ASESORIA GALVEZ Y ALEDO, S.L
ASESORIA GALVEZ Y ALEDO, S.L

Las cláusulas suelo también podrán ser reclamadas por autónomos y pymes

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dicta sentencia Nº 168/2020, Rec. 3022/2017, de 11 de marzo de 2020, por la que fija nueva jurisprudencia acerca de la reclamación de las cláusulas suelo por autónomos y pymes.

Esta sentencia sienta jurisprudencia ya que en enero de 2019, falló de una forma similar en sentencia nº 57/2019, Rec. 3416/2016, de 25 de enero de 2019.

En la sentencia de marzo de 2020, da la razón al cliente, un autónomo, que había solicitado un préstamo al banco para la adquisición de una licencia municipal de auto-taxi de Madrid. Se trataba de un préstamo con garantía hipotecaria a interés variable, con una limitación a la variabilidad del tipo de interés (suelo) del 6,50%.

Tras ello, el cliente presentó demanda contra el banco, solicitando la declaración de nulidad de cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés y que se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda, considerando que la cláusula litigiosa no superaba el control de incorporaciónporque al no haber cumplido el Banco las obligaciones administrativas de transparencia (no entregó la ficha FIPER), ni haber advertido específicamente el notario de la existencia de la cláusula suelo, los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés.

En consecuencia, declaró la no incorporación de la cláusula litigiosa y condenó a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades cobradas por su aplicación.

Esta sentencia fue recurrida por el banco, siendo desestimado el recurso de apelación interpuesto, confirmando que la cláusula no superaba el control de incorporación.

Llegada el Supremo la causa, la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por el banco, y obliga a la entidad a devolver al cliente las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula, más de 20.000 euros.

La entidad alegaba que el control de transparencia únicamente es procedente en los contratos celebrados con consumidores, cualidad que no tenía el prestatario, dada la finalidad empresarial del préstamo.

El Supremo explica que, aunque es cierto que, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta sala, en los contratos celebrados bajo condiciones generales de la contratación en los que los adherentes no son consumidores no resultan procedentes los controles de transparencia y abusividad, sino únicamente el control de incorporación.

"La Audiencia Provincial, confirmando el criterio de la sentencia de primera instancia, considera que la cláusula no supera el control de incorporación porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato y, por tanto, su mera existencia. Lo que no supone hacer un control de transparencia, sino un control de incorporación, que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor o profesional".

Como segundo motivo de casación, la entidad alegaba que la jurisprudencia de esta sala limita el control de incorporación de las condiciones generales de la contratación a la constatación de la mera transparencia documental o gramatical.

Y el Supremo explica que:

"Como declaramos en la sentencia 314/2018, de 28 de mayo, y hemos reiterado en otras múltiples resoluciones, para que una condición general de la contratación supere el control de incorporación debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato. Es decir, junto al parámetro de la claridad y comprensibilidad, debe concurrir el requisito de la posibilidad de conocimiento, puesto que el control de inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad".

Como tercer y último motivo de casación, se alegaba que la sentencia recurrida, al declarar la nulidad de la cláusula suelo por considerar que la entidad prestamista actuó con abuso de posición dominante e infracción de las reglas de la buena fe contractual no ha tenido en cuenta el deber de diligencia empleado por el adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas de la limitación a la variabilidad del tipo de interés del préstamo.

El Supremo afirma que:

"1.-El motivo no ataca realmente la ratio decidendide la sentencia, que es que la cláusula no supera el control de incorporación porque el banco incumplió los deberes de información que le imponía la Orden EHA 2899/2011, de 28 de octubre. Que es precisamente el argumento de la sentencia de primera instancia, cuya fundamentación expresamente acepta la de la Audiencia Provincial, para considerar que los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer la existencia de la cláusula suelo. Conclusión fáctica que no ha sido rebatida mediante un recurso extraordinario por infracción procesal y que no podemos revisar en casación.

El resto de consideraciones de la sentencia recurrida sobre la buena fe contractual o el abuso de posición dominante son meros argumentos de refuerzo, pues lo decisivo es que la cláusula no fue correctamente incorporada al contrato.

2.-Como recuerda la sentencia 85/2019, de 12 de febrero, es reiterada la jurisprudencia que afirma que el recurso de casación únicamente puede dirigirse contra el fallo y, de manera indirecta contra el razonamiento operativo o ratio decidendi[razón de decidir] de la sentencia. No cabe, en consecuencia, impugnar razonamientos auxiliares, accesorios, secundarios uobiter dicta[expresiones incidentales] o, a mayor abundamiento, cuya hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión obtenida en el fallo. De tal forma que las diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no tengan dicho carácter trascendente para la decisión judicial son casacionalmente irrelevantes ( sentencias 454/2007, de 3 de mayo; 230/2008, de 24 de marzo; 374/2009, de 5 de junio; 258/2010, de 28 de abril; 737/2012, de 10 diciembre; y 185/2014, de 4 de abril)".

Requisitos para considerar gastos como deducibles para los autónomos: Afectación a la actividad

  • La afectación a la actividad económica de un gasto es uno de los requisitos necesarios para que este tenga la condición de deducible tanto a efectos del IVA como del IRPF.

La Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido regula en su título VIII todo lo relativo a las deducciones: qué cuotas son deducibles, quiénes pueden deducirlas, qué requisitos han de cumplirse, qué operaciones dan derecho a la deducción, límites a esas deducciones...

En lo que se refiere a las actividades profesionales la normativa del IVA señala tres requisitos básicos para poder considerar a un gasto como deducible:

  • Ha de estar vinculados a actividad profesional.
  • Ha de estar debidamente justificado.
  • Ha de estar debidamente contabilizado.

Nos centramos en este tema en el primero de los requisitos, la "afectación a la actividad", cuestión esta que ha generado multitud de controversias y que ha sido objeto de numerosa jurisprudencia. Empezaremos por lo regulado en materia de IVA, pues ya en el propio articulado de la ley enumera, en negativo, qué no podemos considerar como gasto deducible:

Como premisa general se establece que los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.

A continuación enumera, sin ánimo de exhaustividad, una serie de bienes y servicios que no se consideran afectos directa ni exclusivamente a la actividad:

  • Los que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por períodos de tiempo alternativos.
  • Los que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas.
  • Los que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.
  • Los adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.
  • Los destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad.

Partiendo de la relación de bienes que no se consideran afectos del apartado anterior, la ley hace una serie de excepciones, de modo que sí se consideran deducibles:

Las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión de uso por otro título de los bienes de inversión ("se considerarán de inversión los bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén normalmente destinados a ser utilizados por un período de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación" (artículo 108 LIVA)) que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Cuando se trate de bienes de inversión en la medida en que dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional. No se consideran bienes de inversión (artículo 108 de la LIVA):

  • Los accesorios y piezas de recambio adquiridos para la reparación de los bienes de inversión utilizados por el sujeto pasivo (con las excepciones que veremos a continuación respecto a los vehículos).
  • Las ejecuciones de obra para la reparación de otros bienes de inversión.
  • Las ropas utilizadas para el trabajo por los sujetos pasivos o el personal dependiente.
  • Cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a 3.005,06 euros.
    Para estos elementos, en ningún caso cabrá la deducción parcial por considerarse parcialmente afectos  a la actividad, siendo las cuotas soportadas en su adquisición deducibles únicamente  si su afectación es directa y exclusiva.

2. Con carácter general, cuando se trate de vehículos * automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectos al 50%; salvo en los supuestos que se enumeran a continuación en los que sí se consideran afectos al 100%:

  • Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías.
  • Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
  • Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
  • Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas.
  • Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
  • Los utilizados en servicios de vigilancia.

Se considerarán automóviles de turismo, remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como tales en el anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno o tipo «jeep».

* Las normas que acabamos de señalar también son de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con los vehículos a los que se ha hecho referencia: accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes; combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su funcionamiento; servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje; rehabilitación, renovación y reparación de los mismos.  

Traemos aquí la Resolución Vinculante de DGT, V0566-17, 02-03-2017 en relación con la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición combustible, revisiones, reparaciones, peajes, etc. directamente relacionados con un vehículo. Señala la citada consulta que:

"el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de fecha 8 de marzo de 2001, Laszlo Bakcsi, recaída en el Asunto C-415/98, ha declarado que la afectación de un bien de inversión determina la aplicación del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido al propio bien y no a los bienes y servicios utilizados para su explotación y su mantenimiento. El derecho a deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava dichos bienes y servicios constituye una cuestión aparte del ámbito de aplicación del artículo 17 de la Sexta Directiva. El citado derecho depende, en particular, de la relación entre dichos bienes y servicios y las operaciones gravadas del sujeto pasivo.

De lo anterior cabe concluir que los requisitos exigidos legalmente para la deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios directamente relacionados con bienes de inversión deben concurrir respecto de dicha adquisición en particular y su relación con la actividad desarrollada por el sujeto pasivocon independencia de que esté relacionada directamente con un bien afecto exclusiva y directamente a la citada actividad.

Por consiguiente, el ejercicio del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de combustible o por las reparaciones o revisiones a que se someta un vehículo debe desvincularse del aplicable a la propia adquisición del mismo. En este sentido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 37/1992 anteriormente transcrito, y en especial sus apartados uno y tres, se puede concluir señalando que, en particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.

En cualquier caso, la afectación del combustible y el resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba admitido en derecho".

 

Afección de bienes adquiridos con anterioridad al comienzo de la actividad empresarial

Otra cuestión importante a aclarar a efectos de afectación de un bien o servicio a la actividad profesional es la siguiente, ¿qué ocurre con aquellas personas que con la previsión de comenzar una actividad empresarial o profesional adquiriese bienes o servicios con la finalidad de llevar a cabo es actividad empresarial?

El reglamento del IVA prevé esta circunstancia, y señala que sí serán deducible el IVA soportado en su adquisición siempre que acrediten que "los elementos objetivos que confirmen que en el momento en que efectuaron dichas adquisiciones o importaciones tenían esa intención".

Para acreditar esa "intención" podrán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

  • La naturaleza de los bienes y servicios adquiridos o importados, que habrá de estar en consonancia con la índole de la actividad que se tiene intención de desarrollar.
  • El período transcurrido entre la adquisición o importación de dichos bienes y servicios y la utilización efectiva de los mismos para la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituyan el objeto de la actividad empresarial o profesional.
  • El cumplimiento de las obligaciones formales, registrales y contables, en concreto:
    • La presentación de la declaración de carácter censal en la que debe comunicarse a la Administración el comienzo de actividades empresariales o profesionales por el hecho de efectuar la adquisición o importación de bienes o servicios con la intención de destinarlos a la realización de tales actividades.
    • La llevanza en debida forma del Libro Registro de facturas recibidas y, en su caso, del Libro Registro de bienes de inversión.
  • Disponer de o haber solicitado las autorizaciones, permisos o licencias administrativas que fuesen necesarias para el desarrollo de la actividad que se tiene intención de realizar.
  • Haber presentado declaraciones tributarias correspondientes a tributos distintos del Impuesto sobre el Valor Añadido y relativas a la referida actividad empresarial o profesional.

En caso de que el autónomo no se pueda acreditar que en el momento en que adquirió o importó dichos bienes o servicios lo hizo con la intención de destinarlos a la realización de actividades empresariales o profesionales, no podrán ser objeto de deducción las cuotas del Impuesto que soporte o satisfaga con ocasión de dichas operaciones, ni siquiera en el caso en que en un momento posterior a la adquisición o importación de los referidos bienes o servicios decida destinarlos al ejercicio de una actividad empresarial o profesional.

Todo lo señalado también resulta de aplicación a aquellos que tendiendo ya la condición de profesionales o empresarios, inicien una nueva actividad que constituya un sector diferenciado respecto de las actividades que venían desarrollando con anterioridad.

 

 

En materia de IRPF también se regula la cuestión de la afección a la actividad de determinados elementos patrimoniales, el artículo 29 de la Ley del IRPF señala que se consideran elementos afectos a una actividad económica:

  • Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente.
  • Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad. No se consideran afectos los bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso particular del titular de la actividad económica.
  • Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos. En ningún caso tendrán esta consideración los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros.

Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de éstos que se utilice en la misma.

En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.

La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de que la titularidad de éstos, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges.

 

Por su parte el Reglamento del IRPF, en concreto su artículo 22, recalca solo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica aquellos que el contribuyente utilice para los fines de la misma.

No se entenderán afectos:

* Aquéllos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante (se consideran utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad económica que se destinen al uso personal del contribuyente en días u horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad).

* Aquellos que aun siendo de la titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad económica que esté obligado a llevar el contribuyente.

* En el caso de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente del resto. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.

* Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los siguientes supuestos:

  • Los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías.
  • Los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
  • Los destinados a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.
  • Los destinados a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.
  • Los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.

Las afectaciones a actividades económicas de bienes o derechos del patrimonio personal se realizarán por el valor de adquisición que según las normas previstas en los artículos 35.1 y 36 de la LIRPF en dicho momento.

En las desafectaciones de bienes o derechos afectos a actividades económicas al patrimonio personal, se tomará a efectos de este Impuesto su valor contable en dicho momento, calculado de acuerdo con las amortizaciones que hubieran sido fiscalmente deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima.


 

Concepto Gastos Fiscalmente Deducibles para los Autónomos

  • Un gasto deducible es un coste en el que incurre un autónomo y que se puede desgravar fiscalmente. La deducción puede aplicarse a dos impuestos: al IVA o al IRPF.
  •  
  • En general, se consideran deducibles los gastos previstos en la normativa contable, siempre que no estén expresamente excluidos por una norma fiscal; si bien, además, existen tres elementos fundamentales que han de cumplirse para poder considerar un gasto como deducible:
  • Debe estar afecto a la actividad.
  • Debe estar debidamente justificado (normalmente mediante factura completa).
  • Debe figurar en la contabilidad del autónomo.

