30% del beneficio operativo del ejercicio o un millón de euros. Si se trata de un grupo mercantil, estas magnitudes se medirán a nivel de grupo.
Más que una limitación en la deducción fiscal de los gastos financieros, nos hallamos ante una limitación en la imputación temporal en cada ejercicio, al permitirse que la parte de éstos que no haya sido objeto de deducción, lo sea en los períodos impositivos posteriores.
Valoración de determinados elementos patrimoniales
En determinados supuestos se produce una divergencia entre el resultado contable y la base imponible debido a que la norma fiscal obliga a tomar, cuando se produzcan ciertas operaciones, un valor diferente del contable para determinar las rentas, positivas o negativas. Las diferencias generadas por la sustitución del valor contable por el valor fiscal se integran en la base imponible, en el período impositivo en que los mismos motiven el devengo de un ingreso o un gasto, cuando se trate de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el período impositivo en que los mismos se transmitan o se den de baja, cuando se trate de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado, en los períodos impositivos que resten de vida útil, tratándose de elementos patrimoniales amortizables integrantes del inmovilizado, y en el período en el que se reciban, tratándose de servicios.
La entidad debe revisar a fin de año las operaciones vinculadas realizadas en el período impositivo.
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles
Esta reducción se aplica a las rentas positivas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos, legalmente protegidos, que deriven de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y software avanzado registrado que derive de actividades de investigación y desarrollo.
El importe de la reducción es del 60% de un coeficiente en el que el numerador está integrado por los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con aquella, incrementadas en un 30 por ciento y el denominador está constituido por los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación tanto con terceros no vinculados con aquella como con personas o entidades vinculadas con aquella y de la adquisición del activo.
Reserva de capitalización
Esta figura se contempla para incentivar la reinversión y la capitalización de las sociedades. Así si una entidad va a incrementar sus fondos propios en 2020 respecto a los de 2019 puede reducir su base imponible en un 10% del importe del incremento de sus fondos propios en la medida en que dicho incremento se mantenga durante un plazo de cinco años y se dote una reserva por el importe de la reducción, debidamente separada e indisponible durante esos cinco años. Por ello es conveniente que la entidad analice si le conviene dotar la reserva comprometiéndose a mantener los fondos.
Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de fondos propios
Tratándose de participaciones en entidades que no tengan su residencia fiscal en territorio español, se exige como requisito adicional, para la aplicación de la exención por los dividendos o por las plusvalías cuando se transmitan, que la entidad haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades, a un tipo nominal de, al menos, el 10%, y se considerará cumplido este requisito, cuando la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga cláusula de intercambio de información y siempre que no se trate de un paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado de la Unión Europea y se acredite motivo económico válido y la realización de actividades económicas. Por todo ello, si una entidad piensa establecerse en el extranjero a través de una filial, deberá tener en cuenta que le puede convenir hacerlo en un país con convenio o, por lo menos, con un tipo nominal por impuesto análogo al nuestro del 10% a fin de asegurarse la exención de los dividendos repatriados y de las rentas obtenidas en la transmisión de las participaciones de la misma.
Para aplicar la exención por los dividendos percibidos de entidades residentes, la participación directa o indirecta en la entidad que reparte el dividendo ha de ser, como mínimo, del 5% o que el valor de adquisición de la participación sea de un mínimo de 20 millones de euros. Por ello cuando la entidad vaya a adquirir participaciones en una empresa radicada en nuestro país, debe plantearse la conveniencia de alcanzar un porcentaje de participación de, al menos, el 5%, salvo cuando el precio de adquisición de esa cartera sea de 20 millones de euros o superior, para que los dividendos que le reparta esa filial o la renta obtenida si se transmiten los títulos queden exentos. Para ello asimismo es necesario que se haya mantenido la participación al menos un año. Por ello, si la entidad, cuando ha recibido un dividendo de una filial, sin haber mantenido la misma un año, debe intentar completarlo a posteriori. Asimismo, si piensa transmitir una participación del 5% en una entidad y no ha transcurrido un año desde que la adquirió, le conviene valorar esperar a que transcurra dicho plazo para efectuar la venta.
Compensación de bases imponibles negativas
No existe actualmente límite temporal en relación con la compensación en el futuro de bases imponibles negativas, por lo que, en una entidad de nueva creación que al principio tenga pérdidas, será preferible aplazar dicha compensación al tercer ejercicio con resultados positivos para poder aprovechar, en los dos primeros, el tipo especial del 15%.
Recuerde que el límite es (salvo para entidades cuyo importe neto de la cifra de negocio sea igual o superior a 20 millones de euros, en los que el porcentaje es del 50% o del 25%) del 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a su propia compensación. No obstante, en todo caso se pueden compensar en el período impositivo base imponibles negativas hasta el importe de un millón de euros, aunque se supere el límite porcentual.
Cualquier entidad que genere en 2020, bases imponibles negativas o que las haya generado en ejercicios anteriores, debe estar preparada para una comprobación plena de la misma en un período de prescripción ampliado de 10 años.
Reserva de nivelación
La reserva de nivelación como incentivo fiscal para las entidades de reducida dimensión, que permite una reducción de la base imponible de hasta el 10% de su importe con un máximo absoluto de un millón de euros en el año, y que debe conocer por si le interesa dotarla. Si el contribuyente tiene una base negativa en los cinco ejercicios siguientes, se reduce la misma en el importe de la minoración aplicada por esta reserva y, en caso contrario, las cantidades minoradas se suman a la base positiva del quinto año, actuando en este caso como un simple diferimiento. La verdad es que dotándola se puede ahorrar impuesto ahora y aplicar la reserva en caso de pérdidas en los 5 ejercicios siguientes y, si éstas no se produjeran, se convertirá en un diferimiento del impuesto de 2020 a 2025.
Incremento de la deducción por actividades de innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción.
Con el objeto de fomentar inversiones en innovación en procesos de producción en la cadena de valor de la industria del automóvil en España, se incrementa esta deducción, para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021. Dicha deducción queda configurada en los siguientes términos:
Incremento de la deducción:
El porcentaje de deducción se incrementa en 38 puntos porcentuales para los gastos efectuados en proyectos iniciados a partir del 25 de junio de 2020. Pueden aplicar este incremento aquellos contribuyentes que tengan la consideración de pequeñas y medianas empresas.
Para los contribuyentes que no tengan la consideración señalada en el párrafo anterior, el incremento será de 3 puntos porcentuales y podrán aplicar la deducción siempre que colaboren de manera efectiva con una pequeña o mediana empresa en la realización de las actividades y que las pequeñas y medianas empresas con las que colaboren asuman, al menos, el 30% de los gastos del proyecto.
Límites de la deducción:
El importe de la deducción no puede ser superior a 7,5 millones de euros por cada proyecto desarrollado por el contribuyente.
Adicionalmente, el importe de la citada deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no puede superar el 50% del coste del proyecto que haya sido objeto de subvención, o el 15% en el caso de contribuyentes que no tengan la consideración de pequeñas o medianas empresas.
Aplicación del incremento:
Es necesario que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como innovación tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico.
Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales
Para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020, se incrementan las deducciones aplicables a este tipo de producciones. Así, la deducción por inversión en producciones españolas pasa del 25% al 30% respecto del primer millón, y del 20% al 25% sobre el exceso de dicho importe. Asimismo, se incrementa el importe de dicha deducción hasta los 10 millones de euros.
Finalmente, se añaden nuevos supuestos que pueden sobrepasar el límite de dicha deducción (50% del coste de producción).
En caso de ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos tendrán derecho a la siguiente deducción por los gastos realizados en territorio español:
Del 30% respecto del primer millón de base de la deducción y del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe. La deducción se aplica siempre que los gastos realizados en territorio español sean, al menos, de 1 millón de euros. No obstante, en el supuesto de producciones de animación tales gastos serán, al menos, de 200.000 euros. El importe de esta deducción no puede ser superior a 10 millones de euros.
Del 30% por ciento de la base de la deducción, cuando el productor se encargue de la ejecución de servicios de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español sean inferiores a 1 millón de euros.
Libertad de amortización en inversiones realizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada
Otra de las novedades para el ejercicio 2020 es que se posibilita la libertad de amortización, en los períodos impositivos que concluyan entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021, en inversiones realizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada. En particular, las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material que impliquen la sensorización y monitorización de la cadena productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental, afectos al sector industrial de automoción, puestos a disposición del contribuyente y que entren en funcionamiento entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Para ello, debe mantenerse la plantilla media total de la entidad respecto de la plantilla media del año 2019, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento.
La cuantía máxima de la inversión que podrá beneficiarse de este régimen será de 500.000 euros.
El contribuyente debe aportar un informe motivado emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para calificar la inversión del contribuyente como apta, el cual tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria.
Las entidades a las que les resulten de aplicación los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión podrán optar entre aplicar el régimen de libertad de amortización previsto para este tipo de entidades o este nuevo régimen de libertad de amortización.
Como excepción, se imposibilita la aplicación de este régimen a los inmuebles.
Pagos fraccionados
Con motivo del COVID-19 y con el fin de adaptar el cálculo aplicable a las liquidaciones de impuestos a la realidad económica, se permitió a los contribuyentes, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, las siguientes posibilidades:
Aquellos cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 2019, no haya sido superior a 600.000 euros, además de poder presentar el primer pago fraccionado hasta el 20 de mayo, se les permitió optar, exclusivamente para los pagos fraccionados del período impositivo iniciado dentro de 2020, por la modalidad de base imponible, optando por dicha modalidad al presentar la declaración (no es necesario presentar modelo 036).
Aquellos cuyo volumen de operaciones hubiera sido superior a 600.000 euros, pero cuyo importe neto de la cifra de negocios haya sido inferior a 6 millones euros que hayan aplicado la modalidad de pago fraccionado sobre cuota en el primer pago efectuado en el mes de abril de 2020, podrán optar por cambiar la opción a pago fraccionado sobre base imponible, respecto de los pagos fraccionados a efectuar en los meses de octubre y diciembre. Para ello deberán aplicar dicha modalidad en el pago fraccionado de octubre.
El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 2020 será deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo período impositivo determinados con arreglo a la opción prevista en el párrafo anterior.
Esta opción extraordinaria no resulta de aplicación a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal.
Los contribuyentes que ejerciten estas opciones extraordinarias quedarán vinculados a ellas exclusivamente respecto de los pagos fraccionados correspondientes al mismo periodo impositivo.
Recordatorios Generales
Sólo podrá deducir por atenciones a clientes y proveedores, como máximo, un importe anual del 1% del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo.
Se pueden amortizar libremente los elementos nuevos del inmovilizado material cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, con un límite máximo de 25.000 euros en cada período impositivo.
Si una entidad ha realizado alguna operación de reestructuración en el ejercicio debe comunicar a la Administración si va a aplicar o no el régimen fiscal especial, ya que si no lo hiciera, puede ser sancionada con multa de 10.000 euros por cada operación no informada.
El tipo aplicable a las entidades de nueva creación es del 15% y será aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente. No se aplica a las sociedades patrimoniales, al exigirse que la entidad realice una actividad económica.
Para que sea deducible el gasto por el deterioro de un crédito adeudado por una entidad de derecho público, deberá ser objeto de un procedimiento judicial o arbitral, por lo que si su sociedad posee cantidades pendientes de cobro de alguna de ellas, y prevé que no se van a cobrar en un plazo razonable, puede iniciar un procedimiento arbitral para poder deducirse dicha cantidad.
Sólo se admite la deducción por pérdidas por deterioro de valor derivados de insolvencias de deudores cuando se cumplen determinados requisitos: transcurso de seis meses desde el vencimiento de la obligación sin que se haya obtenido su cobro, deudor declarado en situación de concurso, deudor procesado por alzamiento de bienes y créditos litigiosos. Sin embargo, las entidades de reducida dimensión podrán aplicar una estimación global anual del 1% de los deudores existentes a la conclusión del período impositivo.
Existe la obligación de revertir las pérdidas por deterioro de cartera deducidas, que deben integrarse en la base imponible en un mínimo de la quinta parte de las pérdidas en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 y en los cuatro ejercicios siguientes.
Se aplica la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, que será de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% y de 12.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, contratados por el contribuyente, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior.
Los contribuyentes del IS pueden deducir de su cuota líquida un determinado porcentaje de los gastos de investigación y desarrollo (I+D) o en innovación tecnológica, realizados en la búsqueda de nuevos productos o procedimientos industriales.
Con efecto para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017, están exentas en el Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las Autoridades Portuarias como consecuencia de la transmisión de elementos de su inmovilizado, siempre que el importe total de la transmisión se destine a la amortización de préstamos concedidos por Puertos del Estado o por entidades oficiales de crédito para financiar inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con su objeto o finalidad especifica.

Los autónomos societarios tienen derecho a la tarifa plana.

Ahora se permite a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas acceder a los beneficios en la cotización.
La TGSS ha modificado el criterio que establecía que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los autónomos societarios.
La reciente doctrina jurisprudencial, la TGSS ha tenido que modificar el criterio que venía estableciendo por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los autónomos societarios. De esta forma, se permitirá a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas (limitadas o anónimas), acceder a los beneficios previstos.
TARIFA PLANA
Recordemos que la tarifa plana para trabajadores autónomos es una bonificación en la cuota mensual a pagar por los autónomos, que está dirigida a aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
No haber estado de alta como autónomo en los últimos dos años (tres en caso de que anteriormente se haya disfrutado de bonificación). La Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo acortó el plazo de cinco a dos años para nuevos autónomos, con excepción del autónomo colaborador que mantiene el requisito original de cinco años.
- No ser administrador de una sociedad mercantil.
- No ser autónomo colaborador.
EL IMPORTE MENSUAL A PAGAR QUEDA REDUCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
- Primeros 12 meses: 80% de bonificación sobre la base mínima en caso de cotizar por bases superiores a la mínima establecida (en el caso del autónomo societario serían 73,57 euros si cotiza por la mínima y 246,64 euros si cotiza por la máxima).
- Meses 12 al 18: 50% de bonificación de la cuota mínima por contingencias comunes durante el segundo semestre (en el caso del autónomo societario serían 183,93 euros si cotiza por la mínima y 616,62 euros si cotiza por la máxima).
- Meses 18 al 24: 30% de bonificación de la cuota mínima por contingencias comunes durante el siguiente semestre (en el caso del autónomo societario serían 257,50 euros si cotiza por la mínima y 863,28 euros si cotiza por la máxima).
- Meses 24 al 36: 30% de bonificación de la cuota mínima por contingencias comunes únicamente para nuevos autónomos menores de 30 años y autónomas menores de 35 años (en el caso del autónomo societario serían 257,50 euros si cotiza por la mínima y 863,28 euros si cotiza por la máxima).
TARIFA PLANA PARA LOS AUTÓNOMOS SOCIETARIOS
El acceso a la tarifa plana para los autónomos societarios no se encuentra regulado expresamente.
Hasta el momento, el criterio restrictivo utilizado por la Entidad Gestora hacia este colectivo implicaba su exclusión de las bonificaciones para alta en el RETA; no obstante, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2019, creó jurisprudencia reconociendo el derecho a los beneficios del art. 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia), a una socia administradora única de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, de 25 años, que no había realizado previamente actividad económica y ha sido dada de alta en el RETA.
Se declara el derecho a la aplicación de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicable al alta en el RETA de la autónoma societaria, con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social a reintegrar a la recurrente las diferencias de cotizaciones consiguientes.
En concreto, en relación con el asunto de referencia, el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez mediante su sentencia de 3 de diciembre de 2019, en el sentido de que no puede impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley Estatuto del Trabajador Autónomo, a los trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles capitalistas, en contra del criterio que ha venido manteniendo la Tesorería General. A dicha sentencia, le han seguido otras en el mismo sentido como las dictadas el 27 de febrero de 2020 y el 4 de marzo de 2020.
CAMBIO DE CRITERIO DE LA TGSS
Por tanto, al existir ya doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de lo dispuesto en el citado precepto, procede modificar el criterio que ha venido manteniendo esta Tesorería General de manera que se permita a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de sociedades limitadas o anónimas, acceder a los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la citada Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo y, en consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta cuestión y que estén pendientes de resolver procederá dictar resolución estimatoria.
Respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos incentivos, únicamente procederá su revisión si se insta expresamente por los interesados, cuya tramitación y resolución, en su caso, corresponderá al órgano que dictó el acto originario.
DEVOLUCIÓN CUOTAS ABONADAS
De esta forma, no sólo se reconoce a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana, sino que se posibilita solicitar devoluciones de cuotas abonadas en exceso si la Tesorería General de la Seguridad Social hubiese negado en su momento el acceso a la bonificación a este colectivo.
No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago.
¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA DEVOLUCIÓN?
Aquellos autónomos societarios que se hubieran podido beneficiar de la tarifa plana o de sus bonificaciones posteriores y cuyos períodos a reclamar no estén prescritos:
Para el Autónomo societario que se hubiera dado de alta antes del 31 de diciembre 2017, debe cumplir estos dos requisitos:
- Que haya sido su primera alta en RETA.
- Ó que no haya estado en alta en RETA en los 5 años anteriores a la fecha que se dio de nuevo de alta.
Autónomo societario que se hubiera dado de alta a partir del 1 de enero de 2018, debe cumplir estos dos requisitos:
- Que haya sido su primera alta en RETA
- Ó que no haya estado en alta en RETA en los 2 años anteriores a la fecha de la nueva alta.
- Ó que no haya estado de alta en RETA en los 3 años anteriores cuando el trabajador autónomo ya hubiera disfrutado de la tarifa plana.
¿DESDE CUÁNDO PUEDO RECLAMAR?
Aquellos autónomos societarios que ya estuvieran dados de alta, podrán reclamar por las cuotas indebidamente ingresadas, teniendo en cuenta el plazo de 4 años que ese establece para este tipo de reclamaciones, es decir, que solamente se podrá reclamar cantidades cuatro años atrás.
¿CÓMO RECLAMAR LA BONIFICACIÓN?
El procedimiento a seguir por los autónomos societarios interesados en reclamar la bonificación sería el siguiente:
  1. Presentar un escrito ante la Tesorería General de la Seguridad Social solicitando la devolución de los pagos indebidos por la no aplicación de la tarifa plana. Plazo para resolver: 6 meses.
  2. En el caso de que se deniegue la devolución, el interesado deberá presentar un recurso de alzada. Plazo para resolver: 3 meses.
  3. Por último, si no se resuelve el recurso de alzada, deberá presentarse recurso por la vía judicial de lo Contencioso-Administrativo.

Se amplía el permiso de paternidad a 16 semanas.

DESDE EL 1 DE ENERO DE 2021 EL PERMISO DE PATERNIDAD SERÁ DE 16 SEMANAS.
Desde el 1 de enero y hasta 31 de diciembre de 2020, el permiso por paternidad se establece en 12 semanas, debiendo disfrutarse las 4 primeras tras el nacimiento del hijo de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. Y desde el 1 de enero de 2021, de 16 semanas (las seis primeras tras el parto).
Le recordamos que el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en aras a incentivar la corresponsabilidad familiar, llevó a cabo una reforma notoria del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la Seguridad Social en lo concerniente a la maternidad y paternidad. En concreto, vino a equiparar la duración de los derechos de ambos progenitores a 16 semanas, con una aplicación gradual en el permiso por paternidad.
En atención a lo anterior, le informamos que desde el 1 de enero y hasta 31 de diciembre de 2020, el permiso por paternidad se establece en 12 semanas, debiendo disfrutarse las 4 primeras tras el nacimiento del hijo de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. Y desde el 1 de enero de 2021, de 16 semanas (las seis primeras tras el parto). Las 8 semanas restantes el padre las podrá disfrutar de manera continuada o interrumpida, en régimen de jornada completa o parcial, durante el primer año de vida del hijo/a. La madre biológica podrá ceder al otro progenitor hasta dos semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio.
Se trata de un derecho individual e intransferible sin que pueda transferirse al otro progenitor.
Para poder solicitar este permiso, es necesario estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social y tener cubierto un período de cotización de 180 días dentro de los siete años anteriores a la fecha de inicio de dicho permiso o, tener 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a esta fecha.
Una vez su empleado haya disfrutado de los períodos obligatorios tras el parto (cuatro semanas en 2020 y seis en 2021), tenga en cuenta:
- El afectado podrá optar por disfrutar el resto de la paternidad de forma seguida, o bien por períodos semanales hasta que su hijo cumpla 12 meses. En todo caso, deberá comunicar a su empresa con una antelación mínima de 15 días el disfrute de cada período semanal (o el disfrute acumulado de dichos períodos).
- Asimismo, previo acuerdo con su empresa (por lo que usted puede oponerse), el disfrute del resto de la paternidad podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.
La paternidad se inicia de forma inmediata tras el parto. Ello implica que el permiso retribuido de dos días que existía por nacimiento de hijo (a cargo de la empresa) se ha derogado, por lo que su empleado ya no lo podrá disfrutar.
En cuanto al permiso derivado de adopción de un menor, para el año 2021 se sitúa en 16 semanas (ampliables según supuestos) para cada progenitor, de las cuales 6 semanas obligatorias deberán disfrutarse de forma ininterrumpida y a jornada completa tras la adopción. Las 10 semanas restantes, en periodos semanales, de forma acumulada o ininterrumpida, dentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial o decisión administrativa.

Los autónomos societarios tienen derecho a la tarifa plana.

Ahora se permite a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas acceder a los beneficios en la cotización.
La TGSS ha modificado el criterio que establecía que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los autónomos societarios.
La reciente doctrina jurisprudencial, la TGSS ha tenido que modificar el criterio que venía estableciendo por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los autónomos societarios. De esta forma, se permitirá a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas (limitadas o anónimas), acceder a los beneficios previstos.
TARIFA PLANA
Recordemos que la tarifa plana para trabajadores autónomos es una bonificación en la cuota mensual a pagar por los autónomos, que está dirigida a aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
No haber estado de alta como autónomo en los últimos dos años (tres en caso de que anteriormente se haya disfrutado de bonificación). La Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo acortó el plazo de cinco a dos años para nuevos autónomos, con excepción del autónomo colaborador que mantiene el requisito original de cinco años.
- No ser administrador de una sociedad mercantil.
- No ser autónomo colaborador.
EL IMPORTE MENSUAL A PAGAR QUEDA REDUCIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
- Primeros 12 meses: 80% de bonificación sobre la base mínima en caso de cotizar por bases superiores a la mínima establecida (en el caso del autónomo societario serían 73,57 euros si cotiza por la mínima y 246,64 euros si cotiza por la máxima).
- Meses 12 al 18: 50% de bonificación de la cuota mínima por contingencias comunes durante el segundo semestre (en el caso del autónomo societario serían 183,93 euros si cotiza por la mínima y 616,62 euros si cotiza por la máxima).
- Meses 18 al 24: 30% de bonificación de la cuota mínima por contingencias comunes durante el siguiente semestre (en el caso del autónomo societario serían 257,50 euros si cotiza por la mínima y 863,28 euros si cotiza por la máxima).
- Meses 24 al 36: 30% de bonificación de la cuota mínima por contingencias comunes únicamente para nuevos autónomos menores de 30 años y autónomas menores de 35 años (en el caso del autónomo societario serían 257,50 euros si cotiza por la mínima y 863,28 euros si cotiza por la máxima).
TARIFA PLANA PARA LOS AUTÓNOMOS SOCIETARIOS
El acceso a la tarifa plana para los autónomos societarios no se encuentra regulado expresamente.
Hasta el momento, el criterio restrictivo utilizado por la Entidad Gestora hacia este colectivo implicaba su exclusión de las bonificaciones para alta en el RETA; no obstante, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2019, creó jurisprudencia reconociendo el derecho a los beneficios del art. 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo (Beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta propia), a una socia administradora única de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, de 25 años, que no había realizado previamente actividad económica y ha sido dada de alta en el RETA.
Se declara el derecho a la aplicación de los beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicable al alta en el RETA de la autónoma societaria, con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social a reintegrar a la recurrente las diferencias de cotizaciones consiguientes.
En concreto, en relación con el asunto de referencia, el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez mediante su sentencia de 3 de diciembre de 2019, en el sentido de que no puede impedirse la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley Estatuto del Trabajador Autónomo, a los trabajadores autónomos que ostentan la condición de socios de sociedades mercantiles capitalistas, en contra del criterio que ha venido manteniendo la Tesorería General. A dicha sentencia, le han seguido otras en el mismo sentido como las dictadas el 27 de febrero de 2020 y el 4 de marzo de 2020.
CAMBIO DE CRITERIO DE LA TGSS
Por tanto, al existir ya doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de lo dispuesto en el citado precepto, procede modificar el criterio que ha venido manteniendo esta Tesorería General de manera que se permita a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de sociedades limitadas o anónimas, acceder a los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la citada Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo y, en consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formulado sobre esta cuestión y que estén pendientes de resolver procederá dictar resolución estimatoria.
Respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea porque no se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución desestimatoria dictada en alzada, que hubieran impedido la aplicación de dichos incentivos, únicamente procederá su revisión si se insta expresamente por los interesados, cuya tramitación y resolución, en su caso, corresponderá al órgano que dictó el acto originario.
DEVOLUCIÓN CUOTAS ABONADAS
De esta forma, no sólo se reconoce a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana, sino que se posibilita solicitar devoluciones de cuotas abonadas en exceso si la Tesorería General de la Seguridad Social hubiese negado en su momento el acceso a la bonificación a este colectivo.
No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo societario prescribirá a los cuatro años desde el primer pago.
¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA DEVOLUCIÓN?
Aquellos autónomos societarios que se hubieran podido beneficiar de la tarifa plana o de sus bonificaciones posteriores y cuyos períodos a reclamar no estén prescritos:
Para el Autónomo societario que se hubiera dado de alta antes del 31 de diciembre 2017, debe cumplir estos dos requisitos:
- Que haya sido su primera alta en RETA.
- Ó que no haya estado en alta en RETA en los 5 años anteriores a la fecha que se dio de nuevo de alta.
Autónomo societario que se hubiera dado de alta a partir del 1 de enero de 2018, debe cumplir estos dos requisitos:
- Que haya sido su primera alta en RETA
- Ó que no haya estado en alta en RETA en los 2 años anteriores a la fecha de la nueva alta.
- Ó que no haya estado de alta en RETA en los 3 años anteriores cuando el trabajador autónomo ya hubiera disfrutado de la tarifa plana.
¿DESDE CUÁNDO PUEDO RECLAMAR?
Aquellos autónomos societarios que ya estuvieran dados de alta, podrán reclamar por las cuotas indebidamente ingresadas, teniendo en cuenta el plazo de 4 años que ese establece para este tipo de reclamaciones, es decir, que solamente se podrá reclamar cantidades cuatro años atrás.
¿CÓMO RECLAMAR LA BONIFICACIÓN?
El procedimiento a seguir por los autónomos societarios interesados en reclamar la bonificación sería el siguiente:
  1. Presentar un escrito ante la Tesorería General de la Seguridad Social solicitando la devolución de los pagos indebidos por la no aplicación de la tarifa plana. Plazo para resolver: 6 meses.
  2. En el caso de que se deniegue la devolución, el interesado deberá presentar un recurso de alzada. Plazo para resolver: 3 meses.
  3. Por último, si no se resuelve el recurso de alzada, deberá presentarse recurso por la vía judicial de lo Contencioso-Administrativo
 
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La Agencia Tributaria habilita nueva forma para realizar apoderamiento electrónico

Informaros que la Agencia Tributaria ha establecido un nuevo trámite a través de su sede electrónica, para poder realizar el apoderamiento ante la AEAT sin necesidad de realizar desplazamientos a las oficinas, dado el contexto actual de crisis sanitaria que "aconseja potenciar medidas que faciliten la realización de trámites por vía electrónica".

Hasta ahora, el procedimiento del alta del poder para trámites tributarios podía realizarse por Internet, mediante el uso de certificado electrónico reconocido o Cl@ve (del poderdante); mediante comparecencia personal en las oficinas de la AEAT o con un documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada presentado ante la Agencia Tributaria.

Para facilitar la tramitación electrónica del alta del poder para trámites tributarios, y especialmente para aquellos casos en los que el poderdante no tenga identificación electrónica para apoderar, se ha habilitado una nueva forma de dar de alta el poder de representación, a través de la sede electrónica de la AEAT, sin intervención del poderante.

¿Cómo se opera en la nueva forma de apoderamiento?:

Se ha previsto la posibilidad de presentación de la escritura de poder en el registro electrónico de la Agencia Tributaria para generar el apoderamiento, a través del trámite 'Solicitar alta de poder para trámites tributarios', incluido en el procedimiento 'Apoderamiento para la realización de trámites y actuaciones en materia tributaria por Internet'.

En esta modalidad de solicitud de incorporación de poderes al registro de apoderamientos no es necesario que participe el poderdante, pues ya en su momento otorgó el poder ante el fedatario público correspondiente. Así, estas escrituras de poder otorgadas para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria pueden ser presentadas por el propio apoderado con su certificado electrónico o Cl@ve.

Tras la presentación, se incorporaría el poder en el Registro de apoderamientos, previa revisión por la AEAT de la subsistencia del poder otorgado en la escritura notarial.

El apoderado las presentaría por Internet ante la Agencia Tributaria con su certificado electrónico o Cl@ve, tras lo cual se incorporaría el poder en el registro de apoderamientos, previa revisión por el funcionario habilitado para ello, y mediante dos formas, que pasan por la aportación en el registro electrónico de la Agencia Tributaria de escrituras electrónicas de apoderamiento o copias electrónicas de las mismas, reguladas en la ley del Notariado y que cumplan los requisitos en él establecidos.

La otra forma es con la aportación de las escrituras de apoderamiento en formato PDF presentadas a tal efecto en el registro electrónico de la AEAT.

 

Imputación temporal de ingresos y gastos tras un procedimiento de inspección

Según sentencia de 17 de junio de 2020 del Supremo, no es posible que la Administración tributaria impute temporalmente los gastos contabilizados según el criterio del devengo y no haga lo mismo con los ingresos contabilizados anticipadamente a su devengo.

Tras una inspección pasada por un contribuyente, la inspección considera que parte de los gastos no corresponden al período, pero los ingresos contabilizados de forma anticipada (anticipos de clientes) se mantienen para la determinación de la base imponible.

 

El contribuyente se opone a este criterio, al entender que también debería haberse aplicado el principio de devengo a los ingresos, y por tanto haber obtenido un resultado contable inferior. Finalmente el Supremo le acaba dando la razón.

 

Lo anterior provoca una mayor tributación para la sociedad de la que hubiera resultado si se aplicara correctamente el principio del devengo, esto es, si el ajuste de la Inspección hubiera consistido en trasladar los ingresos mal imputados al ejercicio correcto (el siguiente).

Según confirma el Supremo, la excepción a la regla general de imputación según devengo no puede interpretarse de forma que permita a la Hacienda Pública aplicar dos criterios diferentes de forma global a la totalidad de los ingresos y los gastos de un determinado ejercicio. De ser así, se distorsiona el resultado en beneficio de la Hacienda Pública y supone una lesión de los principios de capacidad económica y de objetividad que deben regir las actuaciones de la Administración tributaria.

 

El TS establece que Hacienda no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes el recurso de reposición contra la liquidación

Fuente CGPJ: 30/7/2020

La Sala III del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia que la Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa. En el supuesto analizado, el contribuyente había interpuesto un recurso de reposición potestativo contra una liquidación tributaria sin que, correlativamente, solicitara con su interposición la suspensión de la ejecución de la deuda mientras se resolvía dicho recurso.

La Administración dictó providencia de apremio una vez agotado el plazo de resolución del recurso sin resolverlo, considerando entonces que se había producido el acto desestimatorio presunto que le habilitaba para iniciar la vía de apremio.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sale al paso de esta interpretación recordando, en primer lugar, que el acto surgido por silencio solo es una ficción cuya principal virtualidad es la de permitir al afectado la posibilidad de impugnarlo, impidiendo el bloqueo que supone la creación de situaciones indefinidas u obstinadas de falta de respuesta.

Tal posibilidad impugnatoria no altera el deber de la Administración de resolver expresamente el recurso, de manera que –dice la sentencia- aceptar que pueda dictarse una providencia de apremio en un momento en que aún se mantiene intacto dicho deber “es dar carta de naturaleza a dos prácticas viciadas de la Administración y contrarias a principios constitucionales:

a) La primera práctica, no por extendida menos aberrante, es la de que el silencio administrativo sería como una opción administrativa legítima, que podría contestar o no según le plazca o le convenga.

b) La segunda práctica intolerable es la concepción de que el recurso de reposición no tiene ninguna virtualidad ni eficacia favorable para el interesado; en otras palabras, que se trata de una institución inútil, que no sirve para replantearse la licitud del acto, sino para retrasar aún más el acceso de los conflictos jurídicos, aquí los tributarios, a la tutela judicial”.

COVID-19: paralizada la actividad ¿amortización del inmovilizado?

Una entidad que ha paralizado su actividad como consecuencia del COVID-19 ¿Cómo afecta a la amortización del inmovilizado?

 

Si se utiliza el método de amortización según las tablas establecidas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades se podrá modificar el coeficiente de amortización aplicado dentro del coeficiente y periodo máximos recogido en las mismas, pero no prorratear el importe resultante del coeficiente elegido.

 

La amortización contable es uno de los conceptos fundamentales para la administración de su negocio, con un impacto directo en su rentabilidad y en el pago del IRPF en el caso de los autónomos y del Impuesto de Sociedades en el caso de las pymes.

Uno de los cálculos que debes realizar al final de los ejercicios económicos de su empresa o actividad profesional es la amortización de los activos. Y es que hay adquisiciones de bienes destinadas al desarrollo de su actividad que suponen un gran desembolso monetario (maquinaria, un coche, un ordenador, etc.) y que, inevitablemente, sufrirán una depreciación y perderán parte de su valor con el paso del tiempo.

Esta depreciación es lo que entendemos, tanto en contabilidad como en fiscalidad, como amortización.

Ahora bien, como consecuencia de la situación que se ha producido por el estado de alarma debido al COVID-19, Es posible que durante varios meses parte del inmovilizado material de la empresa se use por debajo de su utilidad normal o incluso quede sin uso. En estos casos nos podemos preguntar:

¿Qué pasa con la amortización? Una entidad que ha paralizado su actividad como consecuencia del COVID-19 ¿deberá prorratear la amortización de los elementos del inmovilizado para deducirse únicamente la correspondiente al periodo en que ha estado ejerciendo la actividad?

No amortizar los inmuebles, la maquinaria o cualquier otro tipo de inmovilizado el tiempo que ha estado parado la actividad puede parecer lógico teniendo en cuenta que el mismo no se ha utilizado durante este periodo y además así reducimos los gastos con el objetivo de reducir las pérdidas que seguramente nos encontremos al final del ejercicio por la situación provocada por el COVID-19.

En este sentido, para saber si esta forma de actuar es correcta debemos dirigirnos a la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, en cuyo artículo segundo, apartado 3, establece:

3. Amortización.

1. La amortización se identifica con la depreciación que normalmente sufren los bienes de inmovilizado por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, debiéndose valorar, en su caso, la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. La dotación anual que se realiza expresa la distribución del precio de adquisición o coste de producción durante la vida útil estimada del inmovilizado.

2. Por ello, la amortización habrá de establecerse de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación considerada como normal por las causas señaladas anteriormente.

Esta regla solo se puede excepcionar cuando el activo no está sometido a desgaste por su funcionamiento, uso, obsolescencia o disfrute.

Por tanto, la resolución del ICAC de 1 de marzo establece que la amortización no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado temporalmente del uso, a menos que se encuentre totalmente amortizado, con independencia de la necesidad de revisar su patrón de consumo.

Teniendo en cuenta que actividad ha estado suspendida podría argumentarse que el activo no está sometido a desgaste ya que no se usa ni está en funcionamiento, lo que daría pie a dejar de amortizar el inmovilizado durante este periodo, con la procedente anotación de esta circunstancia en la memoria de las cuentas anuales.

No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una situación coyuntural, no parece acorde a lo establecido en la normativa contable interrumpir o disminuir la amortización del activo, a menos que por las características del inmovilizado y la metodología utilizada en el cálculo de su amortización (por ejemplo, por unidad producida) la inactividad si sea un factor determinante, aunque haya sido temporal.

Por otro lado, tenga en cuenta que la falta de uso sí podría dar lugar a una merma en su valor lo que provocaría el registro del correspondiente deterioro.

Por su parte, la AEAT ha manifestado que según el artículo 12 de la LIS si se utiliza el método de amortización según las tablas establecidas en dicho artículo se podrá modificar el coeficiente de amortización aplicado dentro del coeficiente y periodo máximos recogido en las mismas, pero no prorratear el importe resultante del coeficiente elegido.

Circular sobre publicidad en los productos y servicios bancarios

En el BOE del 15 de julio se publica la Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios bancarios, que entrará en vigor el próximo 15 de octubre de este año 2020, sin perjuicio de las siguientes salvedades:

  • Lo dispuesto en la norma 7 entrará en vigor a los seis meses de la publicación por el Banco de España de las especificaciones técnicas previstas en la disposición final segunda.
  • Lo dispuesto en la disposición adicional única entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta circular consta de nueve normas (estructuradas en tres capítulos), una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un anejo.

El capítulo I, relativo a las disposiciones generales, introduce algunas modificaciones en el ámbito de aplicación de la norma con respecto a la circular que deroga (Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios) , a fin de adaptar su contenido a los cambios introducidos en el ámbito de aplicación de la orden ministerial objeto de desarrollo por el artículo primero de la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Dichos cambios responden a diversos objetivos.

En primer lugar, dado que el ámbito de aplicación de la orden había quedado obsoleto a raíz de la transformación acometida en el sector de entidades de crédito mediante la incorporación al ordenamiento jurídico español de diversas directivas europeas, se aclara la tipología de entidades cuya actividad publicitaria está sujeta al cumplimiento de la normativa sectorial sobre publicidad de productos y servicios bancarios.

En segundo lugar, se extiende la aplicación de las reglas de publicidad de la actividad bancaria a los prestamistas y a los intermediarios de crédito inmobiliario, con la finalidad de asegurar que la misma actividad se rige por las mismas normas, independientemente de quién la realice.

Finalmente, tratándose de normas de conducta cuyo propósito es regular la publicidad de productos y servicios susceptibles de generar riesgos para el patrimonio de las personas y que, por tanto, caen en el ámbito del orden público, se especifica que el ámbito de aplicación subjetivo incluye tanto las entidades financieras españolas como las entidades extranjeras que realicen actividad publicitaria sobre productos y servicios bancarios en territorio español mediante sucursal, agente o en régimen de libre prestación de servicios.

Por otra parte, a fin de facilitar la interpretación y aplicación de la norma, se introducen definiciones y se desarrolla en profundidad el concepto de actividad publicitaria sujeta a lo previsto en la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, y en la circular.

El capítulo II establece una serie de normas dirigidas a reforzar el control de la actividad publicitaria. En particular, se determinan con mayor precisión los principios y criterios generales sobre el contenido y formato del mensaje publicitario a los que deberá ajustarse la publicidad sobre productos y servicios bancarios. Asimismo, se introduce, como novedad, un régimen específico para la publicidad emitida a través de medios audiovisuales o radiofónicos y para la publicidad en medios digitales y redes sociales. Todo ello ha sido objeto de una profunda revisión y sistematización en el anejo.

Adicionalmente, se detallan los procedimientos y controles internos exigibles a las entidades y se concretan las características y el contenido mínimo del registro interno en el que estas anotarán y conservarán toda la documentación correspondiente a cada campaña publicitaria. Por último, se mantiene la posibilidad, prevista en la anterior circular, de adhesión voluntaria por parte de las entidades a sistemas de autorregulación publicitaria como una de las formas de acreditar que cuentan con controles para garantizar que su publicidad se ajusta a lo previsto en la normativa reguladora de la publicidad sobre productos y servicios bancarios, siempre que hagan un uso suficiente de sus herramientas de control previo voluntario.

El capítulo III regula el procedimiento mediante el cual el Banco de España, en ejercicio de su función supervisora, prevista en el artículo 50 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y de la potestad administrativa que le atribuye el artículo 5.1 de la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, podrá requerir el cese o la rectificación de la publicidad bancaria que no se ajuste a lo previsto en esta circular. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, del régimen sancionador previsto en la normativa exigible a las entidades sujetas a su ámbito de aplicación.

En la disposición adicional se introduce una obligación de notificación de inicio de actividad publicitaria para aquellas entidades que realicen por primera vez publicidad sobre productos y servicios bancarios en territorio español.

En la disposición transitoria primera se prevé que mantendrán su vigencia los efectos de las comunicaciones de adhesión a sistemas de autorregulación publicitaria remitidas al Banco de España con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta circular.

Para garantizar la seguridad jurídica y, a su vez, asegurar que las entidades cuentan con plazo suficiente para adaptar sus procedimientos a los nuevos requisitos organizativos exigibles en relación con las obligaciones de registro de la publicidad, en la disposición transitoria segunda se establece que, hasta la entrada en vigor de la norma 7, conforme a lo dispuesto en la disposición final tercera, mantendrá su vigencia lo previsto en el apartado 4 de la norma tercera y en el apartado 1 de la norma cuarta de la Circular 6/2010, de 28 de septiembre.

En la disposición final primera se introducen modificaciones a la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, al objeto de actualizar y reforzar las obligaciones de transparencia exigibles a los establecimientos que realicen operaciones de compra y venta de billetes extranjeros o cheques de viajero contra euros.

Al objeto de asegurar una interpretación de la norma coherente y armonizada y de facilitar la adaptación de los procedimientos internos de las entidades, en la disposición final segunda se prevé la elaboración por el Banco de España de las especificaciones técnicas que deberá reunir el registro interno, con arreglo a un formato normalizado.

Igualmente, por los motivos señalados, y con el fin de asegurar una transición ordenada a la nueva regulación, en la disposición final tercera se establecen dos excepciones a la fecha de entrada en vigor de la circularAsí, las obligaciones de registro definidas en la norma 7 entrarán en vigor a los seis meses de la publicación por el Banco de España de las especificaciones técnicas previstas en la disposición final segunda, mientras que la obligación de notificación de inicio de actividad publicitaria recogida en la disposición adicional única entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalmente, en el anejo se regulan los principios generales a los que deberá ajustarse la actividad publicitaria sobre productos y servicios bancarios y se establecen, asimismo, una serie de reglas y criterios generales sobre el contenido mínimo y el formato del mensaje publicitario, para promover, entre otros aspectos, el carácter equilibrado y objetivo de la publicidad.


 

Cobrar parte de la nómina en negro justifica la extinción del contrato con derecho a indemnización

La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo, ha resuelto en una sentencia que el abono continuado de parte de las retribuciones del trabajador fuera de nómina, escapando a la cotización a la Seguridad Social, constituye un grave incumplimiento de obligaciones empresariales y justifica la resolución indemnizada del contrato de trabajo a petición del trabajador prevista en el artículo 50.1.c del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima el recurso de tres peones agrícolas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dio la razón a la empresa hortofrutícola para la que trabajaron, y determinó que el incumplimiento de los deberes empresariales debían ser los que tiene con el trabajador y no otros, por lo que entendía que no encajaba en la posibilidad de extinción indemnizada del contrato por voluntad del trabajador del artículo 50.1.c., sin perjuicio de que fuese una conducta empresarial sancionable.

Previamente, el Juzgado de lo Social número 3 de Huelva, en sentencia que ahora se repone y confirma, había estimado la demanda de los trabajadores y declarado extinguida la relación laboral que les vinculaba a la empresa, reconociendo en favor de los tres demandantes unas indemnizaciones de entre 35.800 y 37.700 euros.

“Una cantidad en nómina y otra en sobre”

Entre los hechos relevantes de la sentencia, se recogía que los tres demandantes prestaron sus servicios como peones agrícolas (desde 1993 o 1997), con carácter fijo discontinuo, y que cada uno de ellos percibía “una cantidad en nómina y otra en sobre”. Además, “al finalizar cada periodo trabajado, la empresa emitía unos finiquitos que luego no se cobraban”. En enero de 2016 los trabajadores presentaron demanda instando la extinción indemnizada de su relación laboral.

El Supremo ha estudiado en este caso si procede la extinción causal del contrato de trabajo cuando la empresa abona una parte de las retribuciones sin declarar ante los organismos competentes de la seguridad Social y de la Hacienda Pública. La sentencia explica que una de las causas por las que el trabajador puede instar la extinción del contrato de trabajo es el incumplimiento grave por el empresario de sus obligaciones, donde entiende que encaja el supuesto estudiado.

Así, los magistrados destacan que la obligación de cotizar “no es genérica, sino que se corresponde con las bases definidas por la Ley”, y la base de cotización viene constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena.

De modo, añade la sentencia, que si la empresa oculta parte de las remuneraciones no solo desarrolla una conducta administrativamente sancionable sino que también perjudica a quien trabaja pues la mayoría de las prestaciones económicas se calculan en función de lo previamente cotizado. Este perjuicio proyecta sus efectos también sobre eventuales recargo de prestaciones o prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial, entre otros aspectos.

Además, añaden los magistrados, “que no conste en los recibos de salario la cantidad realmente percibida no solo es conducta sancionable sino que dificulta la consecución de la finalidad perseguida por la Ley al establecer esa obligación documental. En el presente caso, sin ir más lejos, buena parte de la actividad judicial ha debido dedicarse a esclarecer la retribución correspondiente a quienes demandan, precisamente por tal anomalía.”

“En suma: la ocultación documental de una parte del salario y a lo largo de un periodo muy dilatado; el incumplimiento del deber de cotizar a la Seguridad Social con arreglo a lo previsto legalmente; y la obtención de documentos de finiquito firmados pero que no se abonan, son claras manifestaciones de grave incumplimiento de las obligaciones empresariales respecto de sus demandantes”, indica la sentencia, quien subraya que para determinar la gravedad del incumplimiento cuando el mismo es periódico la doctrina ha atendido a si era reiterado.

Por ello, y en contra de lo establecido por el Tribunal Superior andaluz, la Sala cree que el abono continuado de cantidades fuera de nómina si encaja en el artículo 50.1.c del Estatuto de los Trabajadores, que considera causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato el incumplimiento grave de sus obligaciones por partes del empresario, con derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

FUENTE: Poder Judicial


 

Efectos de la sentencia sobre los pagos fraccionados en sociedades

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha declarado que el Real Decreto-Ley (RDL) 2/2016 es inconstitucional. Dicho RDL establecía que la cantidad a ingresar en concepto de pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades no podía ser inferior, en ningún caso, al 23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural, minorado exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad y correspondientes al mismo período impositivo. Este pago mínimo era y es de aplicación para aquellos contribuyentes cuya cifra de negocio, en los doce meses anteriores al inicio del período impositivo, haya sido de al menos 10 millones de euros.

La norma ha dado lugar a situaciones paradójicas en las que sociedades con bases imponibles negativas y resultados positivos han tenido que ingresar pagos fraccionados a cuenta de una obligación principal que no existe ni existirá.

¿Qué efectos puede tener esta sentencia en las sociedades que tuvieron que ingresar los pagos fraccionados atendiendo a lo dispuesto por el RDL declarado inconstitucional?

Los contribuyentes tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos por los pagos en exceso que tuvieron que hacer en aplicación de la norma declarada inconstitucional. Dado que en muchas situaciones los contribuyentes habrán recuperado estos excesos en el momento de presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a cada ejercicio, bien sea por un menor pago de la deuda tributaria o por mayor cobro de una devolución, normalmente no existirá derecho a una devolución efectiva de la cuota del Impuesto sobre Sociedades, pero sí a recuperar los intereses de demora por los importes pagados en exceso.

En algunos casos, estas cantidades pueden llegar a ser significativas, ya que el plazo que transcurre entre que se efectúa el primer pago fraccionado del ejercicio y la devolución efectiva del impuesto puede llegar a ser de 21 meses, siendo el tipo de interés vigente del 3,75%.

Como el tribunal declara inconstitucional todo el RDL, también tendrán derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos las sociedades que hayan tenido que hacer pagos con el tipo incrementado del 24% (para entidades sujetas al tipo general) frente al 17% que existía previamente. Esto es, sociedades cuya cifra de negocio fue superior a 6 millones en el año anterior.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la admisión de las solicitudes de devolución y de pago de intereses de demora comportará que la AEAT dicte liquidaciones provisionales, lo que conllevará la interrupción de la prescripción del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios afectados por la liquidación provisional.