No obstante, aun cumpliendo estos tres requisitos, la Agencia Tributaria es muy estricta a la hora de aceptar la deducción de un gasto. De ahí la importancia de que el autónomo conozca cuál es la postura de la Agencia tributaria y de la jurisprudencia acerca de la deducibilidad de determinados gastos; en todo caso es fundamental que el autónomo recabe cualquier tipo de justificante que puede servir para demostrar que el gasto sí está relacionado con la actividad que desarrolla. 

Precisamente por la complejidad y dudas que generan determinados gastos, en esta colección de temas sobre los gastos deducibles por autónomos se recogen aquellos que han generado más literatura haciendo un análisis de la normativa aplicable, resoluciones y jurisprudencia.

En todo caso, y si bien, no existe una lista o relación de gastos deducibles como tal que el autónomo pueda consultar para decidir si deducir o no un gasto, sí hay una serie de gastos cuya deducibilidad alberga pocas dudas y que la Agencia Tributaria viene aceptando su deducción. Enumeramos aquí los gastos comúnmente aceptados tanto en IRPF como en IVA, y nos remitimos a los temas correspondientes para ampliar la explicación.

*Gastos deducibles por autónomos en el IRPF

  • Consumos de explotación. 
  • Sueldos y salarios.
  • Seguridad Social a cargo de la empresa.
  • Otros gastos del personal. 
  • Arrendamientos y cánones. 
  • Reparaciones y conservación.
  • Servicios de profesionales independientes.
  • Otros servicios exteriores.
  • Tributos fiscalmente deducibles. 
  • Gastos financieros. 
  • Amortizaciones y provisiones.
  • Incentivos al mecenazgo. 
  • Pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales.
  • Seguros de enfermedad.
  • Pérdidas por insolvencias de deudores.

Otros dos casos claros de gastos deducibles para el autónomo son los recogidos por la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que entró en vigor en enero pasado, en concreto los gastos en concepto de manutención y alojamiento para aquellos autónomos que se ven obligados a desplazarse o comer fuera de casa en el desarrollo de la actividad y el uso de la vivienda como espacio de trabajo, especialmente en lo referido a los gastos de suministros que se destinan a la actividad profesional, fijándose un porcentaje objetivo la parte de los gastos en suministros que se destinan a la actividad profesional, solventando los problemas que se producen en la práctica a la hora de determinar los criterios para su cuantificación o los factores que la acreditan.

 

* Gastos deducibles por autónomos en el IVA

Sin perjuicio de lo que se expondrá en el tema dedicado al IVA deducible, es importante dejar claro aquí que no todo el IVA soportado en las compras es deducible; de modo que el autónomo ha de estar especialmente atento a las excepciones previstas y no establecer automatismos simplificadores.

El IVA soportado es deducible en los siguientes casos:

  • Consumos de explotación.
  • Arrendamientos y cánones.
  • Servicios de profesionales independientes y otros servicios externos.
  • Determinados tributos como el canon de recogida de residuos.
  • Gastos financieros. Con carácter general no llevan IVA, sí lo llevan algunas "comisiones de servicio" que recoge el artículo 20.Uno.18º de la LIVA.
  • Bienes de inversión, siempre que tengan un importe igual o superior a los 3.005,06 euros.

Cuestiones dudosas sobre la jubilación de los autónomos

Jubilación activa

 

Se puede ser pensionista y, a la vez, seguir desarrollando una actividad económica o trabajar por cuenta ajena. Es lo que se llama jubilación activa y ha dado lugar al término de “pensionista activo”.

Pueden acogerse tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos y consiste en cobrar la mitad de la pensión a la que tiene derecho en el momento de la jubilación y continuar laboralmente activo.

Pero para que el autónomo pueda disfrutar de esta particular pensión, tienen que darse determinados requisitos:

- El acceso a la pensión tiene que producirse una vez cumplida la edad legalmente establecida y con el 100% de los años cotizados exigidos en cada momento. En la actualidad hablamos de 65 años de edad y 36 años y 6 meses mínimos de cotización, o de 65 años y 6 meses de edad, con menos de 36 años y 6 meses de cotización.

- Quedan excluidas de esta posibilidad aquellas jubilaciones que se hayan producido de manera anticipada y las que estén acogidas a bonificación.

- El trabajo que vaya a ejercerse de manera paralela al cobro de la pensión puede ser a tiempo parcial o completo.

Se podrá realizar cualquier actividad económica ya sea por cuenta propia del pensionista o por cuenta ajena.

Por tanto, es necesario haber accedido a la pensión a la edad reglamentaria sin bonificaciones y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión alcance el 100%. Es decir, se trata de una opción que excluye el caso de jubilaciones anticipadas o bonificadas por trabajos penosos o tóxicos y exige haber cumplido la edad ordinaria de jubilación a menos que se tenga ya derecho a la pensión completa. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o parcial. Cuando el contrato termine y se produzca el retiro total y definitivo, percibirá el 100% de la pensión a que tenga derecho.

Importante: Durante el desarrollo del trabajo por cuenta propia, compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y autónomos profesionales cotizan al RETA únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, aunque quedan sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%.

Pensión de jubilación y envejecimiento activo

 

Con relación a la “pensión de jubilación y envejecimiento activo”, la norma señala que la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia del pensionista si se dan los siguientes requisitos:

La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.

- No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100%.

- La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50%, excepto en el supuesto de realización de trabajos por cuenta propia en los términos señalados en el punto anterior.

En principio, la Ley parece dejar claro que el autónomo tiene derecho a compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia (es decir cuando ejerza de empresario) en un 50%, porcentaje que sería el 100% cuando tenga contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, más recientemente han surgido dudas sobre si es posible recibir a totalidad de la pensión en todos los casos en los que el autónomo cree al menos un puesto de trabajo.

El pasado 25 de julio la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) emitió un comunicado diciendo que el «criterio por el que se establece que el contrato por cuenta ajena que debe formalizar el pensionista que quiera compatibilizar el 100% de la cuantía de la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia debe enmarcarse en la actividad que dé lugar a su alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)». Es decir, que el trabajador contratado por el autónomo pensionista «debe enmarcarse» en la misma actividad que ejerce el autónomo contratante.

Por ejemplo, si éste tiene un restaurante, el empleado podrá ser cocinero o camarero y entonces el empresario individual recibiría el 100% de la pensión, pero se quedaría en el 50% si el empleo creado recae en una señora de la limpieza. De hecho, el criterio comunicado por la DGOSS invalida de forma expresa la posibilidad de que el contrato se realizase a favor de una persona encuadrada en el Sistema Especial de Empleados del Hogar.

Pensión del empresario societario

 

La fórmula anterior parece clara cuando el autónomo ejerce la actividad económica como empresario individual, tributando por tanto en el IRPF, si bien surgen dudas sobre las limitaciones señaladas respecto al tipo de funciones que realiza el empleado si se pretende recibir la totalidad de la pensión.

No obstante, las dudas son mayores si el autónomo administra una sociedad, es decir, cuando ejerce el cargo de administrador de una empresa con forma de sociedad. Se trataría del llamado autónomo societario.

En este caso, los criterios son variados y contradictorios en muchos casos. En primer lugar, para la Seguridad Social, y siguiendo el criterio del comunicado antes mencionado, aunque el autónomo societario esté encuadrado el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), nunca puede cumplir el requisito de tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena porque en realidad lo contrata la sociedad, que tiene su propia personalidad jurídica.

Importante: Para el INSS, al autónomo societario solo puede reconocérsele la compatibilidad en un 50%; pero no en el 100%.

Sin embargo, esta postura de la Seguridad Social no es aceptada ni compartida por algunos autónomos societarios, que han cuestionado la misma ante los Juzgados.

Y sobre la cuestión ya se ha pronunciado el Juzgado de lo Social Nº 3 de Oviedo, en Sentencia del pasado 18 de Julio, en la que el demandante, incluido en el RETA por su condición de Administrador de la S.L., solicita que se le reconozca la compatibilidad del 100% de la pensión, porque la S.L. tiene contratados a tres trabajadores por cuenta ajena.

La sentencia reconoce a un autónomo el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa. En el caso juzgado, cuando el demandante llegó a la edad de jubilación, la SS denegó al autónomo la pensión completa por no tener trabajadores contratados a su nombre, aunque sí le reconoció el 50% de la prestación.

No obstante, la sentencia afirma que la interpretación hecha por la SS es «contraria a la finalidad legislativa misma de la Ley (de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), además de no ser resultante del tenor literal de la norma». En consecuencia, el Juzgado ha decidido otorgar al autónomo societario la pensión de jubilación activa al 100% de su base reguladora y además al abono de los atrasos correspondientes.

Esta sentencia argumenta además que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) establece en una consulta fechada a 21 de marzo de 2018 que a los autónomos societarios incluidos en el RETA se les debe aplicar lo establecido la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que entró en vigor en octubre de 2017.

Según este criterio, los autónomos que hayan celebrado contratos por cuenta ajena en su condición de empresarios, aunque quien contrate sea la sociedad respectiva, pueden acceder a la jubilación activa porque la contratación la formaliza el administrador societario. No parece razonable, argumenta la consulta, que, estando incluido en el RETA precisamente por ser administrador de la sociedad, se le exija realizar la contratación del trabajador por cuenta ajena como persona física o empresario individual.

Suministro Inmediato de Información: todo lo que necesitas saber para incorporarte o salir del SII voluntariamente

¿Quiénes están obligados a utilizar el Suministro Inmediato de Información (SII)?

Actualmente el SII es obligatorio para las empresas inscritas en el Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME), para las grandes empresas con una facturación superior a los 6.010.121,04 €, así como para los grupos de IVA.

Ventajas del SII

El SII conlleva para el contribuyente las siguientes ventajas:

  • Reducción de las obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentación de los modelos 347, 340 y 390. 
  • Obtención de “datos fiscales” ya que en la sede electrónica dispondrá de un libro registro “declarado” y “contrastado” con la información de contraste procedente de terceros que pertenezcan al colectivo de este sistema.
  • Acceso a la información de las facturas incluidas en los libros registro de IVA de sus clientes o proveedores que apliquen el SII.
  • Al disponer de los datos fiscales es más fácil la elaboración de la declaración, reduciendo errores y permitiendo una simplificación y una mayor seguridad jurídica.
  • Ampliación en 10 días del plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones periódicas de IVA. 
  • Reducción de los plazos de realización de las devoluciones, al disponer la AEAT de la información en tiempo casi real y de mayor información sobre las operaciones. 
  • Reducción de los plazos de comprobación, por los mismos motivos anteriores.
  • Disminución de los requerimientos de información, ya que muchos de los requerimientos actuales tienen por objeto solicitar las facturas o datos contenidos en las mismas para comprobar determinadas operaciones.
  • Moderniza y estandariza la forma de llevar los libros registro de IVA.

Inconvenientes del SII

No todo son ventajas con la aplicación del SII, ya que también tiene algunas desventajas o inconvenientes, entre las que podemos destacar las siguientes:

  • Plazos reducidos para la comunicación de los datos.
  • Existencia de sanciones si no se presentan las facturas en los plazos establecidos.
  • Necesidad de contar con un software compatible con la plataforma de la Agencia Tributaria.
  • Necesidad de formación del personal administrativo para su utilización.
  • Una mayor carga administrativa para la empresa.

¿Cómo acogerse al SII de forma voluntaria?

En cualquier momento se puede cumplimentar una declaración censal (casillas 143 y 532 del modelo 036), quedando incluido desde el día siguiente a aquel en que finalice el periodo de liquidación en que se hubiese ejercido dicha opción.

Es decir, si una empresa quiere adherirse voluntariamente al SII y presenta la solicitud el 15 de mayo, quedará incluida en el sistema desde el 1 de julio.

La casilla 143 sirve para marcar la comunicación de opción y renuncia a la llevanza de libros registro de IVA en sede electrónica de la Agencia Tributaria, siendo las casillas 532 para ejercer la opción y la 737 para la renuncia, debiendo especificarse en la 738 la fecha.

¿Cómo renunciar al SII?

Una empresa que se haya acogido al SII puede renunciar al mismo, pero tiene que tener en cuenta dos consideraciones:

  • Deberá cumplir con el suministro de los registros de facturación durante al menos el año natural para el que se ejercitó la opción.
  • Deberá renunciar presentando una declaración censal (modelo 036) en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir, marcando la casilla 143 y especificando la renuncia en la casilla 737 de este modelo, detallando la fecha a continuación en la casilla 738.

¿Por qué ya no hay que esperar al 30 de noviembre para solicitar la incorporación al SII?

El Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modificó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, modificó el primer párrafo del artículo 68 bis, que quedó redactado de la siguiente forma:

«La opción a que se refiere el artículo 62.6 de este Reglamento podrá ejercitarse a lo largo de todo el ejercicio, mediante la presentación de la correspondiente declaración censal, surtiendo efecto para el primer periodo de liquidación que se inicie después de que se hubiera ejercicio dicha opción».

 

El INSS aplica ya los criterios marcados por el Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial.

la Seguridad Social ya aplica los criterios del Tribunal Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial, tras la publicación en el BOE del 12 de agosto de la STC Nº 91/2019, Cuestión interna de inconstitucionalidad 688/2019, de 3 de julio de 2019.
El INSS aplica estos criterios tanto a las solicitudes de pensión que se presenten con índice de parcialidad como a las ya reconocidas por empleo a tiempo parcial, y cuya resolución aún no es firme en vía administrativa.