El Tribunal Constitucional no limita los efectos de su sentencia, más allá de declarar no revisables las situaciones "decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada ni las consolidadas en vía administrativa por no haber sido impugnadas en tiempo y forma" y, en estos casos, habrá que analizar si es posible exigir la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Tampoco analiza otras posibles causas de inconstitucionalidad de la norma, especialmente la infracción del principio de capacidad económica. Por lo tanto, sigue abierta la posibilidad de impugnar por este motivo la normativa posterior a julio de 2018, y que reitera la exigencia del pago fraccionado mínimo para las sociedades con una cifra de negocio superior a 10 millones de euros.

Más allá del caso enjuiciado, son importantes los límites que el tribunal pone a la utilización del decreto-ley en el Impuesto sobre Sociedades, porque nos exige replantearnos qué puede suceder con aquellas partes del tributo que se han modificado mediante esta figura, como es el caso de la obligación de incorporar las dotaciones de cartera por quintas partes (RDL 3/2016). En estos casos, habrá que analizar la conveniencia de instar rectificaciones de las autoliquidaciones presentadas.


 

Caso práctico: Ausencias injustificadas al trabajo y procedimiento para su descuento en nómina.

  • Origen: Iberley

PLANTEAMIENTO

Un trabajador ha visto que en su nómina se descuenta una cantidad en concepto de “descuento por Absentismo”; piensa que debido a que la semana anterior faltó 2 días, sin aportar parte de baja, ya que es costumbre en su empresa que por periodos similares al de su ausencia nadie lo aporte.

1.- ¿Es correcta la disminución de su salario? ¿Cuál es el procedimiento adecuado para su descuento en nómina?

2.- ¿Ha de modificarse la cotización relativa a los días de absentismo?

3.-  En supuestos de interrupción de actividad por impedimentos imputables al empresario y no al trabajador ¿el trabajador tiene derecho a la conservación del salario establecido?

RESPUESTA

1.- SI. El descuento de los días que no se ha trabajado es lícito. El descuento en nómina ha de realizarse siguiendo las especificaciones del convenio colectivo, en ausencia de las mismas, se recomienda sancionar al trabajador mediante suspensión de empleo y sueldo por la falta injustificada para proceder al descuento (STSJ Andalucía Nº 6965/2012, Sala de lo Social, Sección 1, Rec. 303/2010, de 6 de junio de 2012).

El descuento en nómina de los días de absentismo injustificado no es una sanción, a pesar de que el comportamiento del trabajador en el presente supuesto pudiese desencadenarla. El descuento de los días que no se ha trabajado, es completamente lícito, pues debemos diferenciar:

  1. Ausencias justificadas: permisos retribuidos, vacaciones...el trabajador tiene derecho a percibir su salario como si hubiese ido a trabajar.
  2. Ausencias justificadas pero no retribuidas: (parte médico de asistencia pero sin baja o cualquier ausencia que se entienda justificada y que además se aporte la documentación pertinente para ello): estas no son sancionables pero se puede descontar el importe de salario correspondiente a las horas perdidas.
  3. Ausencias injustificadas: son sancionables, además de poder descontar su importe de la nómina.

El cálculo del valor hora de la ausencia ha de realizarse siguiendo las especificaciones del convenio colectivo, computando la totalidad de las retribuciones íntegras que el/la trabajador/a tiene derecho a percibir, incluida la parte proporcional de paga extra y dividiendo por el total de horas que esté obligado a realizar cada mes. Para el cálculo del número de horas que el/la trabajador/a se ve en la obligación de cumplir de media cada día se tomará como dividendo las horas semanales establecidas como ordinarias en el Convenio Colectivo aplicable a la empresa.

2.- SI. Los días de absentismo se cotizan por base mínima tanto respecto al trabajador como al empresario.

La situación se tramita como alta sin retribución en afiliación a las que resulten de aplicación los criterios de cotización establecidos en el art. 69 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, siendo necesario comunicar mediante el Sistema RED la situación de inactividad del trabajador . En caso contrario es posible recibir requerimiento por parte de la TGSS al considerar la situación como de infracotización.

A modo de ejemp.:

  • Trabajador perteneciente a Grupo de cotización 5 
  • Base de cotización diaria ordinaria: 95 euros
  • Base mínima de cotización diaria para Grupo de cotización 5 en 2020: 37 euros
  • Días de ausencia injustificada: 2

- base de cotización días de junio 2020 en alta (28): 95 euros x 28 días = 2660 euros

- base de cotización días de junio 2020 por ausencia injustificada (2): 37 euros x 2 días de ausencia= 74 euros

Total a cotizar en el mes de junio 2020 con dos días de ausencias injustificadas: 2660 euros + 74 euros = 2734 euros (frente a los 2.850 euros [95 x 30] de un mes sin ausencias).

* A la hora de mecanizar esta incidencia a efectos de seguridad social la normativa no reconoce una actuación concreta en el ámbito de cotización. De esta forma, los distintos programas de nóminas permiten dos posibilidades generando un tramo específico -o no- de absentismo, lo que supone una cotización durante el absentismo por la base mínima tanto por parte de trabajador y empresario o una cotización durante el absentismo por la base mínima.

3.- SI. El derecho del trabajador a la conservación del salario está previsto para supuestos de interrupción de actividad por impedimentos imputables al empresario y no al trabajador

Por otra parte, el derecho del trabajador a la conservación del salario está previsto para supuestos de interrupción de actividad por impedimentos imputables al empresario y no al trabajador. El art. 30 Estatuto de los Trabajadores, establece literalmente que "Si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, éste conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo." Para la STSJ Madrid, Sala de lo Social, nº 589/2012, de 05/09/2012, Rec. 5270/2011 -). , si se demuestra la causa de imputabilidad al empresario, en la que concurra culpa o falta de la diligencia empresarial el derecho a salario ha de mantenerse. (art. 30 Estatuto de los Trabajadores).

Justificación de las dietas exentas del trabajador

Como es sabido, en virtud de lo establecido en el art. 9 del RIRPF, se prevé la exención de los rendimientos abonados al trabajador en concepto de dietas a modo compensatorio como gasto de manutención por los desplazamientos que deben realizar en el desarrolla de su labor, hasta unos límites previstos normativamente. 

Por ello, los trabajadores que perciben dichas dietas no las declaran en su Renta, ni tampoco quedan sujetas a retención alguna. 

Es común que, ante una comprobación o inspección por parte de Hacienda llevada a cabo sobre el trabajador, le exija a éste la justificación y acreditación de los desplazamientos que justifiquen la percepción de las dietas exentas. Cosa que suele resultar complicado llevar a cabo por el propio trabajador dado que carece de la documentación justificativa a estos efectos, la cual suele ostentar la propia empresa. Y por ello, la Administración puede pretender regularizar su declaración de Renta imputándole las dietas percibidas como rendimientos del trabajo no exentos. 

Esta ha sido una cuestión muy discutida y objeto de controversia frecuente en los tribunales, y ante la propia Administración, y finalmente el Tribunal Supremo, deja claro, a través de sentencia dictada en fecha de 29 de enero de 2020, que no corresponde al trabajador, sino a la empresa, en caso de que Hacienda dude de la veracidad de las dietas percibidas, demostrar la veracidad de las mismas. 

Así, en caso de comprobación al trabajador, el mismo únicamente tendrá que aportar el certificado expedido por su empresa. Y en caso de que Hacienda dude, deberá dirigirse a la empresa para solicitar más prueba justificativa, pero no podrá exigírsela al trabajador. 

En caso de que la empresa no pueda justificar las dietas exigidas por Hacienda, se le exigirá a la empresa el pago de las retenciones que debió practicar sobre el abono de las dietas no exentas, exigiéndole al trabajador la diferencia entre la cuota regularizada al incluir las dietas percibidas como rendimientos del trabajo, y las retenciones exigidas a la empresa. 

Medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización: Programa Acelera PYME

El plan Acelera PYME para apoyar los procesos de transformación digital de pymes y autónomos, fomento del teletrabajo, comercio electrónico o mejora de las competencias digitales, apereció regulado por primera vez en el Anexo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aglutinando tres tipos de medidas:

1. Medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde el asesoramiento y la formación.

2. Medidas de apoyo a creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las pymes.

3. Medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes.

El portal Acelera PYME se han ido recogiendo todas las medidas que se están poniendo en marcha para ayudar a las pymes y autónomos. En concreto, pueden encontrarse soluciones de financiación y ayuda económica, soluciones tecnológicasasesoramiento, recomendaciones en materia de ciberseguridad a tener en cuenta en el contexto actual y actuaciones para fomentar el talento en la pymes y de los autónomos.

Incluye:

  • Información actualizada sobre nuevas medidas y dotaciones movilizadas expresamente en la lucha contra el COVID-19. Se incluyen las que están ya disponibles y se irán añadiendo paulatinamente las que se pongan en marcha en las próximas semanas.
  • Una recopilación de soluciones, servicios y herramientas que pueden ser de especial utilidad para las pymes y autónomos, en estos momentos, ofrecidos tanto desde el sector público, como desde el privado, y con el fin de aportar:

- Soluciones tecnológicas

El Plan Acelera Pyme pone a disposición de pymes y autónomos soluciones tecnológicas orientadas a mantener su actividad y avanzar en procesos de transformación digital, con especial atención, a soluciones de productividad y del trabajo a distancia para atenuar el impacto de la crisis causada por el COVID-19.

Gracias a las herramientas informáticas y digitales, pueden realizarse las tareas laborales diarias desde dispositivos conectados a Internet, incluyendo reuniones online, llamadas «virtuales» vía voz, videoconferencias o envío de documentos internos.

- Asesoramiento

El programa Acelera Pyme prestará asesoramiento a las pymes y autónomos para su proceso de transformación digital. Vamos a ir poniendo a tu disposición una oferta de servicios ofrecidos por entidades tanto públicas como privadas para acompañarles en su esfuerzo de digitalización.

- Financiación

Desde el Programa Acelera Pyme ponemos a tu disposición distintos instrumento de financiación para impulsar tu proyecto y en particular su digitalización y sobrellevar el impacto del COVID-19.

 
 
Fuente: acelerapyme.gob.es

 

¿Es posible que un autónomo con jubilación activa realice un ERTE de suspensión a sus trabajadores?

Mediante el Reciente Criterio 12/2020 de 19 de mayo de 2020, la Subdelegación General de Ordenación y asistencia jurídica del INSS ha resuelto la duda: "en todos los casos en los que la suspensión del contrato conlleva mantener la obligación de cotizar no parece que haya justificación alguna para no tener en cuenta el contrato suspendido a efectos de reconocer o mantener la pensión de jubilación activa." "En estos casos, aunque se exonera al empresario del abono del pago de la cuota de Seguridad Social que le corresponde, solo se debe a las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19, que no afectan a la norma general del artículo 273.2 del TRLGSS que establece la obligación del mismo de seguir cotizando en tanto se mantenga el ERTE".

Pensión compatible con el trabajo: jubilación activa del autónomo

El art. 214.2 LGSS, permite que la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcance el 100% si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena.

El criterio de esta Entidad gestora 18/2018 señala que se entenderá cumplido el requisito anterior si el trabajador autónomo acredita la formalización, como empleador, de un contrato de trabajo -a jornada completa o parcial- para el desempeño de un puesto de trabajo relacionado con la actividad por la que haya dado lugar a su alta en el sistema de Seguridad Social como trabajador autónomo.

No obstante, por parte de esta Entidad gestora se elevó consulta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre si, en caso de que el contrato del trabajador por cuenta ajena se suspenda con motivo de un ERTE, cabe reconocer o mantener el percibo del 100% de la pensión de jubilación compatible con la actividad -por cuanto el contrato se mantiene aunque suspendido- o si, por el contrario, el autónomo pasaría a cobrar el 50% de la pensión de jubilación al entenderse que deja de cumplirse el requisito necesario para poder percibir la jubilación activa plena.

Suspensión del contrato por ERTE frente a suspensión del contrato por cualquier motivo: Criterio 8 de mayo de 2020

En informe de fecha 8 de mayo de 2020, el Centro Directivo referenciado ya había manifiesta que esta misma duda debería suscitarse en relación con las restantes causas de suspensión del contrato de trabajo previstas en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, y señala que “en todos los casos en los que la suspensión del contrato conlleva mantener la obligación de cotizar no parece que haya justificación alguna para no tener en cuenta el contrato suspendido a efectos de reconocer o mantener la pensión de jubilación activa. Por el contrario, en el resto los supuestos de suspensión del contrato, dado que no existe obligación alguna por parte del empresario mientras se mantiene dicha suspensión, sino únicamente la de admitir la reincorporación del trabajador cuando aquélla finalice, no parece que deba beneficiarse de lo previsto en el artículo 214.2 del TRLGSS.”

Con carácter general, en ese momento se señaló:

«(…) puesto que en el caso planteado, de contratos suspendidos en virtud de ERTEs, el artículo 273.2 del TRLGSS determina que “En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la empresa ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior”, no hay motivo para que el trabajador autónomo que tenga la totalidad su plantilla en estas circunstancias no pueda beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 214.2 del mismo texto legal.

Conviene aclarar que este criterio es aplicable también en el caso de ERTEs acogidos a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, respecto de los cuales, de acuerdo con el artículo 24 del mismo real decreto-ley, el empresario está exonerado del abono del pago de la cuota empresarial si a 29 de febrero de 2020 tenía menos de 50 trabajadores contratados. En estos casos, aunque se exonera al empresario del abono del pago de la cuota de Seguridad Social que le corresponde, solo se debe a las circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19, que no afectan a la norma general del artículo 273.2 del TRLGSS que establece la obligación del mismo de seguir cotizando en tanto se mantenga el ERTE.»

Conclusión

Los trabajadores autónomos que mantengan la actividad de su empresa y sigan trabajando personalmente en ella podrán beneficiarse del 100% de la pensión de jubilación, aun cuando todos los trabajadores por cuenta ajena que tienen contratados hayan visto reducida o suspendida su relación laboral por causa de un ERTE (o por cualquier otra causa recogida en el art. 45 del ET), siempre y cuando la obligación de cotizar del autónomo se mantenga.

Este mismo criterio se aplicará en el caso de que el autónomo empresario esté exonerado de la cotización en virtud del artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Las cláusulas suelo también podrán ser reclamadas por autónomos y pymes

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dicta sentencia Nº 168/2020, Rec. 3022/2017, de 11 de marzo de 2020, por la que fija nueva jurisprudencia acerca de la reclamación de las cláusulas suelo por autónomos y pymes.

Esta sentencia sienta jurisprudencia ya que en enero de 2019, falló de una forma similar en sentencia nº 57/2019, Rec. 3416/2016, de 25 de enero de 2019.

En la sentencia de marzo de 2020, da la razón al cliente, un autónomo, que había solicitado un préstamo al banco para la adquisición de una licencia municipal de auto-taxi de Madrid. Se trataba de un préstamo con garantía hipotecaria a interés variable, con una limitación a la variabilidad del tipo de interés (suelo) del 6,50%.

Tras ello, el cliente presentó demanda contra el banco, solicitando la declaración de nulidad de cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés y que se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda, considerando que la cláusula litigiosa no superaba el control de incorporaciónporque al no haber cumplido el Banco las obligaciones administrativas de transparencia (no entregó la ficha FIPER), ni haber advertido específicamente el notario de la existencia de la cláusula suelo, los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés.

En consecuencia, declaró la no incorporación de la cláusula litigiosa y condenó a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades cobradas por su aplicación.

Esta sentencia fue recurrida por el banco, siendo desestimado el recurso de apelación interpuesto, confirmando que la cláusula no superaba el control de incorporación.

Llegada el Supremo la causa, la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por el banco, y obliga a la entidad a devolver al cliente las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula, más de 20.000 euros.

La entidad alegaba que el control de transparencia únicamente es procedente en los contratos celebrados con consumidores, cualidad que no tenía el prestatario, dada la finalidad empresarial del préstamo.

El Supremo explica que, aunque es cierto que, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta sala, en los contratos celebrados bajo condiciones generales de la contratación en los que los adherentes no son consumidores no resultan procedentes los controles de transparencia y abusividad, sino únicamente el control de incorporación.

"La Audiencia Provincial, confirmando el criterio de la sentencia de primera instancia, considera que la cláusula no supera el control de incorporación porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato y, por tanto, su mera existencia. Lo que no supone hacer un control de transparencia, sino un control de incorporación, que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor o profesional".

Como segundo motivo de casación, la entidad alegaba que la jurisprudencia de esta sala limita el control de incorporación de las condiciones generales de la contratación a la constatación de la mera transparencia documental o gramatical.

Y el Supremo explica que:

"Como declaramos en la sentencia 314/2018, de 28 de mayo, y hemos reiterado en otras múltiples resoluciones, para que una condición general de la contratación supere el control de incorporación debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato. Es decir, junto al parámetro de la claridad y comprensibilidad, debe concurrir el requisito de la posibilidad de conocimiento, puesto que el control de inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad".

Como tercer y último motivo de casación, se alegaba que la sentencia recurrida, al declarar la nulidad de la cláusula suelo por considerar que la entidad prestamista actuó con abuso de posición dominante e infracción de las reglas de la buena fe contractual no ha tenido en cuenta el deber de diligencia empleado por el adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas de la limitación a la variabilidad del tipo de interés del préstamo.

El Supremo afirma que:

"1.-El motivo no ataca realmente la ratio decidendide la sentencia, que es que la cláusula no supera el control de incorporación porque el banco incumplió los deberes de información que le imponía la Orden EHA 2899/2011, de 28 de octubre. Que es precisamente el argumento de la sentencia de primera instancia, cuya fundamentación expresamente acepta la de la Audiencia Provincial, para considerar que los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer la existencia de la cláusula suelo. Conclusión fáctica que no ha sido rebatida mediante un recurso extraordinario por infracción procesal y que no podemos revisar en casación.

El resto de consideraciones de la sentencia recurrida sobre la buena fe contractual o el abuso de posición dominante son meros argumentos de refuerzo, pues lo decisivo es que la cláusula no fue correctamente incorporada al contrato.

2.-Como recuerda la sentencia 85/2019, de 12 de febrero, es reiterada la jurisprudencia que afirma que el recurso de casación únicamente puede dirigirse contra el fallo y, de manera indirecta contra el razonamiento operativo o ratio decidendi[razón de decidir] de la sentencia. No cabe, en consecuencia, impugnar razonamientos auxiliares, accesorios, secundarios uobiter dicta[expresiones incidentales] o, a mayor abundamiento, cuya hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión obtenida en el fallo. De tal forma que las diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no tengan dicho carácter trascendente para la decisión judicial son casacionalmente irrelevantes ( sentencias 454/2007, de 3 de mayo; 230/2008, de 24 de marzo; 374/2009, de 5 de junio; 258/2010, de 28 de abril; 737/2012, de 10 diciembre; y 185/2014, de 4 de abril)".

Requisitos para considerar gastos como deducibles para los autónomos: Afectación a la actividad

  • La afectación a la actividad económica de un gasto es uno de los requisitos necesarios para que este tenga la condición de deducible tanto a efectos del IVA como del IRPF.

La Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido regula en su título VIII todo lo relativo a las deducciones: qué cuotas son deducibles, quiénes pueden deducirlas, qué requisitos han de cumplirse, qué operaciones dan derecho a la deducción, límites a esas deducciones...

En lo que se refiere a las actividades profesionales la normativa del IVA señala tres requisitos básicos para poder considerar a un gasto como deducible:

  • Ha de estar vinculados a actividad profesional.
  • Ha de estar debidamente justificado.
  • Ha de estar debidamente contabilizado.

Nos centramos en este tema en el primero de los requisitos, la "afectación a la actividad", cuestión esta que ha generado multitud de controversias y que ha sido objeto de numerosa jurisprudencia. Empezaremos por lo regulado en materia de IVA, pues ya en el propio articulado de la ley enumera, en negativo, qué no podemos considerar como gasto deducible:

Como premisa general se establece que los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

A continuación enumera, sin ánimo de exhaustividad, una serie de bienes y servicios que no se consideran afectos directa ni exclusivamente a la actividad:

  • Los que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.
  • Los que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.
  • Los que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
  • Los adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.
  • Los destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad.

Partiendo de la relación de bienes que no se consideran afectos del apartado anterior, la ley hace una serie de excepciones, de modo que sí se consideran deducibles:

Las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión ("se considerarán de inversión los bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén normalmente destinados a ser utilizados por un período de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación" (artículo 108 LIVA)) que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Cuando se trate de bienes de inversión en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional. No se consideran bienes de inversión (artículo 108 de la LIVA):

  • Los accesorios y piezas de recambio adquiridos para la reparación de los bienes de inversión utilizados por el sujeto pasivo (con las excepciones que veremos a continuación respecto a los vehículos).
  • Las ejecuciones de obra para la reparación de otros bienes de inversión.
  • Las ropas utilizadas para el trabajo por los sujetos pasivos o el personal dependiente.
  • Cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a 3.005,06 euros.
    Para estos elementos, en ningún caso cabrá la deducción parcial por considerarse parcialmente afectos  a la actividad, siendo las cuotas soportadas en su adquisición deducibles únicamente  si su afectación es directa y exclusiva.

2. Con carácter general, cuando se trate de vehículos * automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectos al 50%; salvo en los supuestos que se enumeran a continuación en los que sí se consideran afectos al 100%:

  • Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
  • Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
  • Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
  • Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.
  • Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
  • Los utilizados en servicios de vigilancia.

Se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo «jeep».

* Las normas que acabamos de señalar también son de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con los vehículos a los que se ha hecho referencia: accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes; combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su funcionamiento; servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje; rehabilitación, renovación y reparación de los mismos.  

Traemos aquí la Resolución Vinculante de DGT, V0566-17, 02-03-2017 en relación con la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición combustible, revisiones, reparaciones, peajes, etc. directamente relacionados con un vehículo. Señala la citada consulta que:

"el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de fecha 8 de marzo de 2001, Laszlo Bakcsi, recaída en el Asunto C-415/98, ha declarado que la afectación de un bien de inversión determina la aplicación del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido al propio bien y no a los bienes y servicios utilizados para su explotación y su mantenimiento. El derecho a deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava dichos bienes y servicios constituye una cuestión aparte del ámbito de aplicación del artículo 17 de la Sexta Directiva. El citado derecho depende, en particular, de la relación entre dichos bienes y servicios y las operaciones gravadas del sujeto pasivo.

De lo anterior cabe concluir que los requisitos exigidos legalmente para la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios directamente relacionados con bienes de inversión deben concurrir respecto de dicha adquisición en particular y su relación con la actividad desarrollada por el sujeto pasivocon independencia de que esté relacionada directamente con un bien afecto exclusiva y directamente a la citada actividad.

Por consiguiente, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de combustible o por las reparaciones o revisiones a que se someta un vehículo debe desvincularse del aplicable a la propia adquisición del mismo. En este sentido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 37/1992 anteriormente transcrito, y en especial sus apartados uno y tres, se puede concluir señalando que, en particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.

En cualquier caso, la afectación del combustible y el resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho".

 

Afección de bienes adquiridos con anterioridad al comienzo de la actividad empresarial

Otra cuestión importante a aclarar a efectos de afectación de un bien o servicio a la actividad profesional es la siguiente, ¿qué ocurre con aquellas personas que con la previsión de comenzar una actividad empresarial o profesional adquiriese bienes o servicios con la finalidad de llevar a cabo es actividad empresarial?

El reglamento del IVA prevé esta circunstancia, y señala que sí serán deducible el IVA soportado en su adquisición siempre que acrediten que "los elementos objetivos que confirmen que en el momento en que efectuaron dichas adquisiciones o importaciones tenían esa intención".

Para acreditar esa "intención" podrán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

  • La naturaleza de los bienes y servicios adquiridos o importados, que habrá de estar en consonancia con la índole de la actividad que se tiene intención de desarrollar.
  • El período transcurrido entre la adquisición o importación de dichos bienes y servicios y la utilización efectiva de los mismos para la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituyan el objeto de la actividad empresarial o profesional.
  • El cumplimiento de las obligaciones formales, registrales y contables, en concreto:
    • La presentación de la declaración de carácter censal en la que debe comunicarse a la Administración el comienzo de actividades empresariales o profesionales por el hecho de efectuar la adquisición o importación de bienes o servicios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades.
    • La llevanza en debida forma del Libro Registro de facturas recibidas y, en su caso, del Libro Registro de bienes de inversión.
  • Disponer de o haber solicitado las autorizaciones, permisos o licencias administrativas que fuesen necesarias para el desarrollo de la actividad que se tiene intención de realizar.
  • Haber presentado declaraciones tributarias correspondientes a tributos distintos del Impuesto sobre el Valor Añadido y relativas a la referida actividad empresarial o profesional.