Para el Constitucional en la STC Nº 91/2019, considera injustificada la doble penalización que supone la actual fórmula de cálculo en el derecho a la jubilación de quienes han trabajado a tiempo parcial. Según recoge el texto, se penaliza la forma de computar los períodos trabajados parcialmente, cuando ya las bases de cotización que se toman para calcular la pensión son inferiores a las que corresponden a tiempo completo, puesto que se corresponden a los salarios a tiempo parcial.
Además, el Tribunal considera que se produce una discriminación indirecta por sexo, dado que el empleo a tiempo parcial lo desempeñan mayoritariamente las mujeres.
Desde el INSS ya está todo preparado desde el pasado lunes 12 de agosto para aplicar la nueva fórmula para el cálculo de las nuevas solicitudes como para la revisión de las ya reconocidas y no tengan resolución firme.
La complejidad del proceso residía en que la nueva forma de cálculo implica un tratamiento distinto a como se venía haciendo de los días cotizados computables para el porcentaje a aplicar a la base reguladora de la pensión, en los casos de empleo a tiempo parcial.
Los días que hasta ahora se computaban -reducidos en función de la parcialidad de cada supuesto e incrementados posteriormente con la aplicación del coeficiente 1,5- pasan a computarse como días naturales.
También había que completar los desarrollos necesarios para que la base de datos de pensiones permita llevar a cabo la revisión de los expedientes con resolución no firme en vía administrativa, modificando el criterio de cómputo de días cotizados en todos estos supuestos.

 
 
 
 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social firma un convenio con el Fondo de Garantía Salarial para luchar contra el fraude laboral

En el convenio, publicado este lunes en el BOE, se detallan las distintas tareas que deberá realizar FOGASA. Estas incluyen comunicar «aquellas sentencias en las que los trabajadores no estuvieran en alta en Seguridad Social, así como de supuestos de despidos objetivos de trabajadores sin alta previa en Seguridad Social» y hacer lo propio, a su vez, con «aquellos supuestos en los que, habiendo sido citado a juicio el Fondo de Garantía Salarial, los demandantes hubieran desistido cuando el citado organismo comparece».

Esa labor de comunicación se extenderá también a aquellas «sentencias que condenen a las empresas al pago de conceptos salariales o extrasalariales que no figuren incluidos en el recibo de salarios por los que tampoco se efectuaran las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones fiscales precedentes».

Finalmente, FOGASA comunicará también cualquier indicio y todas aquellas sentencias que, existiendo varios condenados, se deduzca la existencia de posibles supuestos de derivación de responsabilidad empresarial por deudas salariales o por impago de cuotas a la seguridad social, con especial atención a aquellos casos en que pudiera apreciarse la existencia de grupos de empresas no declarados.

Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe informar de las actuaciones referidas a ‘empresas ficticias’, es decir, aquellas que estén siendo inspeccionadas por simulaciones laborales, por ser empresas instrumentales sin patrimonio o aquellas que hayan podido ser constituidas o que puedan utilizar cualquier otra fórmula fraudulenta para lograr el reconocimiento de prestaciones públicas, así como de aquellos casos en los que pueda existir posible derivación de responsabilidad.

Igualmente, y en virtud del convenio, la Inspección atenderá con carácter prioritario las consultas del Fondo de Garantía Salarial referentes a situaciones de sucesión de empresas o de grupos de empresas que puedan afectar al reconocimiento de prestaciones por parte del Organismo.

El convenio tendrá una duración de cuatro años y no supondrá gasto alguno para la Administración.

El presente convenio se entiende sin perjuicio de la colaboración e intercambio de información entre ambos órganos de la Administración conforme al Ordenamiento Jurídico en supuestos distintos a los regulados en el mismo.

Las familias monoparentales tendrán derecho a dos semanas más en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple o hijo con discapacidad

El Instituto Nacional de la Seguridad Social enmienda un error cometido con del Real Decreto ley que ampliaba los permisos de paternidad que provocó que las familias monoparentales perdieran una semana de permiso retribuido en los supuestos de discapacidad del hijo o hija, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.

Varias madres presentaron quejas ante el INSS, y este organismo emite una nota de prensa en la que aclara que las familias monoparentales, tendrán derecho a disfrutar de las dos semanas adicionales de permiso retribuido previsto en el apartado 6 del artículo 48 del ET, igualando así el derecho de estas familias a las formadas por dos progenitores a disfrutar del periodo adicional previsto en el citado artículo.

Desde el 8 de marzo, con la aplicación de la Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación se introdujo, entre otras novedades, la configuración de los permisos y suspensiones de contrato como derechos individuales de las personas trabajadoras.

De esta forma, el derecho a esta prestación por nacimiento y cuidado de hijo o menor puede ejercerse indistintamente por uno u otro protenitor, adoptante, guardador con fines de adoptción o acogedor, con la misma duración y sin posibilidad de transferencia.

El nuevo diseño de la prestación -como derecho individual- dio lugar a una situación no prevista en el caso de las familias monoparentales: el reparto equitativo entre los dos progenitores de las dos semanas adicionales en caso de discapacidad del menor o de parto, acogimiento o adopción múltiples entre ambos progenitores, se limita a una cuando se trata de familia monoparental.

Con el criterio dictado por el INSS, se iguala el derecho entre ambos modelos de familia, de manera que los hijos e hijas -o menores- puedan recibir los cuidados necesarios independientemene de que tenga uno o dos progenitores.

Novedades en la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el art. 104 de la LIRPF y el art. 68 del RIRPF, regulan las obligaciones formales, contables y registrales de los contribuyentes por este impuesto, de forma que los contribuyentes:

  • Cuando desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad simplificada del método de estimación directa, así como aquellos que realicen una actividad empresarial en estimación directa que, de acuerdo con el Código de Comercio, no tenga carácter mercantil, estarán obligados a la llevanza del libro registro de ventas e ingresos, el libro registro de compras y gastos y el libro registro de bienes de inversión.
  • Cuando ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, estarán obligados a llevar un libro de ingresos, un libro de gastos, un libro registro de bienes de inversión y un libro registro de provisiones de fondos y suplidos.
  • Cuando realicen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine mediante el método de estimación objetiva, en el caso de que deduzcan amortizaciones, estarán obligados a llevar un libro registro de bienes de inversión. Además, por las actividades cuyo rendimiento neto se determine teniendo en cuenta el volumen de operaciones habrán de llevar un libro registro de ventas o ingresos.

Hasta ahora, el desarrollo de estos preceptos se realizaba mediante la Orden de 4 de mayo de 1993 por la que se regula la forma de llevanza y el diligenciado de los libros-registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en el IRPF desde la aprobación de esta orden, es necesario una actualización y revisión de su contenido, por una parte, para adaptarla al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y por otra, para revisar el contenido de los libros registros.

La orden regula a lo largo de trece artículos las obligaciones de llevanza de libros registros por parte de empresarios y profesionales, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicassalvo respecto de aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el art. 68.2 del ;RIRPF, estén obligados a llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.10 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicaslos contribuyentes distintos de los previstos en el apartado 2 de dicho precepto estarán obligados a llevar los libros registros establecidos en el mismo aun cuando, voluntariamente, lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.

  • Principales novedades
La principal novedad introducida por la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio (en vigor el 01/01/2020), es la necesidad de que, en las anotaciones en los libros registros de ventas e ingresos y de compras y gastos se haga constar el Número de identificación fiscal de la contraparte de la operación. En esta actualización de la normativa reguladora del contenido de los libros-registros se ha tratado de conseguir cierta homogeneidad con conceptos ya previstos en otros impuestos (como por ejemplo en materia de asientos resúmenes con el Impuesto sobre el Valor Añadido).
 
Persiguiendo el objetivo de reforzar y concretar la posibilidad de que estos libros puedan ser compatibles, con las adiciones necesarias, como libro fiscal de los impuestos que así lo prevean, siguiendo el art. 12 de la nueva orden («Compatibilidad con otros libros»), los libros registros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán ser compatibles con los requeridos en el Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos previstos en el art. 62.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta concreción es sin duda una modulación de las obligaciones formales del colectivo de contribuyentes obligados a llevar libros registros de sus actividades.

Del mismo modo, a los efectos de la cumplimentación de dichos libros-registros y en el marco de las actuaciones de asistencia tributaria y de reducción de cargas indirectas, en línea con numerosas actuaciones precedentes, la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará en su página web un formato tipo de libros-registros. La puesta a disposición de este formato de libros trata de asistir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales registrales y pretende ofrecer seguridad jurídica y certeza en el contenido mínimo que pueda exigirse sobre los mismos.

  • Derogación normativa

A la entrada en vigor de la orden ministerial queda derogada la Orden de 4 de mayo de 1993 por la que se regula la forma de llevanza y el diligenciado de los libros-registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

  • Entrada en vigor y anotaciones registrales en las que se han de aplicar las modificaciones

La nueva orden entrará en vigor 01/01/2020 y se aplicará a las anotaciones registrales correspondientes al ejercicio 2020 y siguientes.

El 08/08/2019 el BOE publica una corrección de errores de la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que rectifica la entrada en vigor de la norma que se establecía para  el día siguiente al de su publicación, y se cambia al 1 de enero de 2020.

Los requisitos de exención de las Acciones y Participaciones en el Impuesto de Patrimonio

El valor de las acciones y participaciones que una persona posea en una sociedad está exento, sin límite alguno, si se cumplen todos y cada uno de los siguientes requisitos:

Requisito 1: Participación mínima

En primer lugar, para que las acciones o participaciones estén exentas es preciso que se dé alguno de estos dos supuestos:

  • Que la persona posea al menos el 5% del capital de la sociedad de forma individual
  • Que posea al menos el 20% conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta segundo grado.

Requisito 2: Actividad económica

Otro requisito es que la actividad principal de la sociedad no consista en la mera tenencia de inmuebles o participaciones en otras sociedades, de forma que más del 50% del activo debe estar afecto a actividades económicas.

  • IMPORTANTE: En las sociedades que se dedican al alquiler, los inmuebles se considerarán afectos a una actividad económica y darán derecho a la exención si para gestionar la actividad la sociedad dispone de un trabajador con contrato laboral a jornada completa.
  • IMPORTANTE: Este requisito se entenderá incumplido si durante más de 90 días más del 50% de los activos no han estado afectos.

Por lo tanto, si una persona es socia de una sociedad que se dedica al alquiler, sólo tendrá derecho a la exención si ha mantenido la estructura de disponer de un trabajador a jornada completa y de disponer de local, durante al menos 275 días del año.

Requisito 3: Retribución de los directivos

Por último, es preciso que la persona propietaria de las participaciones, su cónyuge, o alguno de sus ascendientes, descendientes o colaterales hasta segundo grado, ejerza funciones directivas (como gerente, administrador, director de departamento, etc.) y además:

  • Sea propietario de al menos una participación o acción de la sociedad.
  • Sus retribuciones anuales por ejercer dicho cargo constituyan más del 50% de la totalidad de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

En caso de que perciba retribuciones como directivo de otras sociedades cuyas participaciones también estén exentas, no deberá tenerlas en cuenta a la hora de efectuar este cálculo.

¿Y el salario y seguros sociales de un contrato de prácticas en 2019?

 la nómina del contrato de prácticas, regirá la siguiente normativa:

  • Artículo 11,1e del Estatuto de los Trabajadores: nos indica que la retribución a percibir por el trabajador será la fijada en convenio para esta modalidad, sin que pueda ser inferior al 60 ó 75% sobre la cantidad que cobra un trabajador con la misma modalidadY la cantidad nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
  • Aplicando el artículo 1 del Real Decreto 1462/2018, el Salario Mínimo Interprofesional sería de 900 €. El trabajador de prácticas a jornada completa cobrará como mínimo 900 € durante 2019.
  • El artículo 2 del Real Decreto 1462/2018 establece que al salario mínimo se le deberán sumar los complementos salariales establecidos en Convenio Colectivo o contrato de trabajo.

 

Los seguros sociales para un contrato de prácticas que se aplicarían en 2019 serían la misma cuantía que los de un trabajador para la misma categoría, puesto que el Real Decreto Ley 28/2018 derogó la bonificación del 50% que disfrutaba esta modalidad, con efectos desde el 1 de enero de 2019.

Cómo quedarían el salario y seguros sociales en la nómina de un contrato de formación en 2019?

Para confeccionar la nómina del contrato de formación deberíamos tener en cuenta la siguiente normativa:

  • Artículo 11,2g del Estatuto de los Trabajadores: nos indica que el salario a percibir por el trabajador será el que marque el convenio colectivo, o en su defecto, el 75% sobre el SMI durante el primer año de contrato (85% para el segundo o tercer año).
  • Según el artículo 1 del Real Decreto 1462/2018, el Salario Mínimo Interprofesional sería de 900 €. El cálculo del 75% se realizaría sobre dicha cantidad.
  • El artículo 2 del Real Decreto 1462/2018 establece que al salario mínimo se le deberán sumar los complementos salariales establecidos en Convenio Colectivo o contrato de trabajo.

En cuanto a los Seguros Sociales del contrato de formación, la cuantía para 2019 es de 134,16 €. Pero hay que destacar que están bonificados al 100% normalmente (75% si la empresa tiene más de 250 trabajadores), por lo que la empresa no tendría que pagar seguros sociales de dicho trabajador durante toda la vigencia del contrato.

Por ejemplo, un contrato de formación de primer año, cuyo convenio no establece cuantía para el salario, tendría un salario de 787,50 €/mes, que sería el resultado de aplicar un 75% sobre el SMI, en proporción al tiempo de trabajo efectivo (recuerda que su jornada siempre es completa). A esta cantidad se le sumarían los complementos, si procede, según el convenio, y las pagas extras que correspondan, en caso de que se prorrateen.

Soy autónomo y me ha cambiado la cuota en Enero, ¿por qué?

Si eres autónomo, tanto de Tarifa Plana, como RETA en general, este mes de enero habrás notado variación en tu cuota. ¿Por qué sucede esto?

Como comentábamos anteriormente, desde el 1 de Enero de 2019 todos los autónomos están obligados a cotizar por las Contingencias Profesionales (También los de Tarifa Plana). La cuantía fijada por el Real Decreto Ley 28/2018 es del 0,9%.

Además, se incluyen como obligatorias también la cotización por cese de actividad, del 0,7%, y por formación profesional, del 0,1%. Puede ocurrir que notes que tu cuota se incrementa porque antes no cotizabas por estas contingencias.

Pero también se está dando el caso contrario, si ya cotizabas voluntariamente por Contingencias Profesionales, seguramente tu cuota habrá bajado. Esto sucede porque se aplica con carácter general el porcentaje de 0,9 por Contingencias Comunes, y hasta el 31 de Diciembre, pagabas un porcentaje más alto.  

Esta es la cotización para los autónomos con Tarifa Plana en 2019

La Tarifa Plana de autónomos durante 2019 pasa a ser de 60 €. ¿Por qué se ha incrementado?

La razón es que desde el 1 de Enero de 2019, si eres un autónomo de Tarifa Plana, estás obligado a cotizar por contingencias comunes y profesionales.

La obligación de cotizar por contingencias profesionales es la novedad de este año para los todos los autónomos. De forma que tu cuota se compone de las siguientes cuantías:

  • Cotización por Contingencias Comunes: 51,50 €.
  • Cotización por Contingencias Profesionales: 8,50 €.

Esta será la cotización durante los 12 primeros meses de Tarifa Plana, si eliges la base mínima de cotización. En caso de escoger la base más elevada, podrías aplicar durante esos primeros 12 meses una reducción del 80% a la cuota.

Entre los meses 12 y 18 pagarías 141,65 €/mes, si has seleccionado la cuota mínima. Si tu base es más alta, una reducción del 50%.

Entre los 18 y 24 meses, la cuota para la base mínima sería de 198,31 € al mes o el resultado de aplicar una reducción del 30%, si se trata de una cuota más elevada.

Aviso: un error en la actualización podría haber dejado tus contratos activos sin bonificación

Se trata de un error en la aplicación de las bonificaciones, como consecuencia de una actualización del sistema de Seguridad Social, tras implementar las derogaciones de contratos previstas en el Real Decreto Ley 28/2018.

Recordamos que el citado Real Decreto Ley derogaba varias bonificaciones desde el 1 de enero. Desde esa fecha no se podrían hacer nuevas altas, pero los contratos que ya estuviesen activos con fecha anterior sí seguirían disfrutando de las bonificaciones y se regirían por la normativa aplicable en el momento del alta.

Pues bien, dicha actualización ha eliminado todas las bonificaciones asociadas a las siguientes modalidades, sin tener en cuenta la fecha de alta. Si tienes algún contrato activo, es bastante probable que también se haya visto afectado por este error de actualización:

  • Contrato indefinido de apoyo a emprendedores.
  • Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa.
  • Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
  • Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
  • Primer empleo joven.
  • Incentivos a los contratos en prácticas.

El error se ha detectado al consultar los IDC donde, de repente, un contrato que tenía derecho a la bonificación, aparecía sin ella.  

Comunicación informativa novedades normativas

Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes en el Orden Social. Publicación BOE 29-12-2018. Entrada en vigor: 30/12/2018, con efectos desde el 01/01/2019 Contenido a destacar: Revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas Revalorización de las pensiones un 1,6% para 2019, seis décimas por encima de las previsiones del Índice de Precios al Consumo (IPC) para 2019. Dicha revalorización se complementa:  Con la previsión de actualizar previamente el importe de dichas prestaciones con el incremento del IPC real en el periodo de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, en caso de que sea superior al 1,6%.  Con la previsión de abonar, en una sola paga, la diferencia entre la pensión percibida en 2018 y la que hubiera correspondido de haber aplicado a dicha pensión el aumento que del IPC real en el período de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, en el caso de que sea superior al 1,6%. 

Incentivos a la reducción de siniestralidad Se suspende el BONUS (sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral) para las cotizaciones que se generen durante 2019. 
Trabajadores por cuenta ajena  Cotización AT y EP en edad de jubilación. Los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por AT y EP más alto de los establecidos, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional.  Cotización en contratos de corta duración. En los contratos de carácter temporal cuya duración sea igual o inferior a 5 días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 40 %.  Recaídas. Hasta el cumplimiento del plazo de duración de 365 días de los procesos de IT, el INSS será competente para considerar si existe recaída o no en un mismo proceso.  Los contratos de formación y aprendizaje estarán exentos de cotización por formación profesional.  El Real Decreto añade una nueva infracción y las consecuentes sanciones para el caso comunicación de bajas en Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena que continúen con igual actividad y prestación de servicios por cuenta propia.
Establece la interrupción del cómputo de la duración de los contratos de formación y aprendizaje en las situaciones de Incapacidad Temporal, riesgo durante el embarazo y la lactancia (REM), maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad.  El Real Decreto establece las nuevas tarifas de cotización a la Seguridad Social con efectos a 1 de enero de 2019. 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos  Deberán elegir una Mutua los trabajadores por cuenta propia o autónomos que inicialmente optaron por continuar con entidad gestora para la protección de la prestación económica por Incapacidad Temporal. Dicha opción deberá efectuarse en el plazo de 3 meses y con efectos desde el 1 de junio de 2019.  Aumento progresivo de los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad.  La tarifa plana de cotización para autónomos pasa de 50 a 60 euros.  Las bases mínimas de cotización crecen un 1,25% hasta los 944,30 €/mes (5,36 euros al mes o 64 euros al año). A partir del año siguiente seguirá con un alza de 64 €/año.  Trabajadores en Incapacidad Temporal con derecho a prestación económica. Transcurridos 60 días en dicha situación desde la baja médica, corresponderá hacer efectivo el pago de las cuotas, por todas las contingencias, a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, a la entidad gestora o, en su caso, al servicio público de empleo, con cargo a las cuotas por cese de actividad.  Los trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (acogidos a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad) tendrán una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la cotización por la cobertura de Incapacidad Temporal por Contingencia Común.  Respecto al cese de actividad de trabajadores autónomos (CATA):  Establece el abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo por todas las contingencias al régimen correspondiente, a partir del sexagésimo primer día de baja.  Aclara la redacción actual respecto al nacimiento del derecho a CATA que se producirá el día primero del mes siguiente a aquel en que tenga efectos a la baja como consecuencia del cese en la actividad. A su vez establece que cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al percibo de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el cobro de la prestación.  Modificación de los periodos de protección. Se mejora la prestación por cese de actividad, equivalente a la de paro, que pasa de 12 meses a 24.
Reduce el tipo de cotización a fijar anualmente que no podrá ser inferior al 0,7% ni superior al 4%, mientras que antes era no inferior al 2,2% ni superior al 4%.  Aclara que las resoluciones de las reclamaciones previas deben indicar el órgano ante el que puede continuarse la reclamación y a su vez establece la obligación de emitir informes previos vinculantes y generar una comisión para resolver.  Excepción a la cobertura obligatoria de todas las contingencias. La cobertura de las Contingencias Profesionales, por cese de actividad y por formación profesional, no resultará obligatoria en el caso de socios de cooperativas incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que dispongan de un sistema inter-cooperativo de prestaciones sociales, complementario al Sistema Público.
 Cuidadores no profesionales Mejora de la protección social ya que se recupera la financiación de las cuotas del convenio especial de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia. 

Motivos por los que podrías recibir una carta de la inspección de Trabajo.

Tras realizar un cruce de datos entre TGSS, Hacienda e Inspección de Trabajo, si se detecta alguna anomalía, se generan un aviso que originaría estas cartas.

Estos son los motivos principales por los que se están recibiendo:

Contratos temporales en fraude de ley. Están remitiendo cartas a todas la empresas que tienen muchos trabajadores a tiempo parcial en relación al total de la plantilla.
Otras circunstancias son el haber agotado la duración máxima para aplicar un contrato eventual y las altas y bajas sucesivas.

Falsas jornadas a tiempo parcial. Cuando el trabajador tiene un contrato a tiempo parcial, pero realmente realiza una jornada de 40 horas.

Contratación de falsos autónomos. La incorporación a la plantilla de trabajadores inscritos en el RETA, con el fin de abaratar costes, también está siendo castigada.

Abuso de horas extraordinarias. Se vigilarán los excesos de jornada, especialmente en los casos de contratos a tiempo parcial.

Qué procedimiento sigue Inspección en relación a estas cartas

En la carta se advierte a las empresa para regularicen de inmediato la situación de sus trabajadores, convirtiendo los contratos en indefinidos o a jornada completa. Para ello se concede un mes de plazo.

En el caso de no haber regularizado los hechos indicados, se iniciaría una actuación inspectora.

Una vez iniciado el procedimiento, si se confirma el incumplimiento de la empresa, Inspección impondría las sanciones y medidas que estimase oportunas.

¿Tu empresa haya recibido una carta de Inspección? Te recomendamos que contactes antes que nada con tu asesor laboral, para que te informe sobre los hechos que reclaman y asesore sobre los pasos a seguir.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS: CAMBIOS VOLUNTARIOS Y OBLIGATORIOS

El 30 de septiembre es la fecha clave

Variación en la base de cotización

Los trabajadores autónomos disponen hasta el 30 de septiembre de una nueva oportunidad (la tercera del año) para solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) el cambio voluntario en su base de cotización, eligiendo otra que se halle comprendida dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables, según establece la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en su Disposición final segunda.

Recordemos que, con la normativa vigente, los trabajadores autónomos pueden cambiar de base cuatro veces en cada año natural, con la posibilidad de realizar el trámite en cualquier momento, pero surtiendo efectos legales únicamente el primer día de cada trimestre: 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre. De esta forma, las solicitudes realizadas a partir del próximo 30 de septiembre tendrán efecto el 1 de enero de 2019 y las realizadas a partir del 31 de diciembre lo tendrán a partir del 1 de abril de ese año.

Actualmente la base mínima de cotización con carácter general es de 932,70€/mes, mientras la máxima de 3.803,70€/mes para autónomos con una edad de hasta 47 años. A partir de esta edad, el límite superior de la base de cotización se reduce según los requisitos especificados en las normas aplicables*. 
*Ver web de la Seguridad Social www-new.seg-social.es
Otras modificaciones

Igualmente, el 30 de septiembre es la fecha tope en la que los autónomos pueden tramitar:

-El cambio de entidad responsable de la cobertura por incapacidad temporal (del INSS a una mutua colaboradora con la Seguridad Social o de una mutua a otra).

-La cobertura de las contingencias profesionales (el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) o la renuncia a las mismas.

-Acogerse al cese de actividad o darse de baja en esta cobertura.

Todas estas variaciones surtirán efecto el 1 de enero de 2019.

Todos los autónomos deberán incorporarse al sistema RED

El próximo 1 de octubre entra en vigor la Orden ESS/214/2018, que en su Disposición transitoria primera establece que «Los trabajadores por cuenta propia o autónomos …que en la fecha de entrada en vigor de esta orden figuren en alta en el régimen correspondiente y no estuvieran incorporados en el Sistema RED, deberán proceder a su incorporación al mismo, en cualquiera de las formas previstas en el citado artículo, dentro de un plazo de seis meses, a partir de aquel en que tenga lugar dicha entrada en vigor» (1 de abril de 2018).

Esto significa que a partir de esa fecha todos los autónomos tendrán que gestionar obligatoriamente por vía electrónica cualquier trámite relacionado con afiliación, cotización y recaudación, además de las notificaciones con la Seguridad Social y certificados médicos, entre otros. Pueden hacerlo de dos formas:

1. Accediendo a la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS) con Certificado electrónico admitido por la Seguridad Social, con DNI electrónico o mediante Sistema Cl@ve.

2. Sistema RED, con un autorizado para la Remisión Electrónica de Datos. Muchos autónomos son clientes de asesorías y despachos jurídicos que cuentan con una autorización RED, a través de la cual transmiten sus clientes (éstos firman el modelo oficial FR103 autorizando al asesor para que actúe en su representación) sin necesidad de un número RED propio.

Novedades en prevención de blanqueo de capitales tras el RDL 11/2018

Se incluyen nuevos sujetos obligados, se añaden 2 modificaciones al artículo 2 de la Ley 10/2010. SE introduce la obligación de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades. Os indicamos las novedades a continuación en negrita:
“o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.”

“u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.”

Se indica en un nuevo apartado 3 que podrán excluirse las personas que realicen actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Se reduce el límite para el pago en efectivo en el comercio de bienes de 15.000 a 10.000 euros (artículo 38), estando obligados a cumplir con las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales correspondientes.
Se adaptan los límites de las sanciones y se crean nuevos tipos infractores, incrementando el importe de las multas. El importe mínimo a partir de ahora será de 150.000 euros y el importe máximo, el 10% sobre el volumen de negocios anual total del sujeto obligado ó 10.000.000 euros.
Se incorpora el elemento adicional de la publicidad anónima de las sanciones impuestas en caso e que se acuerde la no publicación.
Se establecen canales de denuncia específicos para aquellas conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de una entidad. Los sujetos obligados deberán contar con un canal de denuncias interno y también se crearán otros canales en la Administración. Todos deberán tener carácter confidencial.
Se modifica el régimen, considerando a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras.

INASISTENCIA DE LOS ADMINISTRADORES EN LA JUNTA GENERAL DE Socios

Como regla general, la ausencia de los administradores no puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad de la junta.
Como excepción, sí debe darse lugar a la nulidad de la junta cuando la ausencia sea decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios.
Demanda de nulidad de junta general de socios

Una socia minoritaria de la compañía mercantil presentó demanda de nulidad de junta general de socios con fundamento en que no habían asistido a la misma los administradores de la sociedad.

Las sentencias de instancia estimaron la demanda y el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la compañía.

La Sala recuerda que los arts. 183 de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-, para la sociedad limitada-, y 184 LSC -para la sociedad anónima- permiten que los socios puedan asistir a las juntas generales representados por otras personas. Pero dicha representación únicamente puede conferirse en su cualidad de socios, no de administradores que, a su vez, son socios, puesto que la administración no puede ser ejercida por representante, salvo en el caso de administrador persona jurídica y con las especificidades previstas en el art. 212 bis LSC.