En caso de que el autónomo no se pueda acreditar que en el momento en que adquirió o importó dichos bienes o servicios lo hizo con la intención de destinarlos a la realización de actividades empresariales o profesionales, no podrán ser objeto de deducción las cuotas del Impuesto que soporte o satisfaga con ocasión de dichas operaciones, ni siquiera en el caso en que en un momento posterior a la adquisición o importación de los referidos bienes o servicios decida destinarlos al ejercicio de una actividad empresarial o profesional.

Todo lo señalado también resulta de aplicación a aquellos que tendiendo ya la condición de profesionales o empresarios, inicien una nueva actividad que constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.

 

 

En materia de IRPF también se regula la cuestión de la afección a la actividad de determinados elementos patrimoniales, el artículo 29 de la Ley del IRPF señala que se consideran elementos afectos a una actividad económica:

  • Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente.
  • Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad. No se consideran afectos los bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso particular del titular de la actividad económica.
  • Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos. En ningún caso tendrán esta consideración los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros.

Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de éstos que se utilice en la misma.

En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.

La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de que la titularidad de éstos, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges.

 

Por su parte el Reglamento del IRPF, en concreto su artículo 22, recalca solo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica aquellos que el contribuyente utilice para los fines de la misma.

No se entenderán afectos:

* Aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante (se consideran utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso personal del contribuyente en días u horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad).

* Aquellos que aun siendo de la titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad económica que esté obligado a llevar el contribuyente.

* En el caso de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente del resto. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.

* Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los siguientes supuestos:

  • Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías.
  • Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
  • Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
  • Los destinados a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
  • Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.

Las afectaciones a actividades económicas de bienes o derechos del patrimonio personal se realizarán por el valor de adquisición que según las normas previstas en los artículos 35.1 y 36 de la LIRPF en dicho momento.

En las desafectaciones de bienes o derechos afectos a actividades económicas al patrimonio personal, se tomará a efectos de este Impuesto su valor contable en dicho momento, calculado de acuerdo con las amortizaciones que hubieran sido fiscalmente deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima.


 

Concepto Gastos Fiscalmente Deducibles para los Autónomos

  • Un gasto deducible es un coste en el que incurre un autónomo y que se puede desgravar fiscalmente. La deducción puede aplicarse a dos impuestos: al IVA o al IRPF.
  •  
  • En general, se consideran deducibles los gastos previstos en la normativa contable, siempre que no estén expresamente excluidos por una norma fiscal; si bien, además, existen tres elementos fundamentales que han de cumplirse para poder considerar un gasto como deducible:
  • Debe estar afecto a la actividad.
  • Debe estar debidamente justificado (normalmente mediante factura completa).
  • Debe figurar en la contabilidad del autónomo.

No obstante, aun cumpliendo estos tres requisitos, la Agencia Tributaria es muy estricta a la hora de aceptar la deducción de un gasto. De ahí la importancia de que el autónomo conozca cuál es la postura de la Agencia tributaria y de la jurisprudencia acerca de la deducibilidad de determinados gastos; en todo caso es fundamental que el autónomo recabe cualquier tipo de justificante que puede servir para demostrar que el gasto sí está relacionado con la actividad que desarrolla. 

Precisamente por la complejidad y dudas que generan determinados gastos, en esta colección de temas sobre los gastos deducibles por autónomos se recogen aquellos que han generado más literatura haciendo un análisis de la normativa aplicable, resoluciones y jurisprudencia.

En todo caso, y si bien, no existe una lista o relación de gastos deducibles como tal que el autónomo pueda consultar para decidir si deducir o no un gasto, sí hay una serie de gastos cuya deducibilidad alberga pocas dudas y que la Agencia Tributaria viene aceptando su deducción. Enumeramos aquí los gastos comúnmente aceptados tanto en IRPF como en IVA, y nos remitimos a los temas correspondientes para ampliar la explicación.

*Gastos deducibles por autónomos en el IRPF

  • Consumos de explotación. 
  • Sueldos y salarios.
  • Seguridad Social a cargo de la empresa.
  • Otros gastos del personal. 
  • Arrendamientos y cánones. 
  • Reparaciones y conservación.
  • Servicios de profesionales independientes.
  • Otros servicios exteriores.
  • Tributos fiscalmente deducibles. 
  • Gastos financieros. 
  • Amortizaciones y provisiones.
  • Incentivos al mecenazgo. 
  • Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales.
  • Seguros de enfermedad.
  • Pérdidas por insolvencias de deudores.

Otros dos casos claros de gastos deducibles para el autónomo son los recogidos por la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que entró en vigor en enero pasado, en concreto los gastos en concepto de manutención y alojamiento para aquellos autónomos que se ven obligados a desplazarse o comer fuera de casa en el desarrollo de la actividad y el uso de la vivienda como espacio de trabajo, especialmente en lo referido a los gastos de suministros que se destinan a la actividad profesional, fijándose un porcentaje objetivo la parte de los gastos en suministros que se destinan a la actividad profesional, solventando los problemas que se producen en la práctica a la hora de determinar los criterios para su cuantificación o los factores que la acreditan.

 

* Gastos deducibles por autónomos en el IVA

Sin perjuicio de lo que se expondrá en el tema dedicado al IVA deducible, es importante dejar claro aquí que no todo el IVA soportado en las compras es deducible; de modo que el autónomo ha de estar especialmente atento a las excepciones previstas y no establecer automatismos simplificadores.

El IVA soportado es deducible en los siguientes casos:

  • Consumos de explotación.
  • Arrendamientos y cánones.
  • Servicios de profesionales independientes y otros servicios externos.
  • Determinados tributos como el canon de recogida de residuos.
  • Gastos financieros. Con carácter general no llevan IVA, sí lo llevan algunas "comisiones de servicio" que recoge el artículo 20.Uno.18º de la LIVA.
  • Bienes de inversión, siempre que tengan un importe igual o superior a los 3.005,06 euros.

Cuestiones dudosas sobre la jubilación de los autónomos

Jubilación activa

 

Se puede ser pensionista y, a la vez, seguir desarrollando una actividad económica o trabajar por cuenta ajena. Es lo que se llama jubilación activa y ha dado lugar al término de “pensionista activo”.

Pueden acogerse tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos y consiste en cobrar la mitad de la pensión a la que tiene derecho en el momento de la jubilación y continuar laboralmente activo.

Pero para que el autónomo pueda disfrutar de esta particular pensión, tienen que darse determinados requisitos:

- El acceso a la pensión tiene que producirse una vez cumplida la edad legalmente establecida y con el 100% de los años cotizados exigidos en cada momento. En la actualidad hablamos de 65 años de edad y 36 años y 6 meses mínimos de cotización, o de 65 años y 6 meses de edad, con menos de 36 años y 6 meses de cotización.

- Quedan excluidas de esta posibilidad aquellas jubilaciones que se hayan producido de manera anticipada y las que estén acogidas a bonificación.

- El trabajo que vaya a ejercerse de manera paralela al cobro de la pensión puede ser a tiempo parcial o completo.

Se podrá realizar cualquier actividad económica ya sea por cuenta propia del pensionista o por cuenta ajena.

Por tanto, es necesario haber accedido a la pensión a la edad reglamentaria sin bonificaciones y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión alcance el 100%. Es decir, se trata de una opción que excluye el caso de jubilaciones anticipadas o bonificadas por trabajos penosos o tóxicos y exige haber cumplido la edad ordinaria de jubilación a menos que se tenga ya derecho a la pensión completa. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o parcial. Cuando el contrato termine y se produzca el retiro total y definitivo, percibirá el 100% de la pensión a que tenga derecho.

Importante: Durante el desarrollo del trabajo por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y autónomos profesionales cotizan al RETA únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, aunque quedan sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%.

Pensión de jubilación y envejecimiento activo

 

Con relación a la “pensión de jubilación y envejecimiento activo”, la norma señala que la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia del pensionista si se dan los siguientes requisitos:

La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.

- No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100%.

- La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50%, excepto en el supuesto de realización de trabajos por cuenta propia en los términos señalados en el punto anterior.

En principio, la Ley parece dejar claro que el autónomo tiene derecho a compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia (es decir cuando ejerza de empresario) en un 50%, porcentaje que sería el 100% cuando tenga contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, más recientemente han surgido dudas sobre si es posible recibir a totalidad de la pensión en todos los casos en los que el autónomo cree al menos un puesto de trabajo.

El pasado 25 de julio la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) emitió un comunicado diciendo que el «criterio por el que se establece que el contrato por cuenta ajena que debe formalizar el pensionista que quiera compatibilizar el 100% de la cuantía de la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia debe enmarcarse en la actividad que dé lugar a su alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)». Es decir, que el trabajador contratado por el autónomo pensionista «debe enmarcarse» en la misma actividad que ejerce el autónomo contratante.

Por ejemplo, si éste tiene un restaurante, el empleado podrá ser cocinero o camarero y entonces el empresario individual recibiría el 100% de la pensión, pero se quedaría en el 50% si el empleo creado recae en una señora de la limpieza. De hecho, el criterio comunicado por la DGOSS invalida de forma expresa la posibilidad de que el contrato se realizase a favor de una persona encuadrada en el Sistema Especial de Empleados del Hogar.

Pensión del empresario societario

 

La fórmula anterior parece clara cuando el autónomo ejerce la actividad económica como empresario individual, tributando por tanto en el IRPF, si bien surgen dudas sobre las limitaciones señaladas respecto al tipo de funciones que realiza el empleado si se pretende recibir la totalidad de la pensión.

No obstante, las dudas son mayores si el autónomo administra una sociedad, es decir, cuando ejerce el cargo de administrador de una empresa con forma de sociedad. Se trataría del llamado autónomo societario.

En este caso, los criterios son variados y contradictorios en muchos casos. En primer lugar, para la Seguridad Social, y siguiendo el criterio del comunicado antes mencionado, aunque el autónomo societario esté encuadrado el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), nunca puede cumplir el requisito de tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena porque en realidad lo contrata la sociedad, que tiene su propia personalidad jurídica.

Importante: Para el INSS, al autónomo societario solo puede reconocérsele la compatibilidad en un 50%; pero no en el 100%.

Sin embargo, esta postura de la Seguridad Social no es aceptada ni compartida por algunos autónomos societarios, que han cuestionado la misma ante los Juzgados.

Y sobre la cuestión ya se ha pronunciado el Juzgado de lo Social Nº 3 de Oviedo, en Sentencia del pasado 18 de Julio, en la que el demandante, incluido en el RETA por su condición de Administrador de la S.L., solicita que se le reconozca la compatibilidad del 100% de la pensión, porque la S.L. tiene contratados a tres trabajadores por cuenta ajena.

La sentencia reconoce a un autónomo el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa. En el caso juzgado, cuando el demandante llegó a la edad de jubilación, la SS denegó al autónomo la pensión completa por no tener trabajadores contratados a su nombre, aunque sí le reconoció el 50% de la prestación.

No obstante, la sentencia afirma que la interpretación hecha por la SS es «contraria a la finalidad legislativa misma de la Ley (de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), además de no ser resultante del tenor literal de la norma». En consecuencia, el Juzgado ha decidido otorgar al autónomo societario la pensión de jubilación activa al 100% de su base reguladora y además al abono de los atrasos correspondientes.

Esta sentencia argumenta además que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) establece en una consulta fechada a 21 de marzo de 2018 que a los autónomos societarios incluidos en el RETA se les debe aplicar lo establecido la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que entró en vigor en octubre de 2017.

Según este criterio, los autónomos que hayan celebrado contratos por cuenta ajena en su condición de empresarios, aunque quien contrate sea la sociedad respectiva, pueden acceder a la jubilación activa porque la contratación la formaliza el administrador societario. No parece razonable, argumenta la consulta, que, estando incluido en el RETA precisamente por ser administrador de la sociedad, se le exija realizar la contratación del trabajador por cuenta ajena como persona física o empresario individual.

Suministro Inmediato de Información: todo lo que necesitas saber para incorporarte o salir del SII voluntariamente

¿Quiénes están obligados a utilizar el Suministro Inmediato de Información (SII)?

Actualmente el SII es obligatorio para las empresas inscritas en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME), para las grandes empresas con una facturación superior a los 6.010.121,04 €, así como para los grupos de IVA.

Ventajas del SII

El SII conlleva para el contribuyente las siguientes ventajas:

  • Reducción de las obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentación de los modelos 347, 340 y 390. 
  • Obtención de “datos fiscales” ya que en la sede electrónica dispondrá de un libro registro “declarado” y “contrastado” con la información de contraste procedente de terceros que pertenezcan al colectivo de este sistema.
  • Acceso a la información de las facturas incluidas en los libros registro de IVA de sus clientes o proveedores que apliquen el SII.
  • Al disponer de los datos fiscales es más fácil la elaboración de la declaración, reduciendo errores y permitiendo una simplificación y una mayor seguridad jurídica.
  • Ampliación en 10 días del plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones periódicas de IVA. 
  • Reducción de los plazos de realización de las devoluciones, al disponer la AEAT de la información en tiempo casi real y de mayor información sobre las operaciones. 
  • Reducción de los plazos de comprobación, por los mismos motivos anteriores.
  • Disminución de los requerimientos de información, ya que muchos de los requerimientos actuales tienen por objeto solicitar las facturas o datos contenidos en las mismas para comprobar determinadas operaciones.
  • Moderniza y estandariza la forma de llevar los libros registro de IVA.

Inconvenientes del SII

No todo son ventajas con la aplicación del SII, ya que también tiene algunas desventajas o inconvenientes, entre las que podemos destacar las siguientes:

  • Plazos reducidos para la comunicación de los datos.
  • Existencia de sanciones si no se presentan las facturas en los plazos establecidos.
  • Necesidad de contar con un software compatible con la plataforma de la Agencia Tributaria.
  • Necesidad de formación del personal administrativo para su utilización.
  • Una mayor carga administrativa para la empresa.

¿Cómo acogerse al SII de forma voluntaria?

En cualquier momento se puede cumplimentar una declaración censal (casillas 143 y 532 del modelo 036), quedando incluido desde el día siguiente a aquel en que finalice el periodo de liquidación en que se hubiese ejercido dicha opción.

Es decir, si una empresa quiere adherirse voluntariamente al SII y presenta la solicitud el 15 de mayo, quedará incluida en el sistema desde el 1 de julio.

La casilla 143 sirve para marcar la comunicación de opción y renuncia a la llevanza de libros registro de IVA en sede electrónica de la Agencia Tributaria, siendo las casillas 532 para ejercer la opción y la 737 para la renuncia, debiendo especificarse en la 738 la fecha.

¿Cómo renunciar al SII?

Una empresa que se haya acogido al SII puede renunciar al mismo, pero tiene que tener en cuenta dos consideraciones:

  • Deberá cumplir con el suministro de los registros de facturación durante al menos el año natural para el que se ejercitó la opción.
  • Deberá renunciar presentando una declaración censal (modelo 036) en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir, marcando la casilla 143 y especificando la renuncia en la casilla 737 de este modelo, detallando la fecha a continuación en la casilla 738.

¿Por qué ya no hay que esperar al 30 de noviembre para solicitar la incorporación al SII?

El Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modificó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, modificó el primer párrafo del artículo 68 bis, que quedó redactado de la siguiente forma:

«La opción a que se refiere el artículo 62.6 de este Reglamento podrá ejercitarse a lo largo de todo el ejercicio, mediante la presentación de la correspondiente declaración censal, surtiendo efecto para el primer periodo de liquidación que se inicie después de que se hubiera ejercicio dicha opción».

 

El INSS aplica ya los criterios marcados por el Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial.

la Seguridad Social ya aplica los criterios del Tribunal Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial, tras la publicación en el BOE del 12 de agosto de la STC Nº 91/2019, Cuestión interna de inconstitucionalidad 688/2019, de 3 de julio de 2019.
El INSS aplica estos criterios tanto a las solicitudes de pensión que se presenten con índice de parcialidad como a las ya reconocidas por empleo a tiempo parcial, y cuya resolución aún no es firme en vía administrativa.

Para el Constitucional en la STC Nº 91/2019, considera injustificada la doble penalización que supone la actual fórmula de cálculo en el derecho a la jubilación de quienes han trabajado a tiempo parcial. Según recoge el texto, se penaliza la forma de computar los períodos trabajados parcialmente, cuando ya las bases de cotización que se toman para calcular la pensión son inferiores a las que corresponden a tiempo completo, puesto que se corresponden a los salarios a tiempo parcial.
Además, el Tribunal considera que se produce una discriminación indirecta por sexo, dado que el empleo a tiempo parcial lo desempeñan mayoritariamente las mujeres.
Desde el INSS ya está todo preparado desde el pasado lunes 12 de agosto para aplicar la nueva fórmula para el cálculo de las nuevas solicitudes como para la revisión de las ya reconocidas y no tengan resolución firme.
La complejidad del proceso residía en que la nueva forma de cálculo implica un tratamiento distinto a como se venía haciendo de los días cotizados computables para el porcentaje a aplicar a la base reguladora de la pensión, en los casos de empleo a tiempo parcial.
Los días que hasta ahora se computaban -reducidos en función de la parcialidad de cada supuesto e incrementados posteriormente con la aplicación del coeficiente 1,5- pasan a computarse como días naturales.
También había que completar los desarrollos necesarios para que la base de datos de pensiones permita llevar a cabo la revisión de los expedientes con resolución no firme en vía administrativa, modificando el criterio de cómputo de días cotizados en todos estos supuestos.

 
 
 
 

Novedades en la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el art. 104 de la LIRPF y el art. 68 del RIRPF, regulan las obligaciones formales, contables y registrales de los contribuyentes por este impuesto, de forma que los contribuyentes:

  • Cuando desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad simplificada del método de estimación directa, así como aquellos que realicen una actividad empresarial en estimación directa que, de acuerdo con el Código de Comercio, no tenga carácter mercantil, estarán obligados a la llevanza del libro registro de ventas e ingresos, el libro registro de compras y gastos y el libro registro de bienes de inversión.
  • Cuando ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, estarán obligados a llevar un libro de ingresos, un libro de gastos, un libro registro de bienes de inversión y un libro registro de provisiones de fondos y suplidos.
  • Cuando realicen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine mediante el método de estimación objetiva, en el caso de que deduzcan amortizaciones, estarán obligados a llevar un libro registro de bienes de inversión. Además, por las actividades cuyo rendimiento neto se determine teniendo en cuenta el volumen de operaciones habrán de llevar un libro registro de ventas o ingresos.

Hasta ahora, el desarrollo de estos preceptos se realizaba mediante la Orden de 4 de mayo de 1993 por la que se regula la forma de llevanza y el diligenciado de los libros-registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en el IRPF desde la aprobación de esta orden, es necesario una actualización y revisión de su contenido, por una parte, para adaptarla al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y por otra, para revisar el contenido de los libros registros.

La orden regula a lo largo de trece artículos las obligaciones de llevanza de libros registros por parte de empresarios y profesionales, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicassalvo respecto de aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el art. 68.2 del ;RIRPF, estén obligados a llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.10 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicaslos contribuyentes distintos de los previstos en el apartado 2 de dicho precepto estarán obligados a llevar los libros registros establecidos en el mismo aun cuando, voluntariamente, lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.

  • Principales novedades
La principal novedad introducida por la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio (en vigor el 01/01/2020), es la necesidad de que, en las anotaciones en los libros registros de ventas e ingresos y de compras y gastos se haga constar el Número de identificación fiscal de la contraparte de la operación. En esta actualización de la normativa reguladora del contenido de los libros-registros se ha tratado de conseguir cierta homogeneidad con conceptos ya previstos en otros impuestos (como por ejemplo en materia de asientos resúmenes con el Impuesto sobre el Valor Añadido).
 
Persiguiendo el objetivo de reforzar y concretar la posibilidad de que estos libros puedan ser compatibles, con las adiciones necesarias, como libro fiscal de los impuestos que así lo prevean, siguiendo el art. 12 de la nueva orden («Compatibilidad con otros libros»), los libros registros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán ser compatibles con los requeridos en el Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos previstos en el art. 62.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta concreción es sin duda una modulación de las obligaciones formales del colectivo de contribuyentes obligados a llevar libros registros de sus actividades.

Del mismo modo, a los efectos de la cumplimentación de dichos libros-registros y en el marco de las actuaciones de asistencia tributaria y de reducción de cargas indirectas, en línea con numerosas actuaciones precedentes, la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará en su página web un formato tipo de libros-registros. La puesta a disposición de este formato de libros trata de asistir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales registrales y pretende ofrecer seguridad jurídica y certeza en el contenido mínimo que pueda exigirse sobre los mismos.

  • Derogación normativa

A la entrada en vigor de la orden ministerial queda derogada la Orden de 4 de mayo de 1993 por la que se regula la forma de llevanza y el diligenciado de los libros-registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

  • Entrada en vigor y anotaciones registrales en las que se han de aplicar las modificaciones

La nueva orden entrará en vigor 01/01/2020 y se aplicará a las anotaciones registrales correspondientes al ejercicio 2020 y siguientes.

El 08/08/2019 el BOE publica una corrección de errores de la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que rectifica la entrada en vigor de la norma que se establecía para  el día siguiente al de su publicación, y se cambia al 1 de enero de 2020.

Los requisitos de exención de las Acciones y Participaciones en el Impuesto de Patrimonio

El valor de las acciones y participaciones que una persona posea en una sociedad está exento, sin límite alguno, si se cumplen todos y cada uno de los siguientes requisitos:

Requisito 1: Participación mínima

En primer lugar, para que las acciones o participaciones estén exentas es preciso que se dé alguno de estos dos supuestos:

  • Que la persona posea al menos el 5% del capital de la sociedad de forma individual
  • Que posea al menos el 20% conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta segundo grado.

Requisito 2: Actividad económica

Otro requisito es que la actividad principal de la sociedad no consista en la mera tenencia de inmuebles o participaciones en otras sociedades, de forma que más del 50% del activo debe estar afecto a actividades económicas.

  • IMPORTANTE: En las sociedades que se dedican al alquiler, los inmuebles se considerarán afectos a una actividad económica y darán derecho a la exención si para gestionar la actividad la sociedad dispone de un trabajador con contrato laboral a jornada completa.
  • IMPORTANTE: Este requisito se entenderá incumplido si durante más de 90 días más del 50% de los activos no han estado afectos.

Por lo tanto, si una persona es socia de una sociedad que se dedica al alquiler, sólo tendrá derecho a la exención si ha mantenido la estructura de disponer de un trabajador a jornada completa y de disponer de local, durante al menos 275 días del año.

Requisito 3: Retribución de los directivos

Por último, es preciso que la persona propietaria de las participaciones, su cónyuge, o alguno de sus ascendientes, descendientes o colaterales hasta segundo grado, ejerza funciones directivas (como gerente, administrador, director de departamento, etc.) y además:

  • Sea propietario de al menos una participación o acción de la sociedad.
  • Sus retribuciones anuales por ejercer dicho cargo constituyan más del 50% de la totalidad de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

En caso de que perciba retribuciones como directivo de otras sociedades cuyas participaciones también estén exentas, no deberá tenerlas en cuenta a la hora de efectuar este cálculo.

Soy autónomo y me ha cambiado la cuota en Enero, ¿por qué?

Si eres autónomo, tanto de Tarifa Plana, como RETA en general, este mes de enero habrás notado variación en tu cuota. ¿Por qué sucede esto?

Como comentábamos anteriormente, desde el 1 de Enero de 2019 todos los autónomos están obligados a cotizar por las Contingencias Profesionales (También los de Tarifa Plana). La cuantía fijada por el Real Decreto Ley 28/2018 es del 0,9%.

Además, se incluyen como obligatorias también la cotización por cese de actividad, del 0,7%, y por formación profesional, del 0,1%. Puede ocurrir que notes que tu cuota se incrementa porque antes no cotizabas por estas contingencias.

Pero también se está dando el caso contrario, si ya cotizabas voluntariamente por Contingencias Profesionales, seguramente tu cuota habrá bajado. Esto sucede porque se aplica con carácter general el porcentaje de 0,9 por Contingencias Comunes, y hasta el 31 de Diciembre, pagabas un porcentaje más alto.  