Por otro lado, si bien el art. 180 LSC establece de forma imperativa que los administradores deberán asistir a las juntas generales, el precepto no anuda expresamente ninguna consecuencia a tal incumplimiento, y ello porque si se previese en todo caso la sanción de nulidad de la junta por inasistencia del órgano de administración, ello podría dar lugar a la imposibilidad de celebración de juntas generales por la sola voluntad de una o varias personas (los administradores), que mediante el simple expediente de no acudir a las juntas, paralizarían la sociedad.

Por tanto, la ausencia de los administradores sociales, como regla general, no puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad de la junta general, sin perjuicio de la responsabilidad en la que, en su caso, puedan incurrir, conforme al art. 236 LSC, por infracción del deber legal impuesto en el art. 180.

No obstante, señala el Tribunal, dicha regla general puede tener excepciones, por lo que no cabe una solución unívoca y terminante, puesto que, frente al supuesto básico de no suspensión o nulidad, habrá casos en que la ausencia de los administradores en la junta general podrá ser decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios que, precisamente, se ven satisfechos a través de la celebración de la junta. Por ello, habrá que ponderar según cada caso hasta qué punto la inasistencia de los administradores puede justificar la suspensión o incluso la nulidad de la junta que se hubiera celebrado en su ausencia.

En este caso, la Sala entiende que se está ante uno de los supuestos que se escapan a la regla general, en los que sí debe darse lugar a la nulidad de la junta general para no dejar indefensa a la socia minoritaria. Y ello porque, si se atiende al orden del día que figura en la convocatoria, se observa que no solo se trataba genéricamente de censurar la gestión social, sino que también había que deliberar y votar sobre una delegación en el consejero delegado para la suscripción de operaciones crediticias y novaciones de préstamos, y en su caso, negociación para liberación a los socios de avales personales en préstamos. Por lo que, al ser la demandada una sociedad patrimonial, era consustancial a la naturaleza de dicho punto del orden del día que tuviera que estar complementado con un derecho (para los socios) y deber (para los administradores) de información reforzado, a fin de explicar adecuadamente las necesidades, características y consecuencias de tales operaciones crediticias

Multas de 3.000 euros si te has dado de alta en autónomos de este modo

Anteriormente, cuando un trabajador por cuenta propia se daba de alta en Hacienda, disponía después de 30 días para darse de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, la nueva norma especifica que el alta del profesional autónomo en la Seguridad Social no puede hacerse con posterioridad a la fecha de inicio de la actividad (que lo marca Hacienda).

Por tanto, antes de iniciar la actividad es necesario darte de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, en Hacienda.

¿Son lo mismo el número Vies y el número EORI?

EL NÚMERO EORI Y EL NÚMERO VIES ¿SON LO MISMO?

No. Ambos números tienen la misma composición pero su finalidad es diferente y serán gestionados de forma independiente.

El número de registro e identificación de los operadores económicos (número EORI) es un número de identificación, único en el territorio aduanero de la Unión, asignado por una autoridad aduanera a un operador económico o a otra persona con el fin de registrarlo a efectos aduaneros.

Los operadores económicos que vayan a realizar operaciones comerciales con estados de la Unión Europea, bien sean intercambios de bienes o de servicios, deben darse de alta como operadores intracomunitarios (en el modelo 036/037), lo cual supone su inscripción en el censo VIES del Estado o Estados miembros donde realice operaciones (Sistema de Intercambio de Información sobre el IVA).

Es decir, un operador a quien se asigne un número EORI no podrá, por este hecho realizar operaciones intracomunitarias, salvo que esté igualmente, dado de alta en el censo de operadores intracomunitarios.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL EORI Y EL OEA?:

El número de registro e identificación de los operadores económicos (número EORI) es un número de identificación, único en el territorio aduanero de la Unión, asignado por una autoridad aduanera a un operador económico o a otra persona con el fin de registrarlo a efectos aduaneros.

Según la definición contenida en el Reglamento delegado, el EORI es un número de identificación, único en el territorio aduanero de la Unión, asignado por una autoridad aduanera a un operador económico.

El «operador económico» es definido en el artículo 5 del Código aduanero de la Unión como una persona que, en el ejercicio de su actividad profesional, intervenga en actividades a las que se aplique la legislación aduanera.

Los Operadores Económicos Autorizados son operadores de confianza en sus operaciones aduaneras y que, en consecuencia, disfrutarán de ventajas en toda la Unión Europea.

Es decir, todos los operadores económicos deben tener un número EORI mientras que sólo aquellos que lo deseen solicitarán un certificado de OEA, para beneficiarse de las ventajas correspondientes.

Fuente: AEAT (INFORMA)

El arrendamiento de la vivienda de uso vacacional

RENTA 2017: ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DE USO VACACIONAL

 

A continuación se relacionan varias consultas del INFORMA relativas al arrendamiento de vivienda, que debéis tener en cuenta a la hora depueden ser de ayuda de realizar la renta.

Un contribuyente que alquila una vivienda para uso vacacional utilizando para su publicidad distintos canales (internet, periódicos, agencias). ¿Puede aplicar la reducción del 60% a los rendimientos netos positivos que declare como rendimientos del capital inmobiliario?

No. Para poder aplicar la reducción el arrendamiento tiene que recaer sobre una inmueble cuyo destino primordial, sea satisfacer una necesidad permanente de vivienda, no cubrir una necesidad de carácter temporal como ocurre en el caso de las viviendas de uso vacacional.

Resolución TEAC , de 08 de marzo de 2018 . 5663/2017

 

El propietario de una vivienda la alquila durante los meses de verano a una familia para que la utilicen en sus vacaciones ¿Es aplicable la reducción del rendimiento obtenido por el alquiler de la vivienda?

No. La reducción sólo es aplicable sobre el rendimiento neto obtenido del arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Según la ley de arrendamientos urbanos, LAU,  tiene esa consideración los arrendamientos que recaen sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Por tanto, de acuerdo con la citada ley, el caso planteado no puede considerarse como arrendamiento de vivienda, por lo que no es aplicable la reducción.

Se alquila una vivienda a estudiantes por la temporada del curso escolar, 
formalizando un contratos de arrendamiento de temporada al amparo de lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿ Puede aplicarse la reducción por arrendamiento de vivienda?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley  de Arrendamientos Urbanos se entenderá que se trata de un arrendamiento destinado a vivienda, cuando el arrendamiento recaiga sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

Por su parte, el artículo 3 de la LAU dispone que se considerará arrendamiento distinto del de vivienda, aquel arrendamiento que recayendo sobre una edificación tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra.

En consecuencia, no resultará aplicable la reducción cuando el arrendamiento del inmueble se celebre por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2.1º de la Ley 35/2006 del IRPF cuando establece que tratándose de rendimientos netos positivos,  la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente  ¿Procede la reducción del 60 por ciento en los rendimientos netos positivos del capital inmobiliario regularizados por la Administración si no han sido declarados por el contribuyente? 

Los rendimientos podrán entenderse declarados por el contribuyente tanto:  

  1. A) Cuando éste los consigne en su correspondiente declaración-autoliquidación presentada en tiempo y forma por el IRPF,  como 
  2. B) Cuando lo haga fuera del plazo de presentación legalmente establecido a través de una declaración-autoliquidación extemporánea y/o complementaria o,  incluso,  cuando los consigne en una solicitud de rectificación de autoliquidación.

Ahora bien,  sólo podrá hablarse de  rendimientos declarados en los casos señalados en la letra B) del párrafo anterior cuando las autoliquidaciones extemporáneas y/o complementarias o las solicitudes de rectificación de la autoliquidación se presenten antes del inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos cuyo alcance incluya la comprobación de los citados rendimientos.

Resolución TEAC 06326/2016 de 2-3-2017, en unificación de criterio.

 

 

Conceptos clave que te interesa conocer de las operaciones intracomunitarias

Para un correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas a las operaciones intracomunitarias, es clave tener un profundo conocimiento de la normativa fiscal asociada a este tipo de operaciones, ya que en caso contrario se pueden cometer errores que pueden acabar saliendo muy caros, al derivar en sanciones.

En relación con las operaciones intracomunitarias hay cinco conceptos clave que debes conocer.

Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI)

El primer paso que deben dar las empresas o profesionales que deseen realizar tráfico intracomunitario de mercancías es dase de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), para lo cual deben presentar una declaración censal, utilizando el modelo 036. Con el alta en el ROI, la empresa obtendrá el NIF-IVA que es necesario para la realización de las operaciones intracomunitarias.

VIES (sistema de intercambio de información sobre el IVA)

El VIES es un sistema electrónico de validación de números de IVA de los agentes económicos registrados en la Unión Europea para operaciones transfronterizas de bienes y servicios. Con la asignación del NIF-IVA el operador constará en el censo de operadores intracomunitarios. Antes de realizar una entrega intracomunitaria a una empresa de otro Estado miembro de la Unión Europea, lo primero que se debe hacer es comprobar que el NIF-IVA del cliente es correcto, ya que en caso contrario la factura deberá facturarse con IVA.

EORI (número de registro e identificación de operadores económicos)

El EORI es un número, válido en toda la Unión Europea, que es asignado por la autoridad aduanera de un Estado miembro. Todos aquellos operadores económicos que realicen importaciones y exportaciones están obligados a registrarse y obtener un número EORI.

El número EORI se puede obtener en la web de la Agencia Tributaria, a través de la opción alta de EORI, necesitando para ello el certificado digital. También se puede solicitar la validación del número EORI en la web de la Comisión Europea.

No se debe confundir el EORI con el número NIF-IVA del censo de operadores intracomunitarios, ya que aunque sean iguales en la mayoría de los casos, no tienen por qué serlo.

 

 

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (Modelo 349)

El modelo 349 es una declaración de carácter informativo, donde se recogen las operaciones intracomunitarias de IVA en las que se ha intervenido. Debe presentarlo todo empresario o profesional que realice entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, cualquiera que sea su régimen de tributación a efectos del IVA. Su presentación puede ser mensual, trimestral o anual.

La información contenida en el modelo 349 debe coincidir con la declarada sobre operaciones intracomunitarias en el modelo 303 del mismo periodo, ya que en caso contrario la Agencia Tributaria puede solicitarnos las facturas de las operaciones del periodo para comprobar las declaraciones presentadas.

Para declarar una operación intracomunitaria, se debe haber comprobado antes que el operador intracomunitario está dado de alta en el ROI y dispone de NIF-IVA validado en el VIES.

Intrastat

El Intrastat permite la obtención de los datos de tráfico de mercancías entre los países de los Estados miembros, datos que son necesarios para la elaboración de la estadística de los intercambios de bienes entre los Estados miembros.

Todos los sujetos pasivos del IVA están obligados a presentar la declaración recapitulativa Intrastat, siempre que se alcance el umbral de exención que actualmente es de 400.000 euros, tanto en operaciones de introducción como de expedición.

Según la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, se establecen sanciones por el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración Intrastat o hacerlo de forma errónea. De manera que:

Las infracciones LEVES se sancionarán con multas de 60,11 a 300,51 euros.
Las infracciones GRAVES serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 euros.
Las infracciones MUY GRAVES serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 euros.
El Intrastat deberá coincidir con el modelo 349 cuando las operaciones realizadas entre los Estados miembros se deban al tráfico de mercancías exclusivamente, ya que en el caso de que las operaciones realizadas se deban a prestaciones de servicios, deberemos declarar estas en el modelo 349, pero no en el Intrastat.

También es importante que en el modelo 390, la casilla resumen de operaciones intracomunitarias esté en consonancia con lo presentado en el Intrastat y en el modelo 349.

El sistema de remuneración de los consejeros delegados o ejecutivos debe constar en los estatutos sociales

La remuneración de los administradores sociales es un tema muy controvertido desde que en 2014 la Ley para la mejora del gobierno corporativo introdujera importantes modificaciones en la regulación de esta materia. Se han aplicado criterios muy distintos sobre si todo tipo de retribuciones que perciben los consejeros que forman parte del consejo de administración de las sociedades no cotizadas tienen que figurar en los estatutos sociales –ya sea en los iniciales o en modificaciones posteriores- y sobre si la junta general de socios debe controlarlas en cualquier caso. El Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia el 26 de febrero en la que interpreta la normativa y pone fin a una de las grandes polémicas en torno a esta cuestión.

Las escrituras bastarán para eximir del pago del impuesto sobre plusvalía municipal si no hay ganancia

De esta forma el Gobierno se adapta a la sentencia del Tribunal Constitucional. El grupo parlamentario del PP ha propuesto una nueva regulación de este gravamen a través de una proposición de Ley que había sido solicitada por los municipios y según la cual las nuevas condiciones se aplicarían a las operaciones de compraventa realizadas desde el 15 de junio de 2017. La iniciativa reforma el impuesto de plusvalías para introducir un nuevo supuesto: "El sujeto pasivo deberá declarar la transmisión no sujeta, así como aportar las pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del terreno". Puntualiza que esta acreditación deberá estar constatada en los títulos que documenten la venta (escrituras) o bien ser comprobada por la Administración Tributaria correspondiente. La proposición señala que los ayuntamientos tendrían un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta Ley para modificar el impuesto en sus respectivas ordenanzas.

JUBILACIÓN ACTIVA CON PENSIÓN AL 100%

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, destaca la mejora de la jubilación activa para los trabajadores autónomos que cumplen con los requisitos legales establecidos en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social.
Entre las modificaciones que la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, destaca la mejora de la jubilación activa para los trabajadores autónomos que cumpliendo con los requisitos legales establecidos en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social, de acceso a la jubilación cumplida la edad ordinaria que, en cada caso, resulte de aplicación, y que el porcentaje aplicable a la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión alcance el 100%, acrediten además tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, el importe de la jubilación activa será desde el 26 de octubre de 2017, al 100% del importe de la pensión en lugar del 50% que estaba regulado hasta esa fecha

La norma no regula expresamente el carácter retroactivo de esta mejora para los trabajadores autónomos que ya se encontraran en jubilación activa con anterioridad a esa fecha y cumplan el requisito de tener al menos contratado a un trabajador por cuenta ajena, no obstante, un reciente Criterio del INSS ha establecido que dicha mejora resulta aplicable tanto a los nuevos solicitantes de pensión como también a aquellos pensionistas anteriores de jubilación activa que cumpliendo los requisitos previstos, soliciten el incremento de la pensión al 100%.