Aviso: un error en la actualización podría haber dejado tus contratos activos sin bonificación

Se trata de un error en la aplicación de las bonificaciones, como consecuencia de una actualización del sistema de Seguridad Social, tras implementar las derogaciones de contratos previstas en el Real Decreto Ley 28/2018.

Recordamos que el citado Real Decreto Ley derogaba varias bonificaciones desde el 1 de enero. Desde esa fecha no se podrían hacer nuevas altas, pero los contratos que ya estuviesen activos con fecha anterior sí seguirían disfrutando de las bonificaciones y se regirían por la normativa aplicable en el momento del alta.

Pues bien, dicha actualización ha eliminado todas las bonificaciones asociadas a las siguientes modalidades, sin tener en cuenta la fecha de alta. Si tienes algún contrato activo, es bastante probable que también se haya visto afectado por este error de actualización:

  • Contrato indefinido de apoyo a emprendedores.
  • Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.
  • Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
  • Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
  • Primer empleo joven.
  • Incentivos a los contratos en prácticas.

El error se ha detectado al consultar los IDC donde, de repente, un contrato que tenía derecho a la bonificación, aparecía sin ella.  

Motivos por los que podrías recibir una carta de la inspección de Trabajo.

Tras realizar un cruce de datos entre TGSS, Hacienda e Inspección de Trabajo, si se detecta alguna anomalía, se generan un aviso que originaría estas cartas.

Estos son los motivos principales por los que se están recibiendo:

Contratos temporales en fraude de ley. Están remitiendo cartas a todas la empresas que tienen muchos trabajadores a tiempo parcial en relación al total de la plantilla.
Otras circunstancias son el haber agotado la duración máxima para aplicar un contrato eventual y las altas y bajas sucesivas.

Falsas jornadas a tiempo parcial. Cuando el trabajador tiene un contrato a tiempo parcial, pero realmente realiza una jornada de 40 horas.

Contratación de falsos autónomos. La incorporación a la plantilla de trabajadores inscritos en el RETA, con el fin de abaratar costes, también está siendo castigada.

Abuso de horas extraordinarias. Se vigilarán los excesos de jornada, especialmente en los casos de contratos a tiempo parcial.

Qué procedimiento sigue Inspección en relación a estas cartas

En la carta se advierte a las empresa para regularicen de inmediato la situación de sus trabajadores, convirtiendo los contratos en indefinidos o a jornada completa. Para ello se concede un mes de plazo.

En el caso de no haber regularizado los hechos indicados, se iniciaría una actuación inspectora.

Una vez iniciado el procedimiento, si se confirma el incumplimiento de la empresa, Inspección impondría las sanciones y medidas que estimase oportunas.

¿Tu empresa haya recibido una carta de Inspección? Te recomendamos que contactes antes que nada con tu asesor laboral, para que te informe sobre los hechos que reclaman y asesore sobre los pasos a seguir.

INASISTENCIA DE LOS ADMINISTRADORES EN LA JUNTA GENERAL DE Socios

Como regla general, la ausencia de los administradores no puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad de la junta.
Como excepción, sí debe darse lugar a la nulidad de la junta cuando la ausencia sea decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios.
Demanda de nulidad de junta general de socios

Una socia minoritaria de la compañía mercantil presentó demanda de nulidad de junta general de socios con fundamento en que no habían asistido a la misma los administradores de la sociedad.

Las sentencias de instancia estimaron la demanda y el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la compañía.

La Sala recuerda que los arts. 183 de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-, para la sociedad limitada-, y 184 LSC -para la sociedad anónima- permiten que los socios puedan asistir a las juntas generales representados por otras personas. Pero dicha representación únicamente puede conferirse en su cualidad de socios, no de administradores que, a su vez, son socios, puesto que la administración no puede ser ejercida por representante, salvo en el caso de administrador persona jurídica y con las especificidades previstas en el art. 212 bis LSC.

Por otro lado, si bien el art. 180 LSC establece de forma imperativa que los administradores deberán asistir a las juntas generales, el precepto no anuda expresamente ninguna consecuencia a tal incumplimiento, y ello porque si se previese en todo caso la sanción de nulidad de la junta por inasistencia del órgano de administración, ello podría dar lugar a la imposibilidad de celebración de juntas generales por la sola voluntad de una o varias personas (los administradores), que mediante el simple expediente de no acudir a las juntas, paralizarían la sociedad.

Por tanto, la ausencia de los administradores sociales, como regla general, no puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad de la junta general, sin perjuicio de la responsabilidad en la que, en su caso, puedan incurrir, conforme al art. 236 LSC, por infracción del deber legal impuesto en el art. 180.

No obstante, señala el Tribunal, dicha regla general puede tener excepciones, por lo que no cabe una solución unívoca y terminante, puesto que, frente al supuesto básico de no suspensión o nulidad, habrá casos en que la ausencia de los administradores en la junta general podrá ser decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios que, precisamente, se ven satisfechos a través de la celebración de la junta. Por ello, habrá que ponderar según cada caso hasta qué punto la inasistencia de los administradores puede justificar la suspensión o incluso la nulidad de la junta que se hubiera celebrado en su ausencia.

En este caso, la Sala entiende que se está ante uno de los supuestos que se escapan a la regla general, en los que sí debe darse lugar a la nulidad de la junta general para no dejar indefensa a la socia minoritaria. Y ello porque, si se atiende al orden del día que figura en la convocatoria, se observa que no solo se trataba genéricamente de censurar la gestión social, sino que también había que deliberar y votar sobre una delegación en el consejero delegado para la suscripción de operaciones crediticias y novaciones de préstamos, y en su caso, negociación para liberación a los socios de avales personales en préstamos. Por lo que, al ser la demandada una sociedad patrimonial, era consustancial a la naturaleza de dicho punto del orden del día que tuviera que estar complementado con un derecho (para los socios) y deber (para los administradores) de información reforzado, a fin de explicar adecuadamente las necesidades, características y consecuencias de tales operaciones crediticias

Multas de 3.000 euros si te has dado de alta en autónomos de este modo

Anteriormente, cuando un trabajador por cuenta propia se daba de alta en Hacienda, disponía después de 30 días para darse de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, la nueva norma especifica que el alta del profesional autónomo en la Seguridad Social no puede hacerse con posterioridad a la fecha de inicio de la actividad (que lo marca Hacienda).

Por tanto, antes de iniciar la actividad es necesario darte de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, en Hacienda.

¿Son lo mismo el número Vies y el número EORI?

EL NÚMERO EORI Y EL NÚMERO VIES ¿SON LO MISMO?

No. Ambos números tienen la misma composición pero su finalidad es diferente y serán gestionados de forma independiente.

El número de registro e identificación de los operadores económicos (número EORI) es un número de identificación, único en el territorio aduanero de la Unión, asignado por una autoridad aduanera a un operador económico o a otra persona con el fin de registrarlo a efectos aduaneros.

Los operadores económicos que vayan a realizar operaciones comerciales con estados de la Unión Europea, bien sean intercambios de bienes o de servicios, deben darse de alta como operadores intracomunitarios (en el modelo 036/037), lo cual supone su inscripción en el censo VIES del Estado o Estados miembros donde realice operaciones (Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA).

Es decir, un operador a quien se asigne un número EORI no podrá, por este hecho realizar operaciones intracomunitarias, salvo que esté igualmente, dado de alta en el censo de operadores intracomunitarios.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL EORI Y EL OEA?:

El número de registro e identificación de los operadores económicos (número EORI) es un número de identificación, único en el territorio aduanero de la Unión, asignado por una autoridad aduanera a un operador económico o a otra persona con el fin de registrarlo a efectos aduaneros.

Según la definición contenida en el Reglamento delegado, el EORI es un número de identificación, único en el territorio aduanero de la Unión, asignado por una autoridad aduanera a un operador económico.

El «operador económico» es definido en el artículo 5 del Código aduanero de la Unión como una persona que, en el ejercicio de su actividad profesional, intervenga en actividades a las que se aplique la legislación aduanera.

Los Operadores Económicos Autorizados son operadores de confianza en sus operaciones aduaneras y que, en consecuencia, disfrutarán de ventajas en toda la Unión Europea.

Es decir, todos los operadores económicos deben tener un número EORI mientras que sólo aquellos que lo deseen solicitarán un certificado de OEA, para beneficiarse de las ventajas correspondientes.

Fuente: AEAT (INFORMA)

El arrendamiento de la vivienda de uso vacacional

RENTA 2017: ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DE USO VACACIONAL

 

A continuación se relacionan varias consultas del INFORMA relativas al arrendamiento de vivienda, que debéis tener en cuenta a la hora depueden ser de ayuda de realizar la renta.

Un contribuyente que alquila una vivienda para uso vacacional utilizando para su publicidad distintos canales (internet, periódicos, agencias). ¿Puede aplicar la reducción del 60% a los rendimientos netos positivos que declare como rendimientos del capital inmobiliario?

No. Para poder aplicar la reducción el arrendamiento tiene que recaer sobre una inmueble cuyo destino primordial, sea satisfacer una necesidad permanente de vivienda, no cubrir una necesidad de carácter temporal como ocurre en el caso de las viviendas de uso vacacional.

Resolución TEAC , de 08 de marzo de 2018 . 5663/2017

 

El propietario de una vivienda la alquila durante los meses de verano a una familia para que la utilicen en sus vacaciones ¿Es aplicable la reducción del rendimiento obtenido por el alquiler de la vivienda?

No. La reducción sólo es aplicable sobre el rendimiento neto obtenido del arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Según la ley de arrendamientos urbanos, LAU,  tiene esa consideración los arrendamientos que recaen sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Por tanto, de acuerdo con la citada ley, el caso planteado no puede considerarse como arrendamiento de vivienda, por lo que no es aplicable la reducción.

Se alquila una vivienda a estudiantes por la temporada del curso escolar, 
formalizando un contratos de arrendamiento de temporada al amparo de lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿ Puede aplicarse la reducción por arrendamiento de vivienda?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley  de Arrendamientos Urbanos se entenderá que se trata de un arrendamiento destinado a vivienda, cuando el arrendamiento recaiga sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

Por su parte, el artículo 3 de la LAU dispone que se considerará arrendamiento distinto del de vivienda, aquel arrendamiento que recayendo sobre una edificación tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra.

En consecuencia, no resultará aplicable la reducción cuando el arrendamiento del inmueble se celebre por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2.1º de la Ley 35/2006 del IRPF cuando establece que tratándose de rendimientos netos positivos,  la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente  ¿Procede la reducción del 60 por ciento en los rendimientos netos positivos del capital inmobiliario regularizados por la Administración si no han sido declarados por el contribuyente? 

Los rendimientos podrán entenderse declarados por el contribuyente tanto:  

  1. A) Cuando éste los consigne en su correspondiente declaración-autoliquidación presentada en tiempo y forma por el IRPF,  como 
  2. B) Cuando lo haga fuera del plazo de presentación legalmente establecido a través de una declaración-autoliquidación extemporánea y/o complementaria o,  incluso,  cuando los consigne en una solicitud de rectificación de autoliquidación.

Ahora bien,  sólo podrá hablarse de  rendimientos declarados en los casos señalados en la letra B) del párrafo anterior cuando las autoliquidaciones extemporáneas y/o complementarias o las solicitudes de rectificación de la autoliquidación se presenten antes del inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos cuyo alcance incluya la comprobación de los citados rendimientos.

Resolución TEAC 06326/2016 de 2-3-2017, en unificación de criterio.

 

 

El sistema de remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos debe constar en los estatutos sociales

La remuneración de los administradores sociales es un tema muy controvertido desde que en 2014 la Ley para la mejora del gobierno corporativo introdujera importantes modificaciones en la regulación de esta materia. Se han aplicado criterios muy distintos sobre si todo tipo de retribuciones que perciben los consejeros que forman parte del consejo de administración de las sociedades no cotizadas tienen que figurar en los estatutos sociales –ya sea en los iniciales o en modificaciones posteriores- y sobre si la junta general de socios debe controlarlas en cualquier caso. El Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia el 26 de febrero en la que interpreta la normativa y pone fin a una de las grandes polémicas en torno a esta cuestión.

Las escrituras bastarán para eximir del pago del impuesto sobre plusvalía municipal si no hay ganancia

De esta forma el Gobierno se adapta a la sentencia del Tribunal Constitucional. El grupo parlamentario del PP ha propuesto una nueva regulación de este gravamen a través de una proposición de Ley que había sido solicitada por los municipios y según la cual las nuevas condiciones se aplicarían a las operaciones de compraventa realizadas desde el 15 de junio de 2017. La iniciativa reforma el impuesto de plusvalías para introducir un nuevo supuesto: "El sujeto pasivo deberá declarar la transmisión no sujeta, así como aportar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del terreno". Puntualiza que esta acreditación deberá estar constatada en los títulos que documenten la venta (escrituras) o bien ser comprobada por la Administración Tributaria correspondiente. La proposición señala que los ayuntamientos tendrían un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley para modificar el impuesto en sus respectivas ordenanzas.

JUBILACIÓN ACTIVA CON PENSIÓN AL 100%

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, destaca la mejora de la jubilación activa para los trabajadores autónomos que cumplen con los requisitos legales establecidos en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social.
Entre las modificaciones que la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, destaca la mejora de la jubilación activa para los trabajadores autónomos que cumpliendo con los requisitos legales establecidos en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social, de acceso a la jubilación cumplida la edad ordinaria que, en cada caso, resulte de aplicación, y que el porcentaje aplicable a la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión alcance el 100%, acrediten además tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, el importe de la jubilación activa será desde el 26 de octubre de 2017, al 100% del importe de la pensión en lugar del 50% que estaba regulado hasta esa fecha

La norma no regula expresamente el carácter retroactivo de esta mejora para los trabajadores autónomos que ya se encontraran en jubilación activa con anterioridad a esa fecha y cumplan el requisito de tener al menos contratado a un trabajador por cuenta ajena, no obstante, un reciente Criterio del INSS ha establecido que dicha mejora resulta aplicable tanto a los nuevos solicitantes de pensión como también a aquellos pensionistas anteriores de jubilación activa que cumpliendo los requisitos previstos, soliciten el incremento de la pensión al 100%.

Para poder acceder a la mejora del 100% la modificación no se realiza de oficio, y debe efectuarse a instancia del propio trabajador autónomo.

La vivienda habitual de un deudor en concurso no tiene por qué venderse, si se cumplen dos requisitos

Empiezan a aflorar sentencias donde los jueces consideran que la venta de la vivienda habitual en el seno de un procedimiento concursal, cuando su valor en el mercado sea inferior a la deuda hipotecaria y el préstamo esté al corriente de pago, no beneficia a nadie, pudiendo el deudor solicitar igualmente la exoneración del pasivo insatisfecho.
Los jueces de lo mercantil empiezan a introducir, en sus sentencias judiciales, un importante criterio en los procedimientos concursales de personas naturales (no empresas): No será necesario vender la vivienda habitual del deudor cuando su valor de mercado sea inferior a la deuda hipotecaria y ésta se encuentre al corriente de pago.
El principal motivo radica en que la finalidad de todo procedimiento concursal consiste en buscar la máxima satisfacción de los acreedores y, en caso de que el precio de la vivienda sea inferior a su valor de mercado, su venta no supone beneficio alguno para el resto de acreedores ya que no se obtendrá dinero para pagar sus créditos, tampoco beneficia al banco (acreedor especialmente privilegiado) ya que lo que él preferirá será que le sigan pagando religiosamente las cuotas pertinentes, con el fin de pagar la totalidad del préstamo.

En última instancia, también puede satisfacer al deudor, el magistrado D. Carlos Puigcerver Asor (titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 50 de Barcelona) lo razona de esta manera: "Se me ocurren dos casos en que el deudor puede no estar interesado en la venta o liquidación de su vivienda: el primero es el del valor afectivo, de tal manera que aunque la vivienda valga menos que la deuda del hipotecario, prefiera conservarla por el valor sentimental o familiar; el segundo supuesto es el que se da en las ciudades en donde el precio del alquiler es muy elevado, como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca; aquí puede ocurrir que la cuota mensual del préstamo hipotecario sea inferior al de una renta mensual de alquiler".

¿Qué se entiende por vivienda habitual?: La Disposición adicional vigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF relata que “se considerará vivienda habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años”.

Una Segunda Oportunidad.
La entrada en vigor de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social a través de la cual se modifica, entre otras, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, supuso una novedad importantísima en tanto que contempla mecanismos para que el deudor, persona natural, que se encuentre en situación de insolvencia, quede exonerado de las deudas contraídas.

Esta Ley, conocida como Ley de Segunda Oportunidad, supuso una bolsa de oxígeno para los deudores naturales, que suelen ser autónomos o empresarios que avalaron personalmente los créditos de su sociedad que, para verse exonerados de sus deudas (en virtud del artículo 178 bis LC "Exoneración del pasivo insatisfecho”), primero debían:

1) Intentar un acuerdo extrajudicial de pagos,

2) de no llegar a acuerdo (99% de los casos) debían liquidarse todos sus bienes en un procedimiento concursal y,

3) deberán ser considerados deudores de buena fe (que no hayan sido considerados culpables en el concurso).

Es decir, ahora se introduce un nuevo criterio jurisprudencial para que una persona física, con un volumen importante de deudas, no tenga que vender su vivienda habitual para, finalmente, solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, como sucedía hasta ahora.

La retribución de los administradores en las sociedades de capital a raíz de la Ley 31/2014 

  • Sobre la remuneración de administradores en general.

En primer lugar, la nueva redacción otorgada al artículo 217 de la LSCque establece la remuneración de los administradores dicta, en su punto “1”, que “El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración”.

En segundo lugar, su punto “2” recoge los conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales, que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los que a continuación se expresan:

a) una asignación fija,

b) dietas de asistencia,

c) participación en beneficios (regulado en el artículo 218 LSC),

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución (regulado en el artículo 219 LSC),

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos”.

Por su parte, el punto “3” de mentado artículo razona que: “El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General (...)” mientras que el punto “4” establece que: “La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables”.

Es decir, la Ley 31/2014 establece una novedad relevante sobre la regulación de las remuneraciones de los administradores, de manera que sus honorarios deben reflejar adecuadamente la evolución real de la empresa y estén correctamente alineados con el interés de la sociedad y sus accionistas (debido a que deben aprobarse en Junta General). Por ello se obliga a que los Estatutos Sociales establezcan el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión. 

  • Sobre la remuneración de los Consejeros con funciones ejecutivas.

Por otro lado, esta Ley 31/2014 introduce una importante novedad respecto del sistema remuneratorio de los consejeros a través de la modificación del artículo 249 LSC, que recoge la delegación de facultades del Consejo de Administración, cuyo punto “3” establece, al tenor literal siguiente:

"3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión".

Por su parte, el punto “4” de este artículo regula que en el contrato deberán detallarse todos los conceptos retributivos a percibir por el desempeño de sus funciones ejecutivas de manera que no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. En estos conceptos retributivos debe incluirse, además, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.

Además, se añade el artículo 249 bis LSC que entabla las facultades indelegables dónde, en su apartado “i”, dicta que el Consejo de Administración no podrá delegar la facultad de tomar “i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general”.

Es decir, por lo que se refiere a las sociedades cotizadas, se someterá a la Junta General de accionistas la aprobación de la política de remuneraciones, que tendrá carácter plurianual, como punto separado del orden del día. En el marco de dicha política de remuneraciones, corresponde al Consejo de Administración fijar la remuneración de cada uno de los consejeros al que se le otorgue funciones ejecutivas, a través de un contrato suscrito entre este consejero y la sociedad. De esta forma se garantiza que sea la Junta General de accionistas la que retenga el control sobre las retribuciones, incluyendo los distintos componentes retributivos contemplados, los parámetros para la fijación de la remuneración y los términos y condiciones principales de los contratos.

  • Conclusiones.

Como conclusión, en virtud de las resoluciones publicadas de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 10 de mayo y 17 de junio de 2016, existen cuatro modos de organizar la administración, una compleja (Consejo de Administración) y las demás simples (administrador único, dos administradores mancomunados o administradores solidarios).

  • En las formas de administración simples, las funciones inherentes al cargo de administrador incluyen tanto la llamada función deliberativa, de estrategia y control de la sociedad como, especialmente, la función ejecutiva, de gestión ordinaria de la misma. De modo que, en estos casos, el carácter y sistema retributivo del cargo de administrador deben constar en los Estatutos Sociales.
  • En cambio, en la forma compleja de organización de la sociedad a través de un Consejo de Administración, las funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a lafunción deliberativa, por lo que este sistema de retribución deberá encontrarse regulado en los Estatutos.

No obstante, cabe la posibilidad de otorgar a un consejero funciones ejecutivas, que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o contractual de facultades ejecutivas, no es una función inherente al cargo de consejero, sino que se trata de una función adicional que nace de una relación jurídica añadida que surge por el nombramiento del Consejo de un consejero como consejero delegado, director general, gerente u otro. De esta manera, la retribución debida por la prestación de la función ejecutiva no es propia que conste en los estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero.

Asimismo, se hacen eco de la teoría del vínculo, admitiendo en el administrador la coexistencia de contratos de arrendamiento de servicios, laboral común... En función de las labores o tareas de que se trate, excluyendo el contrato laboral de alta dirección.

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Las alteraciones en el patrimonio tras recibir una herencia: ¿Declaro ISD o IRPF? 

La Dirección General de Tributos ha emitido una consulta vinculante que puede resultar interesante para aquellos que hayan recibido a través de herencia acciones de una entidad bancaria.

Resolución Vinculante de DGT, V1597-17, 21-06-2017 | Iberley

El caso planteado gira entorno a la anulación de una compraventa de acciones de Bankia solicitada por los herederos de la causante que consideraban que la valoración en Oferta Pública de Venta (OPV) se había realizado erróneamente, y por la que, tras reclamar judicialmente, recibieron un valor mayor al percibido en el momento de la herencia, y dudan sobre la tributación de dicha alteración patrimonial.

No saben con exactitud si deben presentar una complementaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o declararlo como ganancia patrimonial en su declaración del IRPF.

Pero, vamos a exponer el caso conociendo los datos concretos:

En julio de 2011 una mujer adquiere la cantidad de 90.000 euros en acciones de Bankia a través de la OPV que realizó la propia entidad.

En el año 2013, esta persona fallece y otorga a través de testamento, 160 acciones de Bankia con un valor de 161,28 euros, 80,64 euros a cada uno de los herederos, además de otros valores.

En el momento del otorgamiento, los herederos realizaron la declaración del ISD por la cantidad antes indicada.

En marzo de 2015, los herederos al entender que la valoración de la OPV realizada por Bankia fue errónea, deciden interponer una demanda contra la entidad por dicho motivo.

El 9 de mayo de 2016, obtuvieron sentencia estimatoria por la que se otorgaban a cada uno de ellos la cantidad de 30.000 euros como capital invertido y 5.543,06 euros como interés legal.

Las dudas que le surgen a uno de los herederos es si, debería declarar dichos importes como ganancia patrimonial en su declaración de la renta, por tratarse de una alteración patrimonial, o si por el contrario, deberá hacer una declaración complementaria del ISD.

En cuanto al aspecto civil de la cuestión objeto de consulta, la Dirección General de Tributos (DGT) entiende que, en el momento en que tres herederos (la consultante y otros dos) aceptaron la herencia de su hermana, la sucedieron en todos sus derechos y obligaciones, entre ellos la propiedad de las acciones de Bankia.

Como propietarios de tales acciones, iniciaron un proceso judicial contra la entidad, como resultado del cual se dictó sentencia por la que se anulaba la compraventa de las acciones, con devolución del importe pagado más los intereses de demora correspondientes.  (A este respecto, debe tenerse en cuenta que el proceso fue iniciado por la consultante y los otros dos herederos en su condición de propietarios de las acciones y –aunque fueron adquiridas por herencia– no en el de herederos de su anterior propietario y causante.)

Respecto al ámbito fiscal, el impuesto se devengó el día del fallecimiento de la hermanade los consultantes y lo que ella adquirió en ese momento fue un paquete de acciones de Bankia cuya valoración a efectos del impuesto estaba constituida por su valor neto (valor real menos cargas y deudas deducibles) en el momento del devengo, esto es, el día del fallecimiento de su hermana. A estos efectos, es irrelevante el hecho de que posteriormente se haya producido una anulación de la compraventa de las acciones, pues la anulación se produjo a instancia de los herederos en su condición de nuevos propietarios, en uso de uno de los derechos que les otorgaba la propiedad de las acciones.