Para poder acceder a la mejora del 100% la modificación no se realiza de oficio, y debe efectuarse a instancia del propio trabajador autónomo.

La vivienda habitual de un deudor en concurso no tiene por qué venderse, si se cumplen dos requisitos

Empiezan a aflorar sentencias donde los jueces consideran que la venta de la vivienda habitual en el seno de un procedimiento concursal, cuando su valor en el mercado sea inferior a la deuda hipotecaria y el préstamo esté al corriente de pago, no beneficia a nadie, pudiendo el deudor solicitar igualmente la exoneración del pasivo insatisfecho.
Los jueces de lo mercantil empiezan a introducir, en sus sentencias judiciales, un importante criterio en los procedimientos concursales de personas naturales (no empresas): No será necesario vender la vivienda habitual del deudor cuando su valor de mercado sea inferior a la deuda hipotecaria y ésta se encuentre al corriente de pago.
El principal motivo radica en que la finalidad de todo procedimiento concursal consiste en buscar la máxima satisfacción de los acreedores y, en caso de que el precio de la vivienda sea inferior a su valor de mercado, su venta no supone beneficio alguno para el resto de acreedores ya que no se obtendrá dinero para pagar sus créditos, tampoco beneficia al banco (acreedor especialmente privilegiado) ya que lo que él preferirá será que le sigan pagando religiosamente las cuotas pertinentes, con el fin de pagar la totalidad del préstamo.

En última instancia, también puede satisfacer al deudor, el magistrado D. Carlos Puigcerver Asor (titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 50 de Barcelona) lo razona de esta manera: "Se me ocurren dos casos en que el deudor puede no estar interesado en la venta o liquidación de su vivienda: el primero es el del valor afectivo, de tal manera que aunque la vivienda valga menos que la deuda del hipotecario, prefiera conservarla por el valor sentimental o familiar; el segundo supuesto es el que se da en las ciudades en donde el precio del alquiler es muy elevado, como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca; aquí puede ocurrir que la cuota mensual del préstamo hipotecario sea inferior al de una renta mensual de alquiler".

¿Qué se entiende por vivienda habitual?: La Disposición adicional vigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF relata que “se considerará vivienda habitual aquella en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de tres años”.

Una Segunda Oportunidad.
La entrada en vigor de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social a través de la cual se modifica, entre otras, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, supuso una novedad importantísima en tanto que contempla mecanismos para que el deudor, persona natural, que se encuentre en situación de insolvencia, quede exonerado de las deudas contraídas.

Esta Ley, conocida como Ley de Segunda Oportunidad, supuso una bolsa de oxígeno para los deudores naturales, que suelen ser autónomos o empresarios que avalaron personalmente los créditos de su sociedad que, para verse exonerados de sus deudas (en virtud del artículo 178 bis LC "Exoneración del pasivo insatisfecho”), primero debían:

1) Intentar un acuerdo extrajudicial de pagos,

2) de no llegar a acuerdo (99% de los casos) debían liquidarse todos sus bienes en un procedimiento concursal y,

3) deberán ser considerados deudores de buena fe (que no hayan sido considerados culpables en el concurso).

Es decir, ahora se introduce un nuevo criterio jurisprudencial para que una persona física, con un volumen importante de deudas, no tenga que vender su vivienda habitual para, finalmente, solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, como sucedía hasta ahora.

Modelo 303. IVA. Autoliquidación. (Telemático)

  • Resumen:

    Modelo 303. IVA. Autoliquidación

    DESTINATARIOS

    El modelo 303 será presentado por los siguientes sujetos pasivos del IVA:

    a) Aquellos cuyo período de liquidación coincida con el trimestre natural, incluidas las personas o entidades que apliquen el Régimen especial simplificado salvo las personas o entidades que tengan la obligación de presentar autoliquidaciones de carácter no periódico, según lo previsto en el Art. 71 ,RIVA apartado 8.

    b) Aquellos cuyo período de liquidación coincida con el mes natural, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1º, 2º y 3º del Art. 71 ,RIVA apartado 3.

    ÓRGANO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

    Este modelo se dirigirá a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El plazo de presentación del modelo 303 será el siguiente:

    a) Para los sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el mes natural, la presentación del modelo 303 y la solicitud de su ingreso o devolución, se realizará en los 20 primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente período de liquidación mensual, excepto la relativa al último período de liquidación del año, que deberá presentarse durante los 30 primeros días naturales del mes de enero siguiente.

    b) Para los sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el trimestre natural, la presentación del modelo 303 y la solicitud de su ingreso o devolución, se realizará en los 20 primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del  correspondiente período de liquidación trimestral, excepto la correspondiente al último período de liquidación del año, que deberá presentarse durante los 30 primeros días naturales del mes de enero siguiente.

    FORMA DE PRESENTACIÓN

    Telemática 
    Entidades colaboradoras
    Oficinas de la AEAT

    NORMATIVA

    Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido.

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Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. (Telemático)

  • Resumen:

    Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 

    DESTINATARIOS

    Estarán obligados a presentar la Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias los empresarios y profesionales que realicen cualquiera de las siguientes operaciones:

    < >Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentren exentas en virtud de lo dispuesto en los apartados uno, dos y tres del Art. 25de la LIVA.
    → Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el número 3.º del Art. 9 y, en particular, las entregas ulteriores de bienes cuya importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo dispuesto en el número 12.º del Art. 27

    Quedarán excluidas de las entregas de bienes a que se refiere este número las siguientes:
         1.º Las que tengan por objeto medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la letra e) del apartado uno del Art. 5

         2.º Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para destinatarios que no tengan atribuido un número de identificación a efectos del citado tributo en cualquier otro Estado miembro de la Comunidad.

    Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto realizadas por personas o entidades identificadas a efectos del mismo en el territorio de aplicación del Impuesto.
    → Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado miembro a que se refiere el número 2º del 1 6 y, en particular, las adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido previamente importados en otro Estado miembro donde dicha importación haya estado exenta del Impuesto en condiciones análogas a las establecidas por el apartado 12º del Art. 27

    Las prestaciones intracomunitarias de servicios, en las condiciones previstas en el Art. 79Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre

    Las adquisiciones intracomunitarias de servicios, en las condiciones previstas en el Art. 79Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre

    Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que se refiere el apartado tres del Art. 26, realizadas en otro Estado miembro utilizando un número de identificación a efectos de Impuesto sobre el Valor Añadido asignado por la Administración tributaria española.ÓRGANO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

    Con carácter general, la declaración recapitulativa comprenderá las operaciones realizadas en cada mes natural, y se presentará durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente al correspondiente período mensual, salvo la correspondiente al mes de julio, que podrá presentarse durante el mes de agosto y los veinte primeros días naturales del mes de septiembre, y la correspondiente al mes de diciembre, que deberá presentarse durante los 30 primeros días naturales del mes de enero.

    ⇒ Cuando ni durante el trimestre de referencia ni en cada uno de los cuatro trimestres naturales anteriores el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que deban consignarse en la declaración recapitulativa sea superior a 50.000 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, la declaración recapitulativa deberá presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente al correspondiente período trimestral, salvo la del último trimestre del año, que deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.

    Si al final de cualquiera de los meses que componen cada trimestre natural se superara el importe mencionado en el párrafo anterior, deberá presentarse una declaración recapitulativa para el mes o los meses transcurridos desde el comienzo de dicho trimestre natural durante los veinte primeros días naturales inmediatos siguientes, de acuerdo con el siguiente criterio:

    a) Si se supera el importe mencionado en el párrafo anterior en el primer mes del trimestre natural, deberá presentarse una declaración mensual incluyendo las operaciones realizadas en dicho mes.

    b) Si se supera el importe mencionado en el párrafo anterior en el segundo mes del trimestre natural, deberá presentarse una declaración mensual, en la que se incluirán las operaciones correspondientes a los dos primeros meses del trimestre y se incorporará una marca en la que se indique que se trata de un trimestre truncado.

    ⇒ La declaración recapitulativa se referirá al año natural y se presentará durante los treinta primeros días naturales del mes de enero siguientes a dicho año, cuando concurran las dos circunstancias siguientes:

    a) Que el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, realizadas durante el año natural anterior no sea superior a 35.000 euros.

    b) Que el importe total de las entregas de bienes, que no sean medios de transporte nuevos, exentas del impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los apartados uno y tres del Art. 25 realizadas durante el año natural anterior, no sea superior a 15.000 euros.

     

     En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación a través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

    Órgano responsable: Agencia Estatal de Administración Tributaria

    FORMA DE PRESENTACIÓN

    Telemática

    NORMATIVA

    Orden EHA/769/2010 de 18 de Mar (modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, y se modifica la Orden HAC/3625/2003)

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Modelo 130 IRPF. Pago fraccionado. Empresarios y profesionales en Estimación Directa. (Telemático)

Enlaces: Modelo oficialAcceso al modelo oficial
Resumen:
Modelo 130. IRPF. Empresarios y profesionales en Estimación Directa. Pago fraccionado.

DESTINATARIOS

Presentarán el modelo 130 los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas, incluidas las agrícolas, ganaderas y forestales, y determinen su rendimiento neto de acuerdo con el método de estimación objetiva, siempre que, conforme a lo dispuesto en el Art. 107 ,RIRPF, estén obligados a autoliquidar y, en su caso, ingresar el pago fraccionados en el Tesoro en concepto de pago a cuenta del citado impuesto.

ÓRGANO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Este modelo se dirigirá a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El modelo 130 será presentado en los plazos siguientes:

a) Los tres primeros trimestres, entre el día 1 y el 20 de los meses de abril, julio y octubre.

b) El cuarto trimestre, entre el día 1 y el 30 del mes de enero.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Telemática 
Oficinas de la AEAT
Entidades Colaboradoras

NORMATIVA

ORDEN EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva.

La retribución de los administradores en las sociedades de capital a raíz de la Ley 31/2014 

  • Sobre la remuneración de administradores en general.

En primer lugar, la nueva redacción otorgada al artículo 217 de la LSCque establece la remuneración de los administradores dicta, en su punto “1”, que “El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración”.

En segundo lugar, su punto “2” recoge los conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales, que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los que a continuación se expresan:

a) una asignación fija,

b) dietas de asistencia,

c) participación en beneficios (regulado en el artículo 218 LSC),

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución (regulado en el artículo 219 LSC),

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos”.

Por su parte, el punto “3” de mentado artículo razona que: “El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General (...)” mientras que el punto “4” establece que: “La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables”.

Es decir, la Ley 31/2014 establece una novedad relevante sobre la regulación de las remuneraciones de los administradores, de manera que sus honorarios deben reflejar adecuadamente la evolución real de la empresa y estén correctamente alineados con el interés de la sociedad y sus accionistas (debido a que deben aprobarse en Junta General). Por ello se obliga a que los Estatutos Sociales establezcan el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión. 

  • Sobre la remuneración de los Consejeros con funciones ejecutivas.

Por otro lado, esta Ley 31/2014 introduce una importante novedad respecto del sistema remuneratorio de los consejeros a través de la modificación del artículo 249 LSC, que recoge la delegación de facultades del Consejo de Administración, cuyo punto “3” establece, al tenor literal siguiente:

"3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión".

Por su parte, el punto “4” de este artículo regula que en el contrato deberán detallarse todos los conceptos retributivos a percibir por el desempeño de sus funciones ejecutivas de manera que no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. En estos conceptos retributivos debe incluirse, además, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.

Además, se añade el artículo 249 bis LSC que entabla las facultades indelegables dónde, en su apartado “i”, dicta que el Consejo de Administración no podrá delegar la facultad de tomar “i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general”.

Es decir, por lo que se refiere a las sociedades cotizadas, se someterá a la Junta General de accionistas la aprobación de la política de remuneraciones, que tendrá carácter plurianual, como punto separado del orden del día. En el marco de dicha política de remuneraciones, corresponde al Consejo de Administración fijar la remuneración de cada uno de los consejeros al que se le otorgue funciones ejecutivas, a través de un contrato suscrito entre este consejero y la sociedad. De esta forma se garantiza que sea la Junta General de accionistas la que retenga el control sobre las retribuciones, incluyendo los distintos componentes retributivos contemplados, los parámetros para la fijación de la remuneración y los términos y condiciones principales de los contratos.

  • Conclusiones.

Como conclusión, en virtud de las resoluciones publicadas de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 10 de mayo y 17 de junio de 2016, existen cuatro modos de organizar la administración, una compleja (Consejo de Administración) y las demás simples (administrador único, dos administradores mancomunados o administradores solidarios).

  • En las formas de administración simples, las funciones inherentes al cargo de administrador incluyen tanto la llamada función deliberativa, de estrategia y control de la sociedad como, especialmente, la función ejecutiva, de gestión ordinaria de la misma. De modo que, en estos casos, el carácter y sistema retributivo del cargo de administrador deben constar en los Estatutos Sociales.
  • En cambio, en la forma compleja de organización de la sociedad a través de un Consejo de Administración, las funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a lafunción deliberativa, por lo que este sistema de retribución deberá encontrarse regulado en los Estatutos.

No obstante, cabe la posibilidad de otorgar a un consejero funciones ejecutivas, que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o contractual de facultades ejecutivas, no es una función inherente al cargo de consejero, sino que se trata de una función adicional que nace de una relación jurídica añadida que surge por el nombramiento del Consejo de un consejero como consejero delegado, director general, gerente u otro. De esta manera, la retribución debida por la prestación de la función ejecutiva no es propia que conste en los estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero.

Asimismo, se hacen eco de la teoría del vínculo, admitiendo en el administrador la coexistencia de contratos de arrendamiento de servicios, laboral común... En función de las labores o tareas de que se trate, excluyendo el contrato laboral de alta dirección.

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Las alteraciones en el patrimonio tras recibir una herencia: ¿Declaro ISD o IRPF? 

La Dirección General de Tributos ha emitido una consulta vinculante que puede resultar interesante para aquellos que hayan recibido a través de herencia acciones de una entidad bancaria.

Resolución Vinculante de DGT, V1597-17, 21-06-2017 | Iberley

El caso planteado gira entorno a la anulación de una compraventa de acciones de Bankia solicitada por los herederos de la causante que consideraban que la valoración en Oferta Pública de Venta (OPV) se había realizado erróneamente, y por la que, tras reclamar judicialmente, recibieron un valor mayor al percibido en el momento de la herencia, y dudan sobre la tributación de dicha alteración patrimonial.

No saben con exactitud si deben presentar una complementaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o declararlo como ganancia patrimonial en su declaración del IRPF.

Pero, vamos a exponer el caso conociendo los datos concretos:

En julio de 2011 una mujer adquiere la cantidad de 90.000 euros en acciones de Bankia a través de la OPV que realizó la propia entidad.

En el año 2013, esta persona fallece y otorga a través de testamento, 160 acciones de Bankia con un valor de 161,28 euros, 80,64 euros a cada uno de los herederos, además de otros valores.

En el momento del otorgamiento, los herederos realizaron la declaración del ISD por la cantidad antes indicada.

En marzo de 2015, los herederos al entender que la valoración de la OPV realizada por Bankia fue errónea, deciden interponer una demanda contra la entidad por dicho motivo.

El 9 de mayo de 2016, obtuvieron sentencia estimatoria por la que se otorgaban a cada uno de ellos la cantidad de 30.000 euros como capital invertido y 5.543,06 euros como interés legal.

Las dudas que le surgen a uno de los herederos es si, debería declarar dichos importes como ganancia patrimonial en su declaración de la renta, por tratarse de una alteración patrimonial, o si por el contrario, deberá hacer una declaración complementaria del ISD.

En cuanto al aspecto civil de la cuestión objeto de consulta, la Dirección General de Tributos (DGT) entiende que, en el momento en que tres herederos (la consultante y otros dos) aceptaron la herencia de su hermana, la sucedieron en todos sus derechos y obligaciones, entre ellos la propiedad de las acciones de Bankia.

Como propietarios de tales acciones, iniciaron un proceso judicial contra la entidad, como resultado del cual se dictó sentencia por la que se anulaba la compraventa de las acciones, con devolución del importe pagado más los intereses de demora correspondientes.  (A este respecto, debe tenerse en cuenta que el proceso fue iniciado por la consultante y los otros dos herederos en su condición de propietarios de las acciones y –aunque fueron adquiridas por herencia– no en el de herederos de su anterior propietario y causante.)

Respecto al ámbito fiscal, el impuesto se devengó el día del fallecimiento de la hermanade los consultantes y lo que ella adquirió en ese momento fue un paquete de acciones de Bankia cuya valoración a efectos del impuesto estaba constituida por su valor neto (valor real menos cargas y deudas deducibles) en el momento del devengo, esto es, el día del fallecimiento de su hermana. A estos efectos, es irrelevante el hecho de que posteriormente se haya producido una anulación de la compraventa de las acciones, pues la anulación se produjo a instancia de los herederos en su condición de nuevos propietarios, en uso de uno de los derechos que les otorgaba la propiedad de las acciones.

Es decir, la indemnización que recibieron en cumplimiento del fallo judicial fue un hecho posterior al devengo del ISD, motivado por la actuación de los herederos y no del causante, por lo que no ha de tributar en dicho impuesto, sino en el IRPF, conforme a la normativa de dicho impuesto referente a las alteraciones patrimoniales.

Por lo tanto, la Dirección General de Tributos llega a la siguiente CONCLUSIÓN:

 

Las alteraciones en el patrimonio de un heredero producidas en bienes heredados, ya sean acciones o cualquier otro bien, por sentencia judicial derivada de un proceso iniciado por el heredero no generan la obligación de presentar una declaración complementaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues la alteración se produjo con posterioridad al devengo de dicho impuesto, sobre bienes ya pertenecientes al patrimonio del heredero y por su condición de nuevo propietario, no de heredero.

Por tanto, dicha alteración patrimonial deberá ser declarada en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del nuevo propietario conforme a la normativa de dicho impuesto relativa a las alteraciones patrimoniales. 

Instrucciones para cumplimentar el modelo 145.

Mediante el modelo 145 de Comunicación de datos al pagador, el trabajador rellena su situación familiar con el fin de que se pueda calcular el % de I.R.P.F. que se retiene en la nómina. A menudo, este modelo se rellena erróneamente y no se comunican las variaciones producidas durante el año.
A continuación detallamos un poco más como hay que rellenar este modelo:
1º DATOS DEL PERCEPTOR (Trabajador):
Situación familiar (SÓLO SE MARCARÁ UNA OPCIÓN)
SITUACION FAMILIAR 1: Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado legalmente, CON HIJOS menores de 18 años o mayores incapacitados sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada que convivan exclusivamente con él (unidades familiares monoparentales).Por lo tanto este caso se debe marcar solamente si tienen hijos que convivan exclusivamente con el trabajador y estando él mismo soltero, viudo, divorciado o separado legalmente. En ningún caso, el trabajador podrá estar casado.Esta situación conlleva la obligación de rellenar el apartado 2 con los datos de los hijos.
SITUACION FAMILIAR 2: Contribuyente casado y no separado legalmente cuyo cónyuge no obtiene rentas anuales superiores a 1.500 € anuales, excluidas las exentas. Este caso se señala cuando el perceptor está casado y su cónyuge no tiene ingresos. Es decir no trabaja ni percibe prestación de desempleo, y en todo caso sus ingresos no sobrepasan la cantidad de 1500€ anuales. En este caso, debe rellenarse obligatoriamente el DNI del cónyuge.
SITUACION FAMILIAR 3: Contribuyentes que se encuentren en cualquier otra situación distinta de las dos anteriores.
2º HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES.
Se reflejará el año de nacimiento o adopción de todos los hijos MENORES DE 25 AÑOS, SOLTEROS Y QUE CONVIVAN CON UD. (SI SON DISCAPACITADOS NO HAY LÍMITE DE EDAD), siempre que no ganen o prevea que no van a ganar más de 8.000 EUROS EN EL AÑO.
En caso de ser discapacitados, marcar la casilla correspondiente.
¡IMPORTANTE!: Si los hijos conviven SÓLO con Ud., sin convivir también con el otro progenitor, marque la casilla “Cómputo por entero de hijos o descendientes”.

3º ASCENDIENTES MAYORES DE 65 AÑOS.
Si sus padres o abuelos son mayores de 65 años, o menores de dicha edad si son discapacitados, y conviven con usted AL MENOS LA MITAD DEL AÑO y no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros, rellene los apartados correspondientes.
4º PAGO POR LA ADQUISICIÓN O REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL UTILIZANDO FINANCIACION AJENA.
Se indicará, cuando proceda, si se está pagando hipoteca por adquisición de vivienda habitual con derecho a deducción (sólo para viviendas habituales adquiridas con anterioridad al 01-01-2013).

NO OLVIDE FIRMAR EL MODELO 145 

Jubilación anticipada por voluntad del interesado

El acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado exigirá los siguientes requisitos (art. 208.1 LGSS 2015):

Ver texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
a) Tener cumplida una edad que sea inferior en 2 años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el art. 205.1.a) LGSS 2015, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores establecidos en el art. 206 LGSS 2015.

ATENCION A efectos de la aplicación del art. 208.1 a) LGSS 2015 se tendrá en cuenta lo dispuesto en la disp. trans. 7.ª LGSS 2015.

b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias.

A estos exclusivos efectos, se computará como cotizado a la Seguridad Social el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad; y, en caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.

La pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el art. 205.1.a) LGSS 2015, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado (art. 208.2 LGSS 2015):

- Coeficiente del 2% por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.

- Coeficiente del 1,875% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
- Coeficiente del 1,750% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.

- Coeficiente del 1,625% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación de lo establecido en el art. 205.1 a) LGSS 2015; y para el cómputo de los periodos de cotización se tomarán periodos completos, sin que se equipare a un periodo la fracción del mismo (art. 208.2 LGSS 2015).

ATENCIÓN A efectos de la aplicación del art. 208.2 LGSS 2015 se tendrá en cuenta lo dispuesto en la disp. trans. 7.ª LGSS 2015.

A efectos de la aplicación de los coeficientes reductores de la pensión por jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, o cuando la jubilación anticipada derive de la voluntad del interesado, el cómputo de los trimestres que en el momento del hecho causante le falten al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, que en cada caso resulte de aplicación, se realizará de fecha a fecha, contados hacia atrás desde la fecha en que se cumpliría, por el solicitante de la pensión, la edad legal de jubilación; a efectos de determinar dicha edad legal de jubilación se considerarán cotizados los años que le resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la edad que corresponda; y cuando en la fecha del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes (art. 3.2, RD 1716/2012, 28 dic.).

Ver Jubilación anticipada por voluntad del trabajador Seguridad Social

La obligación de tener un libro de visitas desaparece a partir de hoy, 13 de septiembre de 2016 

La nueva Ley de la Inspección eliminó la obligación de tener el libro de visitas, sustituyéndolo por la simple diligencia de los funcionarios actuantes, con efectos a la entrada en vigor de la Orden reguladora del modelo de diligencia, lo que ha tenido lugar mediante la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, con efectos a partir del 13 de septiembre de 2016.

La exigencia del libro de visitas era una obligación…

La Ley 42/1997, que reguló la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta julio de 2015, imponía una obligación a los empresarios: tener un libro de visitas en cada centro de trabajo, en el modelo oficial establecido al efecto (artículo 14.3 Ley 42/1997 DEROGADO).

… que debía formalizarse en modelo oficial

Tal modelo era el que indicaba la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si bien mediante la Resolución de 25 de noviembre de 2008, el mismo organismo estableció la posibilidad de solicitar la sustitución de dicha obligación por el alta en la aplicación informática del libro de visitas electrónico, previa autorización de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La obligación de tener un libro de visitas desaparece a partir del 13 de septiembre de 2016

La norma de 1997 fue derogada por la Ley 23/2015, de 21 de julio, que eliminó la obligación de tener el libro de visitas, sustituyéndolo por la simple diligencia de los funcionarios actuantes, por escrito, de cada actuación que realizasen en sus visitas a los centros de trabajo (artículo 21.6 Ley 23/2015).

Ahora bien, la medida sería efectiva cuando entrase en vigor la Orden prevista en el mismo artículo, reguladora de la diligencia, que debería dictar el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para determinar los hechos y actos que debían incorporarse a la misma, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, utilizando en lo posible medios electrónicos y sin obligar a los interesados a adquirir o diligenciar cualquier tipo de libro o formulario para su realización. Y liberaría a los empresarios de una obligación formal cuya ausencia constituía infracción leve por obstrucción a la labor inspectora.

Pues bien, la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, reguladora del modelo de diligencia de la Inspección, ha sido publicada en el BOE de 12 de septiembre, con efectos al día siguiente, si bien se mantiene la obligación para las empresas de conservar los libros y diligencias existentes a esa fecha durante 5 años.

Y a partir de ahora, cada visita de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores Laborales o comprobación por comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas, quedará reflejada en la diligencia que se extienda al efecto. La norma incluye un modelo de diligencia que podrá elaborarse por medios electrónicos, los datos que deben hacerse constar en la misma y la obligación de entrega de una copia a los sujetos inspeccionados y de conservación durante 5 años.

Obtener las facturas exigidas y no presentadas en una comprobación permite en posteriores declaraciones deducirse el IVA soportado 

Obtener las facturas exigidas y no presentadas en una comprobación permite en posteriores declaraciones deducirse el IVA soportado 
No facilitar las facturas justificativas de las cuotas soportadas por IVA al ser requeridas por parte de la AEAT tras una comprobación supone perder el derecho a su deducción en la declaración anual del ejercicio comprobado.

Sin embargo, si más adelante el obligado tributario se procura las referidas facturas cuenta con la posibilidad de proceder a su deducción ya que el derecho a la deducción de las cuotas soportadas en un determinado período se puede ejercitar tanto en el período en el que las cuotas se han soportado como en los sucesivos, siempre que no hubieran transcurrido cuatro años contados a partir del nacimiento del mencionado derecho a deducir.

Para que el sujeto pasivo con derecho a deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido pueda hacer uso del mencionado derecho tendrá que estar en posesión de una factura que reúna la totalidad de los requisitos a que se refiere el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Las cuotas no tenidas en consideración por la Administración tributaria a las que hacía referencia el interesado al que responde en Consulta Vinculante la Dirección General de Tributos y de las que no aportó al procedimiento el original de las facturas, serán deducibles si, soportadas en un momento tal, conforme a lo que establece el artículo 99, apartado cuatro de la Ley 37/1992 , que no haya transcurrido el plazo de caducidad de cuatro años, dentro del plazo que fija el apartado tres del mencionado artículo 99, siempre que se cumpla con el resto de los s requisitos establecidos en el Título VIII de la Ley 37/1992 para el ejercicio del derecho a la deducción por el sujeto pasivo y, en particular, estar en posesión de una factura expedida conforme a derecho.

Ver Consulta Vinculante V2486-16

Puedes consultar fácilmente las Consultas de DGT mencionadas, con el nuevo buscador de consultas.

 

Le han dado de baja en la Seguridad Social y le quedan unos pocos años por cotizar para tener derecho a una pensión. ¿Qué puede hacer? 