Es decir, la indemnización que recibieron en cumplimiento del fallo judicial fue un hecho posterior al devengo del ISD, motivado por la actuación de los herederos y no del causante, por lo que no ha de tributar en dicho impuesto, sino en el IRPF, conforme a la normativa de dicho impuesto referente a las alteraciones patrimoniales.

Por lo tanto, la Dirección General de Tributos llega a la siguiente CONCLUSIÓN:

 

Las alteraciones en el patrimonio de un heredero producidas en bienes heredados, ya sean acciones o cualquier otro bien, por sentencia judicial derivada de un proceso iniciado por el heredero no generan la obligación de presentar una declaración complementaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues la alteración se produjo con posterioridad al devengo de dicho impuesto, sobre bienes ya pertenecientes al patrimonio del heredero y por su condición de nuevo propietario, no de heredero.

Por tanto, dicha alteración patrimonial deberá ser declarada en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del nuevo propietario conforme a la normativa de dicho impuesto relativa a las alteraciones patrimoniales. 

La obligación de tener un libro de visitas desaparece a partir de hoy, 13 de septiembre de 2016 

La nueva Ley de la Inspección eliminó la obligación de tener el libro de visitas, sustituyéndolo por la simple diligencia de los funcionarios actuantes, con efectos a la entrada en vigor de la Orden reguladora del modelo de diligencia, lo que ha tenido lugar mediante la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, con efectos a partir del 13 de septiembre de 2016.

La exigencia del libro de visitas era una obligación…

La Ley 42/1997, que reguló la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta julio de 2015, imponía una obligación a los empresarios: tener un libro de visitas en cada centro de trabajo, en el modelo oficial establecido al efecto (artículo 14.3 Ley 42/1997 DEROGADO).

… que debía formalizarse en modelo oficial

Tal modelo era el que indicaba la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si bien mediante la Resolución de 25 de noviembre de 2008, el mismo organismo estableció la posibilidad de solicitar la sustitución de dicha obligación por el alta en la aplicación informática del libro de visitas electrónico, previa autorización de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La obligación de tener un libro de visitas desaparece a partir del 13 de septiembre de 2016

La norma de 1997 fue derogada por la Ley 23/2015, de 21 de julio, que eliminó la obligación de tener el libro de visitas, sustituyéndolo por la simple diligencia de los funcionarios actuantes, por escrito, de cada actuación que realizasen en sus visitas a los centros de trabajo (artículo 21.6 Ley 23/2015).

Ahora bien, la medida sería efectiva cuando entrase en vigor la Orden prevista en el mismo artículo, reguladora de la diligencia, que debería dictar el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para determinar los hechos y actos que debían incorporarse a la misma, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, utilizando en lo posible medios electrónicos y sin obligar a los interesados a adquirir o diligenciar cualquier tipo de libro o formulario para su realización. Y liberaría a los empresarios de una obligación formal cuya ausencia constituía infracción leve por obstrucción a la labor inspectora.

Pues bien, la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, reguladora del modelo de diligencia de la Inspección, ha sido publicada en el BOE de 12 de septiembre, con efectos al día siguiente, si bien se mantiene la obligación para las empresas de conservar los libros y diligencias existentes a esa fecha durante 5 años.

Y a partir de ahora, cada visita de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores Laborales o comprobación por comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas, quedará reflejada en la diligencia que se extienda al efecto. La norma incluye un modelo de diligencia que podrá elaborarse por medios electrónicos, los datos que deben hacerse constar en la misma y la obligación de entrega de una copia a los sujetos inspeccionados y de conservación durante 5 años.

Obtener las facturas exigidas y no presentadas en una comprobación permite en posteriores declaraciones deducirse el IVA soportado 

Obtener las facturas exigidas y no presentadas en una comprobación permite en posteriores declaraciones deducirse el IVA soportado 
No facilitar las facturas justificativas de las cuotas soportadas por IVA al ser requeridas por parte de la AEAT tras una comprobación supone perder el derecho a su deducción en la declaración anual del ejercicio comprobado.

Sin embargo, si más adelante el obligado tributario se procura las referidas facturas cuenta con la posibilidad de proceder a su deducción ya que el derecho a la deducción de las cuotas soportadas en un determinado período se puede ejercitar tanto en el período en el que las cuotas se han soportado como en los sucesivos, siempre que no hubieran transcurrido cuatro años contados a partir del nacimiento del mencionado derecho a deducir.

Para que el sujeto pasivo con derecho a deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido pueda hacer uso del mencionado derecho tendrá que estar en posesión de una factura que reúna la totalidad de los requisitos a que se refiere el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Las cuotas no tenidas en consideración por la Administración tributaria a las que hacía referencia el interesado al que responde en Consulta Vinculante la Dirección General de Tributos y de las que no aportó al procedimiento el original de las facturas, serán deducibles si, soportadas en un momento tal, conforme a lo que establece el artículo 99, apartado cuatro de la Ley 37/1992 , que no haya transcurrido el plazo de caducidad de cuatro años, dentro del plazo que fija el apartado tres del mencionado artículo 99, siempre que se cumpla con el resto de los s requisitos establecidos en el Título VIII de la Ley 37/1992 para el ejercicio del derecho a la deducción por el sujeto pasivo y, en particular, estar en posesión de una factura expedida conforme a derecho.

Ver Consulta Vinculante V2486-16

Puedes consultar fácilmente las Consultas de DGT mencionadas, con el nuevo buscador de consultas.

 

Le han dado de baja en la Seguridad Social y le quedan unos pocos años por cotizar para tener derecho a una pensión. ¿Qué puede hacer? 

Firmar un convenio especial con la Seguridad Social es una alternativa.

Al suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, usted correrá a cargo de las cotizaciones, y le ayudará a reunir los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones del sistema de Seguridad Social.

¿Qué es un convenio especial con la Seguridad Social?

Es un acuerdo suscrito voluntariamente por los trabajadores con la Seguridad Social para poder generar, mantener o ampliar el derecho a prestaciones de la Seguridad Social. El trabajador tiene en estos casos la obligación de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Por ejemplo, ¿tiene 55 años y está en el paro? Puede suscribir un convenio con la Seguridad Social y seguir cotizando, de forma que cuando llegue su jubilación, le cuente como años trabajados.

¿Para qué sirve?

Los convenios cubren las prestaciones de invalidez permanente, muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y servicios sociales. Es decir, si se cumplen los requisitos, tener suscrito un convenio especial puede dar derecho a una pensión de jubilación o de viudedad y a las prestaciones que pueden derivarse de una enfermedad común o accidente no laboral.

¿Quién puede suscribirlo?

Hay varios supuestos. En general, los convenios especiales los suscriben los trabajadores que causen baja en la Seguridad Social, aquellos que sean contratados con remuneraciones inferiores a las cobraban en el último año, y aquellos que dejen de cobrar el paro. También pueden suscribir estos convenios los pensionistas que hayan sido declarados inválidos parciales y a los que se les haya denegado la pensión.

Para todos ellos, es requisito imprescindible tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 1.080 días en los doce años anteriores a su baja en la Seguridad Social.

¿Qué tengo que hacer?

Tiene que presentar la solicitud en la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social que corresponda a su domicilio (modelo TA-0040).

¿Cuánto voy a pagar?

Al suscribir el convenio, el interesado puede elegir entre las siguientes bases de cotización:

- La base máxima del grupo de cotización correspondiente a la categoría profesional en la que estuviera dado de alta, siempre que hubiera cotizado por ella al menos 24 meses en los últimos 5 años.

- La base por la que se hubiera venido cotizando en los últimos doce meses.

- La base mínima de cotización vigente.

A la base de cotización se le aplicará un coeficiente del 0,94.

La cuota se ingresa dentro del mes natural siguiente al que la misma cuota esté referida, salvo que el último régimen en el que se ha estado dado de alta sea el de autónomos. En ese caso, la cuota se ingresa dentro del mismo mes.

El ingreso se efectúa en la entidad financiera colaboradora, a través del documento de cotización TC – 1/50.

¿Cuándo deja de tener efecto? Suspensión y extinción

El convenio especial quedará suspendido en los periodos de actividad del trabajador. Se extingue si el interesado entra en el mismo régimen de Seguridad Social en el que haya suscrito el convenio. También se extingue si adquiere la condición de jubilado o pensiones por incapacidad permanente.

Otras causas de extinción son la falta de abono de las cuotas durante tres meses o por decisión del interesado, comunicada por escrito a la Dirección Provincial de la Tesorería.

Algunos supuestos especiales

Al margen de la regulación general, hay una serie de convenios especiales diseñados para supuestos especiales como el convenio especial de trabajadores que reduzcan la jornada por cuidado de un menor, minusvalido o familiar, el de trabajadores contratados a tiempo parcial, el de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, convenio especial durante la situación de alta especial como consecuencia de huelga legal o cierre patronal, convenio especial para trabajadores que cesen en las prestaciones de servicios o actividades, y el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.

Fuente: Seguridad Social Activa

Fecha: 30 junio 2016


 



 

 

Socios Colaboradores 
 
 
 

Cambios Emisión Certificados de Firma Electrónica Empresa 

Información sobre la Obtención de Certificados o Firma Electrónica de Empresa  (AVISOAEAT emisión FNMT)

Estos los cambios en la emisión por la FNMT se producen por la adaptación a la Normativa Europea "REGLAMENTO (UE) N o 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014"
Por ello los Certificados de Persona Jurídica que emite la FNMT son los Siguientes, como Representante:
Temas que debemos tener presente ante estos cambios.
  1. Todos los certificados emitidos son totalmente validos hasta su vencimiento, tanto de la FNMT o de cualquier otra certificadora.
  2. Cuando se emite un certificado de Representante de la FNMT,  en sustitución del que teníamos hasta la fecha con la FNMT, la clave publica cambia y por lo tanto las consultas de tramites realizados anteriormente con el orto certificado sustituido no funcionara.
    • Debemos en consecuencia guardar los documentos electrónicos presentados para tener el código de verificación o consultarlos con un certificado del obligado tributario.
  3. Si tenemos un certificado de Persona Física de la FNMT, podemos obtener el de Representante sin tener que acreditarnos en las oficinas de acreditación.
  4. Pero si tenemos que ir acreditarnos, tendríamos que disponer de poder notarial o escrituras donde estemos facultados para la representación y uso de firma electrónica, lo que no suele ser corriente en las mayoría de escrituras y por lo tanto tendríamos que realizar un poder notarial para tal efecto (coste aproximado 40 euros)

Servicio de notificaciones telemáticas de la Seg. Social

Las empresas y los autónomos ya no recibirán las notificaciones de la Seguridad Social por correo postal.
En su lugar, se puso en marcha un nuevo sistema per el cual solo se pueden recibir estas comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos a través de la Sede de la Seguridad Social.
Te recordamos:
El nuevo sistema obliga a la empresa a tener un certificado digital.
La empresa se obliga a consultar periódicamente si tiene alguna notificación pendiente de abrir.
Cualquier notificación que no se abra en 10 días se da como notificada.
Pueden recibir cualquier acta de procedimiento administrativo como pueden ser, por ejemplo, reclamaciones de deuda, providencias de apremio, aplazamientos de pagos de deudas, etc.
Con la voluntad de ofrecer un mayor Servicio y facilitar el trabajo, GALVEZ Y ALEDO, S.L te ofrece la posibilidad de gestionar estas notificaciones de la Seguridad Social por un precio fijo de 50,00 euros + IVA anual

La Junta General de la Sociedad podrá adoptar acuerdos sin la asistencia del Administrador

En la sentencia nº 255/2016 del Tribunal Supremo dictada el 19 de abril de 2016 (SIB-47535730) habilita a la Junta General de una Sociedad Limitada, a adoptar acuerdos sin la presencia física del administrador social, estableciendo la imposibilidad de que los administradores puedan elegir a representantes, exceptuándose el caso de que se trate de una persona jurídica.

Sobre la necesidad de que los administradores sociales asistan a las juntas generales y las consecuencias de su inasistencia, el Supremo señala que, el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), establece de forma imperativa, que los administradores deberán asistir a las juntas generales, “Dicho deber encuentra su justificación en que en la junta se desarrollan funciones esenciales para el correcto desenvolvimiento de la sociedad. En primer lugar, la función controladora o fiscalizadora que tiene la junta general respecto del propio órgano de administración (arts. 160 y 164 LSC), que difícilmente puede tener lugar si los administradores están ausentes.

No obstante, el precepto no anuda expresamente ninguna consecuencia a tal incumplimiento, e incluso el art. 191 de la misma Ley, referido a la mesa de la junta, admite implícitamente que los miembros del órgano de administración no estén presentes en la junta general, al prever que sean los socios quienes puedan elegir como presidente y secretario a personas diferentes. La Ley concibe la junta general como una reunión de socios y su celebración se referencia en todo momento a la asistencia de éstos.”

“El que la Ley no prevea expresamente y en todo caso la sanción de nulidad de la junta por inasistencia del órgano de administración tiene su fundamento en que, de haberlo hecho así, podría dar lugar a la imposibilidad de celebración de juntas generales por la sola voluntad de una o varias personas [los administradores], que mediante el simple expediente de no acudir a las juntas, paralizarían la sociedad. Sin que frente a dicha parálisis provocada de propósito hubiera remedio, puesto que aun en el caso de convocatoria judicial de la junta (actualmente, por el letrado de la administración de justicia o por el registrador mercantil), también podrían dejar de asistir los administradores, abocando a la sociedad a una situación sin salida. Dado que ello, además, impediría el ejercicio de la facultad de cese de los administradores ad nutum, que prevé el art. 223 LSC, ya que bastaría con que los administradores no asistieran para que no fuera posible cesarlos.”

Por tanto, la ausencia de los administradores sociales, como regla general, no puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad de la junta general, puesto que ello sería tanto como dejar al albur de los administradores la posibilidad de expresar la voluntad social a través de las juntas generales, ya que les bastaría con no asistir para viciarlas de nulidad. Sin perjuicio de la responsabilidad en la que, en su caso, puedan incurrir, conforme al art. 236 LSC, por infracción del deber legal impuesto en el art. 180 de la misma Ley.

Y por supuesto, con la posibilidad de que los socios consideren oportuna la suspensión o prórroga de la junta (art. 195 LSC) para lograr la asistencia de los administradores, por ejemplo para posibilitar el derecho de información.

No obstante, dicha regla general puede tener excepciones, por lo que no cabe una solución unívoca y terminante, puesto que, frente al supuesto básico de no suspensión o nulidad, habrá casos en que la ausencia de los administradores en la junta general podrá ser decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios que, precisamente, se ven satisfechos a través de la celebración de la junta.

Por ello, habrá que ponderar según cada caso hasta qué punto la inasistencia de los administradores puede justificar la suspensión o incluso la nulidad de la junta que se hubiera celebrado en su ausencia.

Aviso sobre la presentación de liquidaciones de cuotas que podrían tener la consideración de prescritas 

El art. 24 LGSS establece que prescribirá a los 4 años el derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas por cuotas y por conceptos de recaudación conjunta mediante las oportunas liquidaciones; la acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y la acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social.

En el apartado 3 de este mismo artículo se indica que la prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del responsable del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y, especialmente, por su reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o acta de liquidación.

Por este motivo, cuando en el Sistema de Liquidación Directa y en Red Directo, se presenten liquidaciones por cuotas respecto de las que hayan transcurrido más de cuatro años desde su plazo reglamentario de ingreso, se va a generar el siguiente mensaje informativo con la finalidad de advertir a los usuarios de la posibilidad de que las cuotas objeto de liquidación hayan podido resultar prescritas y para que se compruebe si se han producido las circunstancias previstas en el artículo 24 de la LGSS para su interrupción:

“A-9685: El período objeto de liquidación podría estar prescrito. La TGSS podrá ejercer las acciones oportunas tendentes a verificar dicha circunstancia con los efectos que correspondan, en su caso”.

El Tribunal Supremo comfirma la Responsabilida Penal de las Personas Jurídicas

La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal.

- En primer término, como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).

- Y en segundo término, que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. “Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”, señala la sentencia.

En su sentencia, aunque lo descartan en este caso, los magistrados advierten de situaciones futuras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que intenten evitar riesgos de ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona jurídica. Asimismo, sugiere al legislador que “remedie normativamente” este tipo de situaciones.

La resolución diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Estas, según la sentencia, han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis CP, sin perjuicio de que en el caso de autos se considere de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.

La sentencia cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que comparte el fallo de la resolución pero discrepa de parte de la doctrina que recoge. Así, considera que, en el caso de las personas jurídicas, altera las reglas probatorias aplicables con carácter general para la apreciación de circunstancias eximentes, estableciendo que las acusaciones acrediten el hecho negativo de la no concurrencia de instrumentos eficaces para la prevención de delitos. En opinión de estos magistrados, “no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria”, sino que corresponde a la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos.

  

Inventario físico al cierre del ejercicio

Como todos los años, os recordamos la importancia de que nuestros clientes realicen un INVENTARIO FISICO de sus existencias al CIERRE DEL EJERCICIO, para ello deben tener en cuenta una serie de pautas:

1.- El recuento físico se deberá realizar a finales de este ejercicio o en los primeros días del próximo año. En el almacén no habrá o estará completamente separada, la mercancía facturada o pendiente de entregar de este año.

2.- El recuento se hará antes de empezar a facturar y entregar mercancía en el año que viene.

3.- El recuento se plasmará o bien en nuestro documento tipo que facilitemos al cliente (FFI060),o bien, si tienen informatizados sus almacenes, directamente con los listados de su aplicación informática.

4.- Una copia de los impresos se encuadernarán con el resto de listados contables en los libros oficiales del presente ejercicio o bien se grabarán en el soporte magnético correspondiente.

5.- El saldo contable de la cuenta de existencias deberá coincidir con el saldo total de los impresos realizados.

Los beneficios fiscales relacionados con la residencia habitual están ligados a la titularidad del pleno dominio de la vivienda 

Una esposa, casada en régimen de separación de bienes, adquiere la nuda propiedad de una vivienda por donación, haciéndose cargo a cambio del cuidado de la donante que se reserva el usufructo, que constituye la vivienda habitual del matrimonio. Al tratarse de una adquisición lucrativa y haber satisfecho cantidades por tributos y gastos inherentes a la adquisición se plantea si podrá practicar alguna deducción en la declaración del IRPF.

Por tanto, según la DGT, la esposa no podrá practicar deducción alguna por las cantidades satisfechas en concepto de gastos y tributos inherentes a la adquisición de la nuda propiedad de la vivienda, si bien dichas cantidades, si han sido satisfechas por la adquirente, constituirán un mayor valor de adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial que pudiera generarse en una futura transmisión.

Reconocimiento de antiguedad ante sucesiones de contratos

Reconocimiento de la antigüedad correspondiente al periodo de prestación de servicios, en virtud de siete contratos temporales eventuales, con anterioridad a la suscripción de un contrato indefinido. Tiene acción la demandante porque, aunque se trate de una acción meramente declarativa, existe un conflicto y un interés actual digno de protección. Nulidad de actuaciones al haber estimado la sentencia de instancia, confirmada en suplicación, la excepción de falta de acción.

Correcciones de valor: Amortizaciones

En la Ley de 27/2014, de noviembre, del Impuesto de Sociedades, se ha incluido la nueva tabla de amortizaciones con efectos desde 1 de enero de 2015.
No está previsto que se vayan a publicar tablas sectoriales, por lo que, en principios, estas van a ser las únicas tablas.

No obstante, el artículo 12 " Correcciones de valor: Amortizaciones, de la citada Ley establece al respecto que reglamentariamente se podrán modificar los coeficientes y periodos previstos o establecer coeficientes y periodos adicionales.

Autónomos requisitos, solicitud, nacimiento y duración de la prestación por desempleo

La prestación por cese de actividad de un autónomo se tramita en las oficinas de empleo o la Mutua a la que se encuentre adherido y se percibe durante un máximo de 12 meses por un 70% de la base reguladora.

Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección.

  • Estar afiliado y en situación de alta en el RETA o al RE de Trabajadores del Mar.
  • Solicitar la baja en el régimen especial correspondiente a causa del cese de actividad.
  • Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad.
  • Encontrarse en situación legal de cese de actividad.
  • Suscribir el compromiso de actividad, que supondrá acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de la realización de actividades formativas de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora, así como de las acciones específicas a las que se le convoque.
  • No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas al correspondiente Régimen Especial de la Seguridad Social en la fecha del cese de actividad.
  • La solicitud y la documentación acreditativa del cese de actividad puede presentarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo.

    La solicitud deberá ir acompañada de la documentación exigida según cada caso.

  • La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de la edad y los períodos cotizados efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la siguiente escala (Art. 8 ,Ley 32/2010, de 5 de agosto y Art. 12 ,Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre).

Retribuciones de los administradores (URGENTE)

Cambio obligado por imperativo legal de los estatutos sociales de todas las empresas que tengan forma jurídica.

La AEAT obliga para poder deducir las retribuciones de los administradores de sociedades que perciban salario vía nómina, (es decir el 99% de las sociedades), aunque la retribución no sea por el cargo y si por funciones distintas (lo general y habitual de todas las sociedades pymes y microempresas), a que en los estatutos sociales (carácter mercantil), este así previsto.

Es obligado ir al Notario y al Registro Mercantil al que pertenezca la sociedad y debe poner, en el artículo “RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES”:

“El cargo de administrador será retribuido. La retribución de los administradores consistirá en una remuneración bruta anual, consistente en una cantidad fija, que será acordada para cada año por la Junta General, con los límites que, en su caso, establezca la Ley.

La  retribución del cargo de administrador anterior, se entiende sin perjuicio de las cantidades que adicionalmente pueda percibir como honorarios, o salarios en razón de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el caso.”

Hacienda puede investigar a los contribuyentes de forma indefinida y no solamente durante los cinco años en que prescribe el delito fiscal con carácter general (el agravado puede extenderse a 10 años)

Hacienda puede investigar a los contribuyentes de forma indefinida y no solamente durante los cinco años en que prescribe el delito fiscal con carácter general (el agravado puede extenderse a 10 años cuando se trate de delitos de especial transcendencia).

La no prescripción no se limita a la mera comprobación de los actos tributarios pasados, sino que la Agencia Tributaria puede cuestionar a efectos fiscales una operación ya prescrita que beneficie a un contribuyente. Por ejemplo, una empresa que se haya deducido los gastos financieros y que Hacienda considere años después que detrás de la operación había en realidad un fraude de ley.

Por ejemplo, cuando se trate de créditos fiscales o deducciones acreditadas en ejercicios ya prescritos y que ahora podrán ser echadas para atrás por la Agencia Tributaria aunque haya caducado el delito si considera que existe fraude de ley.

El proyecto de ley declara la no prescripción de las investigaciones de los funcionarios de la Agencia Tributaria siempre que busquen el origen de un delito fiscal. El nuevo artículo 66 bis establece, en concreto, que “no prescribirá el derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones”.


El nuevo artículo 66 bis establece, en concreto, que 'no prescribirá el derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones'







 

Actuaciones ante una incorrecta aplicación de las retenciones en las nóminas

Pueden darse situaciones en las que la empresa no traslade a las nóminas de sus trabajadores la rebaja tributaria que entró en vigor este año.

Aunque no es un hecho generalizado, refleja que algunas compañías no han actualizado la gestión de nóminas para incluir los nuevos tramos y tipos impositivos. En ocasiones se alega falta de tiempo para realizar las actualizaciones y modificaciones necesarias, a pesar de que la reforma del reglamento del IRPF, donde se especifica la forma de determinar el tipo de retención, se aprobó en diciembre. En principio, el asunto debería resolverse con la mera comunicación del error.

Para los empleados a los que sus compañías le retengan en sus nóminas el IRPF, el efecto de la reforma fiscal debería de ser directo. En primer lugar, porque se eleva elumbral mínimo de retención hasta 12.000 euros anuales

Para el resto de trabajadores, los efectos variarán según las cuantías que cobren anualmente. Es necesario aclarar que las retenciones no siempre se verán ajustadas desde la primera nómina de 2015. Como ocurre casi siempre que hay un cambio en la tarifa del IRPF, es posible que sea a medida que transcurran los meses cuando la nueva retención que le corresponda se adapte completamente a su salario bruto. 

Las empresas que no han aplicado correctamente las nuevas retenciones aplicables tras la reforma fiscal deberían reajustar la nómina en febrero y lo que se hubiera tributado de más en enero se corregiría en los meses posteriores. El tipo de retención que aplican las empresas tiene una fórmula de cálculo concreta en el que están relacionados la retribución bruta anual prevista, las cotizaciones sociales a cargo del empleado, las reducciones fiscales (actualmente de 2.000 euros con carácter general), los tipos y tramos impositivos y la situación del contribuyente que, a su vez, determina los mínimos personales y familiares.

Es importante tener en cuenta que es el empresario quien está obligado a efectuar las retenciones a cuenta del IRPF, de las retribuciones dinerarias que abona a sus trabajadores, es decir, la "deuda" es de la empresa que es la que tiene la obligación de retener.

En virtud de lo establecido en el artículo 99 de la Ley del IRPF, se deduce que el trabajador puede deducir de la cuota que le resulte en su declaración de IRPF las cantidades que legalmente le debieron ser retenidas. Por tanto, el trabajador al hacer su declaración de la renta ha "regularizado" su situación.

En este caso el retenedor (empresa), siempre que no haya requerimiento previo por parte de la Administración tributaria, podrá presentar, una autoliquidación complementaria fuera de plazo, rectificando los datos incluidos en la autoliquidación inicialmente presentada e ingresando simultáneamente el diferencial entre el importe de las retenciones practicadas y las que legalmente debió realizar

 

Una vez presentada dicha autoliquidación complementaria e ingresado su importe, la Administración tributaria aplicará unos recargos sobre el mismo, por ingresos extemporáneos.

Los autónomos societarios  no pueden ponerse nómina. Novedades 2015

Además, tras las medidas anunciadas en la Reforma Fiscal y la nueva Ley del IRPF, que entró en vigor este 2015, parece que este año las reglas del juego han cambiado. Así, desde el pasado 1 de enero, la retribución recibida en concepto de prestación de servicios profesionales por autónomos que participen en una sociedad será considerada como rendimiento de actividades económicas.

 Básicamente, que los autónomos societarios que desempeñen una actividad profesional remunerada para su sociedad, es decir, los autónomos que son socios trabajadores, deberán cobrar por factura y no por nómina, siempre y cuando su cotización se efectúe en el régimen de autónomos o en una mutualidad que actúe como alternativa al RETA. Además, la presentación de esta factura conlleva la preceptiva repercusión del IVA (normalmente al tipo general del 21%)

era habitual y estaba enormemente extendido en las PYMES españolas que los socios fuesen a su vez trabajadores de sus sociedades percibiendo, como un trabajador más, su correspondiente salario a través de una nómina.

Pero hace unos años, Hacienda comenzó a plantearse si los servicios prestados por un socio con cierto control en la sociedad a su propia sociedad originaban retribuciones del trabajo o de actividades económicas, ya que cuestionaba el rigor fiscal de que un socio “dominante” pudiera contratarse laboralmente a sí mismo.

Para atajar el problema, la Agencia Tributaria estableció ciertos parámetros de dependencia(asistencia al centro de trabajo, sometimiento a horarios) y ajenidad (decisiones sobre la clientela o la fijación de precios, etc) para establecer si la relación entre el socio y la sociedad era laboral o se trataban de operaciones sujetas a IVA. No obstante, esto creaba una situación de gran inseguridad jurídica.

Sin embargo, la nueva normativa establece unos criterios mucho más rígidos a la hora de determinar si los rendimientos obtenidos proceden del trabajo (los rendimientos de los trabajadores asalariados) o de actividades económicas (rendimientos obtenidos por autónomos, empresarios y profesionales independientes).

Sistema de pago del IVA de importación

Con relación a la novedad en el sistema de pago del IVA de importación (vía autoliquidación del IVA), a continuación se relacionan las freguntas frecuentes que sobre este tema están a disposición en la página web de la AEAT.
Consulta del IVA importación con diferimiento de pago
El artículo 167.dos de la Ley 37/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, ha sido modificado por la Ley 28/2014 de 27 de noviembre, incluyendo bajo ciertas condiciones, la posibilidad de ingresar las cuotas del IVA de importación en la declaración-liquidación correspondiente al período en que reciban el documento en el que conste la liquidación practicada por la Administración.
La Administración, en su deber de asistir a los contribuyentes en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, ha creado un nuevo trámite en Sede electrónica, dentro del procedimiento de importación, que estarádisponible a partir del 10 de enero. Este trámite, denominado “Consulta del IVA importación con diferimiento de pago”, permite consultar las cuotas de IVA diferido correspondientes a cada periodo, así como el estado en que estas deudas se hallan.

El cierre del ejercicio social de una entidad marca los plazos para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y fiscales que a continuación se detallan. Se indica como ejemplo la fecha límite de obligaciones del 2014 en el caso de entidad con ejercicio social igual al año natural (es decir, cierra a fecha 31 de diciembre).
Se tiene un plazo de tres meses para la formulación de las Cuentas Anuales: en este caso hasta 31 de marzo de 2015.
Siendo el plazo para la legalización de los Libros Oficiales de cuatro meses desde el cierre del ejercicio: hasta el 30 de abril de 2015. 
El plazo para la aprobación de las Cuentas Anuales en la Junta General de accionistas, es de seis meses a contar desde el cierre, teniendo desde su aprobación, treinta días naturales para depositarlas en el Registro Mercantil: fecha límite para dicho depósito es el 30 de julio si la Junta de aprobación de cuentas se celebra el 30 de junio de 2015 (fecha límite). 
Plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades. Este impuesto se presentará dentro de los veinticinco primeros días naturales siguientes a los seis meses posteriores a fecha de cierre. En el ejemplo planteado se tendría desde el 1 de julio hasta el 27 de julio de 2015. Los plazos expuestos son de fecha a fecha, y los días siempre naturales.

Los arrendadores han quedado excluidos del 390

La Orden HAP/2373/2014 que aprueba el nuevo modelo 303 del 4º del 2014 y el 390, excluye de la obligación de presentar el modelo 390 a los sujetos pasivos con periodo de liquidación trimestral que tributen en territorio común y que realicen exclusivamente la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos o actividades en el régimen simplificado.

Los arrendadores han quedado excluidos del 390 y sólo tendrán que presentar el 303 del 4ºT

Deudas que se pueden aplazar en la Seguridad social

Se pueden aplazar todas las deudas con la Seguridad Social, a excepción de (art. 32 RD 1415/2004):

- Las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores o “cuota obrera”, de cuyo ingreso sea responsable el empresario.

El aplazamiento incluye todas las deudas, incluidos recargos, intereses y costas.

Y si la deuda es superior a 30.000 euros, debe otorgarse garantía suficiente para cubrir ese importe total.

El responsable del pago de la deuda, cuando su situación económico-financiera y demás circunstancias les impidan efectuar el ingreso en los plazos establecidos.

Cuándo se puede pedir el aplazamiento

Cuando existan deudas que estén fuera del periodo reglamentario de ingreso, aun dentro del periodo de recaudación voluntaria. Incluso si la deuda está en vía ejecutiva.

Es decir, debe haber previamente una reclamación de deuda o directamente una providencia de apremio emitidas por la TGSS.

La solicitud, eso sí, no suspende el procedimiento recaudatorio.

Qué incluye el aplazamiento

El principal de la deuda y, en su caso, los recargos, intereses y costas del procedimiento que fueran exigibles en la fecha de solicitud (art. 20 LGSS).

Cuánto tiempo dura

La duración total del aplazamiento no puede exceder de cinco años, si bien cuando concurran causas extraordinarias debidamente acreditadas el órgano competente puede elevar al Director General de la TGSS propuesta favorable para conceder un período superior.

Efectos del aplazamiento

Básicamente tiene dos efectos fundamentales:

- Al empresario o a la empresa se le considera al corriente del pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Se suspende el procedimiento recaudatorio.

Y, si se incumple el aplazamiento, proseguirá el procedimiento de apremio iniciado antes de la concesión, dictándose sin más trámite providencia de apremio por la deuda no reclamada, con su correspondiente recargo.

Autónomos como micropymes

Si es autónomo y su empresa es considerada como microempresa, le interesa mantener la plantilla media de 2014 al menos con el mismo número de empleados que en 2008 para poder reducir su rendimiento neto de actividades económicas un 20%. En 2015 será indiferente desde el punto de vista fiscal reducirla, ya que desaparece este incentivo al empleo. ( menos de 5 millones del importe neto de cifra de negocio y plantilla inferior a 25 trabajadores )

Pasos a seguir para la cancelación de una hipoteca.

Normalmente los encargados de de llevar a cabo la cancelación de la hipoteca suelen ser los bancos y las Gestorías. Sin embargo, es un trámite que puede realizar el propietario. 
Se debe seguir los siguientes pasos: 
* Solicitar a la entidad financiera un certificado de deuda de saldo cero: una vez pagada el préstamo debemos solicitar al banco la emisión del certificado de deuda cero. Este certificado demuestra que el préstamo ya esta pagado en su totalidad.
Por la emisión de este certificado, la entidad no debe de cobrar ninguna cantidad al cliente. NORMALMENTE SUELE COBRAR ALREDEDOR DE 100 EUROS.
* Entregar el certificado al notario.
* Acudir hacienda se solicita la liquidación de Actos Jurídicos Documentado ( Modelo 600).
*Acudir al registro de la propiedad.
Siguiendo estos pasos nos ahorramos la verdad que muchísimo dinero sobre todo lo de los bancos.
Lo único para que el banco no ponga ninguna pega es llevar un escrito donde se manifieste lo indicado y además que se desestima el consentimiento que os representen.

Gastos de cancelación de una hipoteca lleva asociados los siguientes pasos:
* Comisión de cancelación: su coste depende del capital prestado. Suele oscilar entre 0.25% y un 0, 50%.
* Gastos notariales y registrales; los gastos de cancelación registral de una hipoteca han sido modificados con la aplicación Real Decreto ley 18/2012 del 11 de mayo. 
Ahora la base sobre la que se aplica el arancel sobre el capital inscrito inicialmente, es decir, sobre el importe del préstamo solicitado en su día. Con este nuevo arancel pasar por el notario cuesta mucho más que antes.
Los gastos que no pueden cobrar estos profesionales:
* Notarios: las minutas de notarios no podrán incluir gastos como " información resgitral, fax de comunicación al registro, certificado de cargas, obtención de certificaciones bancarias o búsqueda de antecedentes"
* Registradores: estos no podrán incluir en sus honorarios conceptos como " certificaciones telemática, certificación gráfica y catastral, nota marginal geobase o nota informativa notario ".
SI en la factura del notario estuviese incluido alguno de estos conceptos de podrá recurrir a la Dirección de Recursos y del Notariado para pagar estrictamente lo que dicta la ley.

Los gastos de cancelación hipotecaría se puede abaratar si se prescinde de la intermediación de los bancos y las gestorías.
 

Hacienda no puede notificar dos actos en un documento

Hacienda no puede notificar en un mismo documento la declaración de caducidad de un procedimiento previo junto con el inicio de un nuevo procedimiento, según se precisa en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (Teac), de 19 de febrero de 2014.
La Sala estima que no es compatible la notificación en un solo documento, pues o bien no se incluiría en él la advertencial obligatoria sobre los recursos posibles que le asisten al contribuyente, o bien se advertiría al interesado sobre los recursos posibles, con riesgo de cierta confusión pues habría que indicarle que del único acto notificado, exclusivamente puede recurrir la declaración de caducidad.

Conservación de la documentación contable y fiscal de la sociedad

El plazo en el que debe conservar toda la documentación contable y fiscal de un ejercicio es de 6 años desde la fecha del último apunte contable (al ser este plazo mercantil más largo que el fiscal de 4 años).
De acuerdo con el Código de Comercio todo los libros y justificantes de la empresa, deben conservarse, durante 6 años, a partir del último asiento realizado en los mismos.
A efectos fiscales los libros de contabilidad, libros registros, así como los soportes documentales (facturas, documentos bancarios, etc), incluidos los programas y archivos informáticos y cualquier otro justificante que tenga trascendencia fiscal, deben conservarse, al menos, durante el periodo (actualmente de 4 años) en que la Administración tiene derecho a comprobar y liquidar deuda tributaria. Este plazo empieza a contar desde el día en que finalice el plazo voluntario de presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación que se esté analizando.
Así por ejemplo, una sociedad deberá conservar toda la documentación relativa al año 2013:
- A efectos fiscales: hasta el 26 de julio de 2018 ( cuatro años desde la presentación de la última declaración del año 2013 que fue la del Impuesto sobre Sociedades, presentada el 25 de julio de 2014).
- A efectos mercantiles: hasta el 31 de diciembre de 2019 (seis años desde el último apunte contable en la contabilidad de 2013).
Ante esta regla general cabe mencionar dos supuestos especiales y muy habituales:

1º.- Se declaran bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades (IS): todos los justificantes contables y documentales, así como la declaración del IS del ejercicio en que se generó la base imponible negativa, deben conservarse durante el plazo que medie desde que se genera la base negativa hasta que ésta sea compensada en su totalidad, más los 4 años de prescripción del ejercicio en el que se compensa dicha base imponible negativa.
2º.- Hay facturas de inmovilizado: estas facturas deben conservarse durante todos los ejercicios en los que genere gasto de amortización, más los 4 años de precripción a contar desde el ejercicio en el que se termina de amortizar dicho elemento de inmovilizado.
RECORDAD: Guardar de manera separada las facturas de los elementos de inmovilizado que le generan gasto por amortización, y toda la documentación relativa a ejercicios en los que se ha declarado base imponible negativa en el IS (ya que en estos casos, el plazo de deber de conservación de la documentación puede exceder de los 6 años).

Nueva modificación de la Ley Concursal

Con elReal Decreto-ley 4/2014,publicado en el BOE el 8 de marzo, se ha aprobado una modificación de la Ley Concursal en la que se incluyen una serie de medidas de urgencia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial para evitar que compañías rentables, pero con falta de liquidez, tengan que acudir al concurso de acreedores.

El objetivo que persigue el Gobierno es que la legislación concursal no suponga trabas en los procesos de refinanciación de aquellas empresas que, si bien están endeudadas, son viables, evitando así la destrucción de empleo y productividad. Por ello, el Ejecutivo modifica la ley para incluir medidas que faciliten la celebración de acuerdos de refinanciación, potencien las quitas y los aplazamientos de pago y la conversión de deuda en capital.

El decreto insiste en la fase preconcursal para facilitar el acuerdo entre deudores y acreedores y evitar así la liquidación de empresas. Además, se ha eliminado la obligación de un experto independiente, puesto que suponía en ocasiones un "coste y dilación" adicional al proceso.

En el caso de acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente, la mayoría exigida del acuerdo pasa del 55% al 51% (mayoría simple). En los préstamos sindicados, se entiende que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a favor el 75% del pasivo representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior.

Si el 60% de los acreedores de pasivos financieros han acordado aplazamientos de hasta cinco años y la conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo, estas medidas se extenderán a los acreedores disidentes sin garantía real. Si el acuerdo ha sido suscrito por el 75% de los acreedores de pasivos financieros, se extenderán a los acreedores disidentes las esperas entre 5 y 10 años.

Asimismo, los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieran tenido cualquiera de esta condiciones dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, así como los socios que se hubieran negado sin causa razonable a la capitalización de créditos y que se entiendan afectados por dicha calificación; podrán ser condenados a la cobertura total o parcial del déficit, es decir, a abonar aquella parte residual que no haya sido cubierta por la liquidación. Para ello, es necesario que su conducta haya generado o agravado la insolvencia.

La norma además, modifica el Real Decreto de régimen de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). Así pues, se exceptúa la OPA y la necesidad de solicitar dispensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en procesos de capitalización derivados de las nuevas normas. Esto es, si un acreedor sobrepasa el 30% del capital tras convertir deuda en acciones no tendrá la obligación de comprar la empresa. Ahora bien, si este mismo acreedor adquiere luego paquetes adicionales si tendría que lanzar una OPA.

Recuperación del IVA de las facturas impagadas.

Las claves del servicio son las siguientes:
Importancia del plazo de reclamación: únicamente se puede realizar este trámite durante los tres meses siguientes a los seis meses posteriores al devengo de la factura (12 meses si la facturación de la empresa fuera superior a los seis millones).
Si estás en plazo, hay que emitir una factura rectificativa de la factura impagada.
Se recomienda que la factura rectificativa lleva base cero euros y el importe total corresponderá al del IVA que recuperamos (en negativo).
Para clientes en concurso cambian los plazos, tienes un mes para realizar la factura rectificativa desde que se publica en el BOE que el cliente ha entrado en concurso.
Asegurar el envío de la factura rectificativa: se la tienes que enviar al moroso (mejor si lo haces por correo certificado) y a Hacienda. Tienes de plazo sólo un mes desde su emisión.
El trámite en Hacienda: junto a la factura rectificativa, tienes que adjuntar copia de la factura original y los documentos que acrediten que has intentado cobrarla por vía judicial o notarial.
No tienes que olvidar consignar en la liquidación trimestral del IVA la reducción de la base imponible correspondiente al IVA incobrado. Es la forma que tienes de recuperar ese IVA impagado. No es que la pagan, sino que la compensan.

El autónomo que pida la ayuda de paro tendrá 30 días para regularizar sus cuotas.

La nueva normativa -que podrá modificarse en el Parlamento- incluye dos grandes novedades para el colectivo de trabajadores por cuenta propia: obliga a todos a cotizar por esta ayuda por quedarse en paro (hasta ahora era voluntario) y rebaja sustancialmente los requisitos para poder cobrarla.
Cotización obligatoria. La normativa que propone el Ministerio de Empleo establece "la obligatoriedad de su cobertura". Esto quiere decir que ya no serán solo los autónomos dependientes quienes coticen por este concepto, como ocurre e la actualidad, sino todo el colectivo. La exposición de motivos de este anteproyecto de Ley justifica esta decisión para "no comprometer la viabilidad financiera del sistema". El tipo de cotización por cese de actividad es del 2,20%. Si bien si el autónomo cotiza también por enfermedad común, se establece una rebaja de medio punto, de forma que el tipo general con cotización por ambas contigencias queda fijado en el 29,30% de la base reguladora.
Nuevas cotizaciones. En esta misma línea de aumentar los ingresos, la exposición de motivos de esta norma abre la puerta a que Empleo establezca nuevas cotizaciones por contingencias profesionales (por accidente laboral) para determinados colectivos de autónomos, según la peligrosidad de la actividad que desarrollen. En la actualidad, al igual que ocurre con la cotización por cese de actividad, solo los autónomos dependientes y ya algunos por las características de la actividad están obligados a cotizar por contingencias profesionales.

Regularizar la deuda. En la actualidad, el autónomo con derecho a la prestación por cese de actividad debe estar al día del pago en las cotizaciones a la Seguridad Social o de lo contrario no existía posibilidad de cobro. Con la nueva ley que propone Empleo, el trabajador tendrá 30 días para ponerse al día en el pago de estas cuotas y, de esta forma, poder recibir la ayuda. Además la regularización del descubierto contará para la base reguladora y la adquisición del derecho.
Menos pérdidas exigidas. En compensación a estas mayores cotizaciones, Empleo rebaja notablemente los requisitos que deberán cumplir los autónomos para cobrar la ayuda del cese de actividad. Así, el anteproyecto propone eliminar la exigencia de pérdidas equivalente a entre el 20% y el 30% de los ingresos; y, en su lugar, solo será necesario "un resultado negativo eto en las cuentas de cierre del ejercicio o bien en el momento de cese de actividad. Se computarán los ingresos y gastos de un año completo, excluido el primer año de inicio de la actividad".
Documentación acreditativa. La nueva regulación permitirá al autónomo probar las circunstancias económicas negativas mediante documentos contables del trabajador "y no a través de medios que no le son exigibles" como ocurre en la actualidad.
Nuevos beneficiarios. La norma propone ampliar la cobertura a los administradores de las sociedades de capital que sean expulsados de su actividad retribuida; a los familiares del autónomo a los que les ocurra lo mismo; y a los autónomos dependientes que prueben que lo son aunque no estén reconocidos formalmente como tales.

¿Estamos obligados a presentar un plan de recolocación si hacemos un despido colectivo?

Depende del número de trabajadores a los que afecte el despido colectivo. Independientemente de las medidas sociales de acompañamiento que la empresa tiene obligación de negociar en cualquier ERE definitivo (de extinción de contratos) con los representantes de los trabajadores (comisión negociadora) durante el periodo de consultas, si el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores, su empresa está obligada a ofrecer a los empleados un plan de recolocación externa a través de empresas debidamente autorizadas para ello. Únicamente se exime de esta obligación a las empresas que estén inmersas en un procedimiento de concurso de acreedores. 

El plan deberá garantizar a los trabajadores afectados por el despido colectivo una atención continuada por un periodo mínimo de seis meses y deberá contener medidas en las siguientes materias: de intermediación, de orientación profesional, de formación profesional y de atención personalizada. 

Tenga también en cuenta que el coste del plan no podrá recaer en ningún caso en los trabajadores y que la autoridad laboral velará por el cumplimiento de dicho plan. Además, en caso de que su empresa lo incumpliese, los propios trabajadores podrían reclamar judicialmente la ejecución de las medidas contempladas en él.

¿Podemos eliminar el plan de retribución flexible que concedemos a nuestros empleados?.

Depende de cómo esté redactado el plan de retribución flexible (o plan de compensación). Si en él se ha especificado expresamente que el plan está previamente sujeto a que se den ciertas condiciones, tales como productividad, consecución de objetivos, nivel de ventas, etc. o que se revisará cada cierto tiempo (por ejemplo, anualmente, que es algo muy habitual) podrá suprimirlo unilateralmente, tal y como ha sentenciado la Audiencia Nacional (sent. de la AN de 3.02.12).

Ahora bien, si no se contempla expresamente que el plan se revisará ni la empresa ha incluido en el plan una cláusula por la que se reserve su derecho a modificar o suprimir el plan si las circunstancias lo aconsejan y su empresa lleva varios años ofreciendo el plan, entonces no podrá suprimirlo unilateralmente. En este caso, deberá recurrir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo (art. 41 del ET).

LEY DE EMPRENDEDORES: ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS

El procedimiento a seguir comienza con que el empresario (persona física o jurídica) se encuentre en situación de insolvencia y justifique que su pasivo no supera los 5 millones de euros. A continuación se solicitará la designación del mediador concursal al Registro Mercantil correspondiente. Éste designará un profesional idóneo e independiente que impulse el acuerdo y se asegure del cumplimiento de los requisitos de publicación y publicidad registral.

El negociador motivará una reunión, dentro de los dos meses siguientes a la aceptación del cargo, de todos los acreedores en la que se les presentará una propuesta realizada por el negociador. En la reunión se discutirán los planes de pagos y la posibilidad de saldar deudas con la cesión de bienes.

Los planes de pagos no podrán superar los tres años y la condonación de deuda no podrá superar el 25 % de la deuda.

Se introduce una regulación para la exoneración de deudas residuales. Se podrá aplicar, cuando se liquide el patrimonio del deudor, siempre que éste no sea culpable de insolvencia y se satisfaga parte de la deuda, concretamente los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados. En comparación con el régimen habitual se elimina el 25 % del importe de los créditos concursales ordinarios.

El mediador solicitará la declaración de concurso si los acreedores que posean el 50 % o más del pasivo deciden no continuar con el Acuerdo.

El Acuerdo se considerará aceptado si el 60 % o más del pasivo lo aceptan, a excepción de los casos en los que se salden deudas con activos, en cuyo caso se necesitará la aceptación del 75 % del pasivo

En el momento de la publicación de la apertura del expediente, los acreedores afectados por el Acuerdo no podrán en los tres meses siguientes iniciar, ni continuar ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor, menos créditos con garantía real.

En caso de que no se alcance el acuerdo o se constate el incumplimiento, se dará por fracasado el procedimiento, siendo éste considerado como tránsito al concurso.

A través de los Puntos de Atención al Emprendedor se podrán realizar trámites administrativos necesarios para el cese de actividad.


La extincion de deudas de las personas fisicas comerciantes, como novedad de la Ley de Emprendedores.

La nueva Ley de emprendedores que entro en vigor el pasado mes de octubre de 2013 introduce importantes novedades dentro del ámbito Concursal, siendo la más destacable y con mayor recorrido, según nuestro parecer, la posibilidad de extinguir deudas por parte de las personas físicas.
Antes de la entrada en vigor de la Ley de emprendedores, cualquier comerciante persona física, que se encontraba en situación de insolvencia y no podía afrontar el pago de sus deudas no tenía otra solución que " redimir sus pecados" pagando la totalidad de las deudas contraídas con sus acreedores (bancos, hacienda, Seguridad Social, proveedores, trabajadores, etc...), aún cuando presentara un concurso de acreedores.

El escenario cambia radicalmente con la publicación de la nueva Ley de Emprendedores y su entrada en vigor, pues la misma crea la figura del concurso consecutivo.
Este concurso se configura como una especialidad dentro del concurso abreviado, permitiéndose únicamente la apertura de la fase de liquidación.

La gran novedad de este tipo de concurso, aplicable a la persona física comerciante, no es otro que la Ley permite redimirse de sus deudas, esto es, se le perdonan sus deudas.

Sin embargo, la Ley exige unos mínimos pagos o sacrificios para que ese perdón se produzca, como así es el pago de los créditos contra la masa, los créditos concursales con privilegio especial y general, así como el pago del 25 % de la totalidad de créditos ordinarios.

Realizados estos pagos las restantes deudas no saldadas se extinguen y el emprendedor puede volver a la actividad de comerciante limpio de deudas.

Los 15 días de preaviso en caso de despido objetivo ¿se aplican a todo tipo de extinciones o sólo a las realizadas por causas económicas?

El periodo de 15 días de preaviso que hay que conceder al trabajador (o bien abonar el importe de los días no preavisados) se aplica en cualquiera de los casos que permiten a una empresa despedir a un trabajador por causas objetivas (despido objetivo por absentismo, despido objetivo por ineptitud sobrevenida, despido objetivo por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo…). 

La única diferencia es que cuando el despido objetivo es por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas la empresa está obligada expresamente a entregar una copia del escrito de preaviso a los representantes legales de los trabajadores para su conocimiento, algo que no se exige en el resto de despidos objetivos (art. 53.1.c del ET). Consulte además su convenio colectivo por si dispone algo al respecto.

Tenga también en cuenta que si opta por conceder el preaviso (en lugar de abonar los días no preavisados), durante el período de preaviso el trabajador tendrá derecho a un permiso retribuido  de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo (igual que si se tratara de un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas).

¿Qué contrato hay que formalizar con un trabajador para que coincida con una embarazada a la que sustituirá durante su baja?

El contrato idóneo para sustituir a una trabajadora de baja por maternidad (y, por lo tanto, con derecho a reserva de puesto) es el contrato de interinidad. Sin embargo, este contrato debe formalizarse justo cuando se produce la baja por maternidad y no antes (salvo que la trabajadora embarazada sufriera una baja por IT derivada del embarazo), por lo que es imposible contratar a un trabajador bajo esta formula y que coincidan el sustituto y la trabajadora a quien sustituye. Por ello, si es importante que coincidan ambos, es necesario contratar al sustituto bajo otra modalidad de contrato. 

Ahora bien, no es tan sencillo decidir qué tipo de contrato formalizar para que la embarazada y su sustituto coincidan un tiempo. Si se trata de un contrato eventual por circunstancias de la producción, deberá poder acreditar que el trabajador debe atender exigencias circunstanciales del mercado o que existe una acumulación de tareas o un exceso de pedidos. Y si se plantea recurrir al contrato de obra, su empresa deberá justificar que existe una obra o servicio con autonomía y sustantividad propia y que se trata de una actividad normal o permanente dentro del ciclo productivo de la empresa. 

Una vez que la trabajadora dé a luz, su empresa tiene dos opciones: o bien mantener el contrato temporal (teniendo en cuenta que si es eventual, su duración máxima es de seis meses dentro de un periodo de un año) o bien dar por finalizado el contrato temporal y suscribir un contrato de interinidad durante las 16 semanas de duración de la baja maternal. Ahora bien, en este caso, su empresa no podrá beneficiarse de la bonificación que tienen los contratos de interinidad por sustitución de una embarazada, ya que se exige como requisito para beneficiarse de dicha bonificación que el trabajador que sustituya a la embarazada esté desempleado

¿Tiene validez las facturas enviadas por correo electrónico?

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de facturación el pasado 1 de enero se legalizó todas las facturas enviadas mediante correo electrónico. Se normalizaba así una práctica generalizada sobre todo por los trabajadores autónomos y PYMES, pues supone un importante ahorro de tiempo y costes de impresión y envió.

Ahora para que una factura electrónica sea válida debe cumplir los siguientes requisitos:
 
  • Contener los datos del emisor y receptor, tener un número, fecha de expedición, describir los productos o servicios y desglosar el IVA.
  • El cliente ha de dar explícitamente su consentimiento para recibir las facturas mediante el e-mail. En la autorización, que debe ser expresa y por escrito, debe indicarse la cuenta de envió y de recepción de los documentos, para evitar errores.
  • Que se garantice la autenticidad del origen e integridad del mismo. Por ello, se acostumbra a utilizar el correo corporativo de la empresa y un formato PDF donde no se puede alterar el contenido. Se aceptan los formatos xml, pdf, html, gif, jpg. y puede remitirse por correo electrónico o mediante puesta a disposición del cliente en un sitio web para su posterior descarga e impresión, si se desea.
  • Queda suprimido pues el requisito de la firma mediante certificado digital reconocido por la Agencia Tributaria. Sin embargo, como en la factura en papel – donde el sello garantiza su validez- en la electrónica se incide en garantizar el origen y el contenido.

Por otra parte, el envío de facturas por correo electrónico sin cumplir los requisitos y procedimientos establecidos puede implicar sanciones para el expedidor y emisor de la factura.  La Administración Tributaria podrá imponer multas equivalentes al 1% del importe de las facturas en las que se hubiera producido el incumplimiento. Dicho importe podría incrementarse gradualmente hasta el 2% cuando el volumen de las facturas enviadas superara el 20% del total de facturación.


La Seguridad Social activa el servicio electrónico para el pago de las deudas en vía ejecutiva con tarjeta bancaria

La Seguridad Social ha puesto en marcha un servicio electrónico que permitirá el pago de las deudas en vía ejecutiva con tarjeta bancaria de débito o crédito y va dirigido a ciudadanos, empresas y profesionales que mantengan deudas en vía ejecutiva con el organismo.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)  ha desarrollado este nuevo servicio denominado “Pago con tarjeta de deudas en vía ejecutiva”, por el que podrán abonarse las deudas derivadas de expedientes y providencias de apremio y de expedientes de aplazamiento.

Se trata de una gestión que no precisa de certificado digital ni tiene coste alguno para el usuario ya que no generan ningún tipo de comisión.  El pago con tarjeta de débito o de crédito será efectivo entre las 24 y las 48 horas siguientes a la realización de la operación.

El nuevo servicio electrónico responde a la demanda de los ciudadanos que ya pueden saldar su deuda sin necesidad de desplazarse a las administraciones de la TGSS o a las entidades financieras. Para ello tan sólo deberán disponer de tarjeta bancaria y de un terminal con conexión a Internet.

Al ahorro económico que supone la puesta en marcha de un servicio electrónico se suma una mayor capacidad de recaudación ya que facilita a los titulares el abono de la deuda desde cualquier lugar desde dentro o fuera de España.

Las implicaciones técnicas del nuevo servicio y la seguridad necesaria para este tipo de gestiones exigían simulaciones en modo real antes de activarla en la sede electrónica del organismo. Por ello, desde el pasado mes de agosto, el personal de la Tesorería General de la Seguridad Social ha realizado diversas pruebas que garantizan el correcto y seguro funcionamiento del servicio.

El pago con tarjeta de deudas en vía ejecutiva se encuentra ya operativo en la sede electrónica de la Seguridad Social,

El trabajador no pierde el derecho a vacaciones en caso de incapacidad temporal sobrevenida

El tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una cuestión perjudicial sobre la Directiva resuelve en una Setencia que el plazo de prescripción del tiempo de trabajo, sosteniendo que la disposición interna española se opone a ella en la medida que prive al trabajador de sus vacaciones si sobreviene durante ellas una incapacidad temporal

La acción contra los administradores sociales por falta de disolución comienza desde la inscripción registral de su cese.

El tribunal Supremo resuelve en una Sentencia que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra los administradores sociales por falta de disolución de la compañia comienza desde que se inscribe en el Registro Mercantil su cese, y no desde tal cese, al ser aquélla necesaria para el conocimiento de tal hecho por terceros.

Si el finiquito es negativo, ¿cómo podemos reclamárselo al trabajador?

Efectivamente, es posible que el finiquito salga negativo, es decir, que es el trabajador quien adeuda dinero a la empresa. Y una de las causas más comunes es precisamente en el caso de trabajadores que dejan la empresa antes de finalizar el año, pero cuando ya han disfrutado de las vacaciones anuales (es decir, que “consumen” días a los que sólo tienen derecho si trabajan los 12 meses). 

En este caso, si el trabajador se niega a pagar la cantidad que adeuda a su empresa, deben valorar qué opción les interesa más: si exigir la cuantía judicialmente, a través de una demanda de reclamación de cantidad, o bien si “dar por perdida” la deuda. Si el importe no es muy alto, puede ser preferible olvidarse de la vía judicial, ya que su empresa tiene que valorar el coste del abogado (aunque no sea obligatorio acudir con él es aconsejable) y el tiempo invertido en el proceso, que pueden llegar a superar con creces la cuantía de la deuda del trabajador.

Desplazarse al extranjero estando cobrando prestacion por desempleo.

En general, durante el tiempo que una persona permanezca en el extranjero no puede cobrar prestaciones por desempleo, ya que no puede cumplir con la obligación legal de estar a disposición de los Servicios Públicos de Empleo españoles. Por eso debe comunicar en su Oficina de Empleo la fecha en que se va a marchar, para que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda a suspender el pago de su prestación

Cuando regrese a España puede reanudar la prestación de desempleo que le quede pendiente de recibir siempre que:

·      La estancia en el extranjero haya sido inferior a 12 meses.

·      Se inscriba como demandante de empleo y solicite la reanudación en los 15 días hábiles siguientes al retorno.

·       Justifique la búsqueda de empleo en el país extranjero, con un certificado
de haber estado inscrito en los servicios de empleo de aquel país.       

En cualquier caso, si la persona permanece 12 o más meses en el extranjero la prestación se extingue, sin posibilidad de reanudar el derecho al regresar a España.

No obstante lo anterior, se podrá cobrar la prestación por desempleo reconocida en España aun estando en el extranjero, siempre que se “exporte” la prestación por desempleo.  La normativa establece que solamente es posible exportar la prestación por desempleo reconocida en España si la persona se traslada a buscar empleo a un país de la UE/EEE o a Suiza, manteniendo el derecho a cobrar en ese país durante 3 meses en el caso de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, y 3 meses prorrogables por otros 3, si el traslado es a algún país de la UE.

Para tener derecho a la exportación es necesario:

· Ser beneficiario de la prestación por desempleo.

· Trasladarse para buscar trabajo.

· Haber estado inscrito como demandante de empleo al menos 4 semanas.


Arreglar el paro puede ser delito

En concreto, a partir de ahora, cuando empresa y trabajador finjan un despido para que este último tenga derecho al percibo de la prestación por desempleo, y ello sea detectado por el Servicio Público de Empleo, ello no conllevará sólo una sanción administrativa sino que podrá ser será considerado un DELITO PENAL CON PENAS DE CÁRCEL DE ENTRE SEIS MESES Y TRES AÑOS para los casos más graves. La medida afectará tanto a la empresa como al trabajador.

De igual modo, a partir de esta modificación penal, las empresas que simulen un contrato para beneficiar a un familiar o un amigo para completar el periodo que le resta para acceder a la prestación por desempleo o a una pensión, será igualmente perseguido. A partir de ahora, todo este tipo de situaciones podrán ser constitutivas de delito.

Por ello, recomendamos a las empresas que eviten acuerdos de este tipo, que , aunque son habituales y parece que no pasa nada, ahora han sido calificados como delito por este reciente cambio legal.

El emprendedor de Responsabilidad Limitada: dícese del que no responde con sus bienes las deudas empresariales Ley del Emprendedor

la Figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) permitirá a los autónomos no responder con sus bienes personales de las deudas contraídas en su actividad empresarial, pero ¿qué condiciones lleva aparejadas?
”se establece una diferencia entre la actividad empresarial y la personal” ya que, hasta ahora, los autónomos debían responder de forma personal de las deudas derivadas de su actividad profesional.
A priori, esta medida puede resultar muy beneficiosa tanto para aquellos que aún se muestran reticentes a iniciar un nuevo negocio por los riesgos económicos que conlleva, como para los que van a hacer una inversión de alto riesgo.
No obstante, la nueva medida tiene una letra pequeña que es conveniente estudiar. En primer lugar, los autónomos y emprendedores sólo podrán acogerse a esta medida y no responder con la vivienda si la deuda contraída es inferior a 300.000 euros.
Además, “la limitación de responsabilidad no se aplicará respecto a las deudas de Derecho Público, ni cuando el empresario hubiese actuado fraudulentamente o con negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros”.
Tampoco podrán acogerse a esta limitación las deudas con origen en determinadas retenciones no ingresadas a trabajadores, profesionales u otros empresarios, ni las deudas en la Seguridad Social, tales como cuotas de trabajadores no ingresadas, altas erróneas y otras infracciones graves.
A esto se suma la obligación por parte del emprendedor o autónomo de inscribirse en el Registro Mercantil de su provincia, como si de una Sociedad Mercantil se tratase, y así hacerlo constar en toda la documentación mercantil, tales como contratos o facturas, además de regirse por el principio de publicidad.
Asimismo, y para evitar que su vivienda y/o vehículo personal se vean afectados por una deuda mayor de 300.000 euros, deberá señalar éstos bienes con un valor de, como máximo, 250.000 y 25.000 euros respectivamente.
En definitiva, se trata de una medida atractiva para aquellos que no deseen poner en riesgo su patrimonio personal, pero cuyas especificaciones pueden incurrir en una mayor complejidad burocrática, mayores costes y generar problemas con la responsabilidad patrimonial universal establecida en el artículo 1911 del Código Civil que recoge la garantía personal básica con la que cuentan los acreedores y que asegura el cumplimiento, voluntario o forzoso, de las obligaciones.

¿Podemos dejar de conceder la jornada intensiva de verano si hay causas productivas que lo justifiquen?

Si su empresa lleva años concediendo la jornada intensiva a sus trabajadores, aunque sea una concesión graciable por su parte (es decir, que la concede voluntariamente, sin que le obligue a ello su convenio colectivo) se ha convertido en un derecho adquirido (condición más beneficiosa) para sus trabajadores. 

Esto significa que su empresa no puede ahora eliminar la jornada intensiva de verano unilateralmente, aunque tenga motivos que justifiquen esa decisión. Para reducirla o eliminarla, deberá recurrir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo regulado en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (consulte además su convenio colectivo, ya que algunos regulan el procedimiento que se debe seguir en materia de modificaciones sustanciales).

Requisitos para cobrar el paro de una vez y no tributar en el IRPF

Se entenderá que se inicia una actividad económica siempre que no se haya ejercido otra actividad en el año anterior a la fecha de inicio de la misma, aunque no se tendrán en cuenta las actividades en cuyo ejercicio se haya cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio.

La decreto establece que esta exención en el IRPF se podrá aplicar tanto a la apertura de un nuevo negocio que permanezca en funcionamiento, al menos, durante cinco años, o cuando el dinero de la prestación por desempleo se destine a una sociedad laboral, cooperativa de trabajo o al capital social de una entidad mercantil, siempre y cuando esta aportación se mantenga también durante cinco años como mínimo.

Tanto esta exención fiscal como las otras dos rebajas de impuestos incluidas en el real decreto-ley para los autónomos y empresas de nueva creación entran en vigor, con carácter retroactivo, desde el pasado 1 de enero de 2013.

En el caso de las nuevas empresas que se constituyan, durante los dos primeros años con resultado positivo tributarán en el Impuesto de Sociedades al tipo reducido del 15% hasta los primeros 300.000 euros de base imponible y el resto, al 20%; mientras que los autónomos que inicien ahora un negocio disfrutarán de una reducción del 20% de la tributación de sus rendimientos netos en el método de estimación objetiva, también durante los dos primeros años con beneficios.

Esta reducción se aplicará sólo a las cuantías de rendimientos netos que no superen los 100.000 euros anuales. Además, no se aplicará en el periodo impositivo en el que más del 50% de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente haya obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad.

NO ME NOTIFIQUE ESTOS DIAS GESTION TRIBUTARIA

30 días. Si suempresa está inscrita en el sistema de notificaciones electrónicas, recuerde que desde el año pasado puede seleccionar 30 días naturales al año durante los cuales Hacienda no podrá depositar notificaciones en su dirección electrónica. Seleccione los días elegidos a través de la Sede Electrónica de Hcienda en www.agenciatributaria.gob.es.

 

Los días elegidos podrá escogerlo hasta un máximo de 30 días del año natural / del 1 de enero al 31 de diciembre), sin necesidad de que éstos sean consecutivos.

De este modo, puede hacer coincidir los días en los que no quieres recibir las notificaciones con sus vacaciones, cogiendo unos días en Semana Santa, otros en verano y otros en Navidad. 

Si durante el año quiere cambiar alguno de los días elegidos previamente, sepa que también podrá hacerlo. Esto sí, deberá comunicar tanto la selección inicioal de los días como las notificaciones que realice después con siete días naturales de antelación al primer día en el que no quiera recibir notificaciones.

ACLARACIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO

* Una de las partes intervinientes debe ser empresario o profesional. Por lo tanto, esta regla no es aplicable en compraventas entre particulares.

* Si en una misma factura se documentan varias entregas de bienes o servicios independientes, la limitación sólo afecta a las operaciones con importe a partir de 2.500 euros. D es este modo, si es una factura de 4.000 euros hay dos entregas independientes de 2.000 euros cada una, dicha factura puede se satisfecha en efectivo.

* En operaciones de tracto sucesivo ( alquileres, contratos de suministro, cuotas de asesorías, etc..) debe tenerse en cuenta el momento en el que son exigibles los pagos según contrato, así como su importe. Si el pago exigible en cada cuota ( por ejemplo, la mensualidad del alquiler) es menor a 2.500 euros, puede pagarse en efectivo.

*Las operaciones de 2.500 euros o más no pueden pagarse parcialmente en efectivo, aunque lo pagado en metálico no alcance dicho limite.

En un despido por causas objetivas: ¿cómo se calcula la indemnización de un trabajador con reducción de jornada por guarda legal?

Tenga también en cuenta que es indiferente que la trabajadora lleve más o menos tiempo con la reducción de jornada e independientemente de que dicha reducción sea la mínima (un octavo) o la máxima (la mitad de la jornada) que permite la ley.

PREGUNTA: En nuestra empresa vamos a despedir por causas objetivas (económicas y organizativas) a tres trabajadores de una línea de productos que vamos a dejar de comercializar. Una de las afectadas es una trabajadora que tiene la reducción de jornada por guarda legal. ¿Cómo debemos calcularle la indemnización?

RESPUESTA: Aunque la causa del despido sea objetiva, la indemnización de los trabajadores que tengan reducción de jornada por guarda legal se calcula como si estuvieran trabajando a jornada completa y no sobre la jornada reducida (Disposición Adicional Decimoctava del Estatuto de los Trabajadores).

No aceptar que un empleado que presenta su baja voluntaria se retracte equivale a un despido improcedente

Además, el Supremo deja claro que hay que admitir la petición del trabajador, independientemente de que “hubiera o no error al formular la voluntad de dimisión”, error que consistiría en este caso en que el trabajador no conocía, antes de su dimisión, que se podía jubilar a los 70 años. Esto, entiende el Supremo, “es completamente irrelevante, puesto que entendemos que existe una facultad de retractarse de la dimisión preavisada mientras la relación jurídica continúe existiendo”. Esto significa, en definitiva, que el trabajador, al igual que el empresario cuando preavisa un despido, “tiene derecho a reconsiderar su decisión, siempre que lo haga antes de la fecha en que se extinga el contrato”, es decir, durante el plazo de preaviso. Por todo ello, el Supremo da la razón al trabajador y determina laimprocedencia del despido.

Un empleado que trabajaba como vigilante nocturno comunicó a su empresa en una carta que cesaría en su puesto de trabajo al cumplir los 65 años por jubilación, preavisando con un plazo de 15 días de antelación. Sin embargo, tras hablar con el presidente del Comité de Empresa, que le comentó que podía continuar trabajando hasta los 70 años según lo establecido en su convenio, envió otra carta a la empresa comunicando su retractación y anunciando que continuaría prestando sus servicios.

La empresa le comunicó que su decisión era irreversible, por lo que procedió a dar por finalizado el contrato. El caso acabó en los tribunales y, auque tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dieron la razón a la empresa, al entender que el trabajador había manifestado claramente y de forma expresa su voluntad de dimitir, no lo entiende así el Tribunal Supremo.

En una sentencia dictada además en unificación de doctrina, el Tribunal Supremo falla a favor del trabajador y determina que la petición de baja voluntaria es revocable, que es perfectamente lícito retractarse y que no aceptar la petición de retractación equivale a undespido improcedente.

En su sentencia, el Supremo, pese a reconocer que antes de la unificación de doctrina ha habido una doctrina que no admitía la  retractación al entender que una vez comunicada, “la dimisión del trabajador no es susceptible de retractación posterior”. Sin embargo, como el propio Tribunal Supremo ha admitido que el empresario se puede retractar del despido durante el periodo de preaviso, hay que “aplicar este mismo criterio a la dimisión del trabajador, pues se trata en ambos casos de la misma manifestación subjetiva del desistimiento legal” (en un caso por parte de la empresa y en otro por parte del trabajador).La baja voluntaria no sólo se limita a los casos en que el trabajador decide que se marcha para, por ejemplo, trabajar en otra empresa. Hay un supuesto que, con la situación de crisis, está en auge, que es la extinción indemnizada del contrato, que permite al trabajador marcharse de la empresa pero percibiendo una indemnización (por ejemplo, como consecuencia de unamodificación sustancial de las condiciones de trabajo).

Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados a la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales y FT.

os asesores fiscales, contables externos y auditores son sujetos obligados a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y FT. , según el art. 2.

5.      Atender cualquier petición o comunicación del SEPBLAC.

Existen ciertos rumores, totalmente infundados, en los que se dice que cumpliendo con la obligación de formación, ya es suficiente para cumplir con las obligaciones que impone la Ley. Esto es totalmente falso, puesto que la Ley impone a los sujetos obligados, entre los que se encuentran los asesores fiscales, contables externos y auditores una serie de obligaciones y responsabilidades de mucho mayor calado.

 

Sin ánimo de ser exhaustivo, vamos a reseñar algunas de ellas, que se deben de cumplir en los momentos actuales pues la Ley hace dos años que entró en vigor:
Como veis, se trata de muchas obligaciones y responsabilidades, que aquí queremos dejar constancia, para que nadie se llame a engaño, pues existen sanciones muy importantes desde el punto de vista administrativo, incluso penal.

 

1.      Inscripción en el SEPBLAC. Se realiza nombrando los componentes  del Órgano de Control interno y al representante ante el SEPBLAC y comunicándolo a dicho organismo (si se trata de un despacho persona física estas funciones las desarrollará necesariamente el titular del negocio). De esta forma, quedas inscrito en el SEPBLAC.

 

2.      Diligencia debida con todos los clientes,  incluye identificación, propósito o índole de negocio del cliente y seguimiento continuado.

 

3.      Tener el Manual de protocolo de control interno, donde se detalla todo el procedimiento a seguir.

 

4.      Comunicación al SEPBLAC, tras el examen especial de las operaciones con indicios o sospechosas.

 

5.      Atender cualquier petición o comunicación del SEPBLAC.

 

6.      Formación de todos los empleados y profesionales del despacho. Es una más de las obligaciones y debe ser anual. Nosotros hemos realizado muchos cursos presenciales y seguimos haciéndolo de forma continuada. Para más información pinchar aquí.
7.   Examen anual externo por experto independiente. Posteriormente puede ser cada tres años si existen revisiones internas anuales.
8.   Etc, etc.
 

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