Firmar un convenio especial con la Seguridad Social es una alternativa.

Al suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, usted correrá a cargo de las cotizaciones, y le ayudará a reunir los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones del sistema de Seguridad Social.

¿Qué es un convenio especial con la Seguridad Social?

Es un acuerdo suscrito voluntariamente por los trabajadores con la Seguridad Social para poder generar, mantener o ampliar el derecho a prestaciones de la Seguridad Social. El trabajador tiene en estos casos la obligación de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Por ejemplo, ¿tiene 55 años y está en el paro? Puede suscribir un convenio con la Seguridad Social y seguir cotizando, de forma que cuando llegue su jubilación, le cuente como años trabajados.

¿Para qué sirve?

Los convenios cubren las prestaciones de invalidez permanente, muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y servicios sociales. Es decir, si se cumplen los requisitos, tener suscrito un convenio especial puede dar derecho a una pensión de jubilación o de viudedad y a las prestaciones que pueden derivarse de una enfermedad común o accidente no laboral.

¿Quién puede suscribirlo?

Hay varios supuestos. En general, los convenios especiales los suscriben los trabajadores que causen baja en la Seguridad Social, aquellos que sean contratados con remuneraciones inferiores a las cobraban en el último año, y aquellos que dejen de cobrar el paro. También pueden suscribir estos convenios los pensionistas que hayan sido declarados inválidos parciales y a los que se les haya denegado la pensión.

Para todos ellos, es requisito imprescindible tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 1.080 días en los doce años anteriores a su baja en la Seguridad Social.

¿Qué tengo que hacer?

Tiene que presentar la solicitud en la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social que corresponda a su domicilio (modelo TA-0040).

¿Cuánto voy a pagar?

Al suscribir el convenio, el interesado puede elegir entre las siguientes bases de cotización:

- La base máxima del grupo de cotización correspondiente a la categoría profesional en la que estuviera dado de alta, siempre que hubiera cotizado por ella al menos 24 meses en los últimos 5 años.

- La base por la que se hubiera venido cotizando en los últimos doce meses.

- La base mínima de cotización vigente.

A la base de cotización se le aplicará un coeficiente del 0,94.

La cuota se ingresa dentro del mes natural siguiente al que la misma cuota esté referida, salvo que el último régimen en el que se ha estado dado de alta sea el de autónomos. En ese caso, la cuota se ingresa dentro del mismo mes.

El ingreso se efectúa en la entidad financiera colaboradora, a través del documento de cotización TC – 1/50.

¿Cuándo deja de tener efecto? Suspensión y extinción

El convenio especial quedará suspendido en los periodos de actividad del trabajador. Se extingue si el interesado entra en el mismo régimen de Seguridad Social en el que haya suscrito el convenio. También se extingue si adquiere la condición de jubilado o pensiones por incapacidad permanente.

Otras causas de extinción son la falta de abono de las cuotas durante tres meses o por decisión del interesado, comunicada por escrito a la Dirección Provincial de la Tesorería.

Algunos supuestos especiales

Al margen de la regulación general, hay una serie de convenios especiales diseñados para supuestos especiales como el convenio especial de trabajadores que reduzcan la jornada por cuidado de un menor, minusvalido o familiar, el de trabajadores contratados a tiempo parcial, el de trabajadores perceptores del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, convenio especial durante la situación de alta especial como consecuencia de huelga legal o cierre patronal, convenio especial para trabajadores que cesen en las prestaciones de servicios o actividades, y el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.

Fuente: Seguridad Social Activa

Fecha: 30 junio 2016


 



 

 

Socios Colaboradores 
 
 
 

Cambios Emisión Certificados de Firma Electrónica Empresa 

Información sobre la Obtención de Certificados o Firma Electrónica de Empresa  (AVISOAEAT emisión FNMT)

Estos los cambios en la emisión por la FNMT se producen por la adaptación a la Normativa Europea "REGLAMENTO (UE) N o 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014"
Por ello los Certificados de Persona Jurídica que emite la FNMT son los Siguientes, como Representante:
Temas que debemos tener presente ante estos cambios.
  1. Todos los certificados emitidos son totalmente validos hasta su vencimiento, tanto de la FNMT o de cualquier otra certificadora.
  2. Cuando se emite un certificado de Representante de la FNMT,  en sustitución del que teníamos hasta la fecha con la FNMT, la clave publica cambia y por lo tanto las consultas de tramites realizados anteriormente con el orto certificado sustituido no funcionara.
    • Debemos en consecuencia guardar los documentos electrónicos presentados para tener el código de verificación o consultarlos con un certificado del obligado tributario.
  3. Si tenemos un certificado de Persona Física de la FNMT, podemos obtener el de Representante sin tener que acreditarnos en las oficinas de acreditación.
  4. Pero si tenemos que ir acreditarnos, tendríamos que disponer de poder notarial o escrituras donde estemos facultados para la representación y uso de firma electrónica, lo que no suele ser corriente en las mayoría de escrituras y por lo tanto tendríamos que realizar un poder notarial para tal efecto (coste aproximado 40 euros)

Servicio de notificaciones telemáticas de la Seg. Social

Las empresas y los autónomos ya no recibirán las notificaciones de la Seguridad Social por correo postal.
En su lugar, se puso en marcha un nuevo sistema per el cual solo se pueden recibir estas comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos a través de la Sede de la Seguridad Social.
Te recordamos:
El nuevo sistema obliga a la empresa a tener un certificado digital.
La empresa se obliga a consultar periódicamente si tiene alguna notificación pendiente de abrir.
Cualquier notificación que no se abra en 10 días se da como notificada.
Pueden recibir cualquier acta de procedimiento administrativo como pueden ser, por ejemplo, reclamaciones de deuda, providencias de apremio, aplazamientos de pagos de deudas, etc.
Con la voluntad de ofrecer un mayor Servicio y facilitar el trabajo, GALVEZ Y ALEDO, S.L te ofrece la posibilidad de gestionar estas notificaciones de la Seguridad Social por un precio fijo de 50,00 euros + IVA anual

La Junta General de la Sociedad podrá adoptar acuerdos sin la asistencia del Administrador

En la sentencia nº 255/2016 del Tribunal Supremo dictada el 19 de abril de 2016 (SIB-47535730) habilita a la Junta General de una Sociedad Limitada, a adoptar acuerdos sin la presencia física del administrador social, estableciendo la imposibilidad de que los administradores puedan elegir a representantes, exceptuándose el caso de que se trate de una persona jurídica.

Sobre la necesidad de que los administradores sociales asistan a las juntas generales y las consecuencias de su inasistencia, el Supremo señala que, el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), establece de forma imperativa, que los administradores deberán asistir a las juntas generales, “Dicho deber encuentra su justificación en que en la junta se desarrollan funciones esenciales para el correcto desenvolvimiento de la sociedad. En primer lugar, la función controladora o fiscalizadora que tiene la junta general respecto del propio órgano de administración (arts. 160 y 164 LSC), que difícilmente puede tener lugar si los administradores están ausentes.

No obstante, el precepto no anuda expresamente ninguna consecuencia a tal incumplimiento, e incluso el art. 191 de la misma Ley, referido a la mesa de la junta, admite implícitamente que los miembros del órgano de administración no estén presentes en la junta general, al prever que sean los socios quienes puedan elegir como presidente y secretario a personas diferentes. La Ley concibe la junta general como una reunión de socios y su celebración se referencia en todo momento a la asistencia de éstos.”

“El que la Ley no prevea expresamente y en todo caso la sanción de nulidad de la junta por inasistencia del órgano de administración tiene su fundamento en que, de haberlo hecho así, podría dar lugar a la imposibilidad de celebración de juntas generales por la sola voluntad de una o varias personas [los administradores], que mediante el simple expediente de no acudir a las juntas, paralizarían la sociedad. Sin que frente a dicha parálisis provocada de propósito hubiera remedio, puesto que aun en el caso de convocatoria judicial de la junta (actualmente, por el letrado de la administración de justicia o por el registrador mercantil), también podrían dejar de asistir los administradores, abocando a la sociedad a una situación sin salida. Dado que ello, además, impediría el ejercicio de la facultad de cese de los administradores ad nutum, que prevé el art. 223 LSC, ya que bastaría con que los administradores no asistieran para que no fuera posible cesarlos.”

Por tanto, la ausencia de los administradores sociales, como regla general, no puede ser considerada como causa de suspensión o nulidad de la junta general, puesto que ello sería tanto como dejar al albur de los administradores la posibilidad de expresar la voluntad social a través de las juntas generales, ya que les bastaría con no asistir para viciarlas de nulidad. Sin perjuicio de la responsabilidad en la que, en su caso, puedan incurrir, conforme al art. 236 LSC, por infracción del deber legal impuesto en el art. 180 de la misma Ley.

Y por supuesto, con la posibilidad de que los socios consideren oportuna la suspensión o prórroga de la junta (art. 195 LSC) para lograr la asistencia de los administradores, por ejemplo para posibilitar el derecho de información.

No obstante, dicha regla general puede tener excepciones, por lo que no cabe una solución unívoca y terminante, puesto que, frente al supuesto básico de no suspensión o nulidad, habrá casos en que la ausencia de los administradores en la junta general podrá ser decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios que, precisamente, se ven satisfechos a través de la celebración de la junta.

Por ello, habrá que ponderar según cada caso hasta qué punto la inasistencia de los administradores puede justificar la suspensión o incluso la nulidad de la junta que se hubiera celebrado en su ausencia.

Aviso sobre la presentación de liquidaciones de cuotas que podrían tener la consideración de prescritas 

El art. 24 LGSS establece que prescribirá a los 4 años el derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas por cuotas y por conceptos de recaudación conjunta mediante las oportunas liquidaciones; la acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y la acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social.

En el apartado 3 de este mismo artículo se indica que la prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del responsable del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y, especialmente, por su reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o acta de liquidación.

Por este motivo, cuando en el Sistema de Liquidación Directa y en Red Directo, se presenten liquidaciones por cuotas respecto de las que hayan transcurrido más de cuatro años desde su plazo reglamentario de ingreso, se va a generar el siguiente mensaje informativo con la finalidad de advertir a los usuarios de la posibilidad de que las cuotas objeto de liquidación hayan podido resultar prescritas y para que se compruebe si se han producido las circunstancias previstas en el artículo 24 de la LGSS para su interrupción:

“A-9685: El período objeto de liquidación podría estar prescrito. La TGSS podrá ejercer las acciones oportunas tendentes a verificar dicha circunstancia con los efectos que correspondan, en su caso”.

El Tribunal Supremo comfirma la Responsabilida Penal de las Personas Jurídicas

La sentencia explica los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal.

- En primer término, como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).

- Y en segundo término, que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. “Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos”, señala la sentencia.

En su sentencia, aunque lo descartan en este caso, los magistrados advierten de situaciones futuras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que intenten evitar riesgos de ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona jurídica. Asimismo, sugiere al legislador que “remedie normativamente” este tipo de situaciones.

La resolución diferencia entre la empresa con actividad real y las que califica como sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Estas, según la sentencia, han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis CP, sin perjuicio de que en el caso de autos se considere de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.

La sentencia cuenta con el voto particular concurrente de 7 de los 15 magistrados que formaron el Pleno, que comparte el fallo de la resolución pero discrepa de parte de la doctrina que recoge. Así, considera que, en el caso de las personas jurídicas, altera las reglas probatorias aplicables con carácter general para la apreciación de circunstancias eximentes, estableciendo que las acusaciones acrediten el hecho negativo de la no concurrencia de instrumentos eficaces para la prevención de delitos. En opinión de estos magistrados, “no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria”, sino que corresponde a la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos.

  

- Resolución de la DG de la AEAT, regula el Registro y gestión de apoderamientos y el Registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones 

La Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de la AEAT ,modifica la Resolución de 18-5-2010 de mayo de 2010, la cual regula el Registro y gestión de apoderamientos y el Registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la AEAT. Se amplían los supuestos de incorporación al registro de sucesores. Cuando la sucesión sea advertida por la Administración Tributaria mediante consulta en un registro público o a la vista de los documentos que le hayan sido aportados en cualquier procedimiento de aplicación de los tributos y que, según la normativa civil o mercantil, acrediten el fallecimiento y sucesión de la persona física, la extinción y sucesión de la persona jurídica o entidad carente de personalidad jurídica a que se refiere el art. 35.4 de la LGT.. 

En resumen la incorporación de la sucesión y de la representación legal se realizará por el funcionario competente, en los siguientes supuestos: a) A instancia del sucesor o el representante legal cumplimentado el formulario del anexo III donde deberá constar su firma y la identificación y firma del funcionario. b) De oficio, cuando la sucesión sea advertida por la Administración Tributaria mediante consulta en un registro, se tenga conocimiento a través de cualquier procedimiento o comunicación en relación con la aplicación de los tributos o haya sido obtenida como consecuencia de la utilización de las competencias de los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

MODIFICACIÓN DEL MODELO 180 (I) Consultas en relación al modelo 180 y la Referencia Catastral (RC)

Consulta: ¿Es obligatorio consignar en el modelo 180 todas las referencias catastrales de los inmuebles arrendados o subarrendados y por los que se practique retención?. Respuesta : SI, En caso de que dicha RC no le haya sido suministrada al declarante, este podrá obtener la misma accediendo a la Sede Electrónica del Catastro.

Consulta: Un arrendatario de varios inmuebles pertenecientes al mismo arrendador y varios contratos. Respuesta : Se deberán incluir tantos registros de declarados como inmuebles con diferente RC sean objeto de arrendamiento. 

Consulta: Arrendatario de un local comercial y de una plaza de garaje en virtud de un mismo contrato, que además es arrendatario de un segundo local en virtud de otro contrato con el mismo arrendador. Respuesta : Si la plaza de garaje tiene la misma RC el primer local, el declarante deberá incluir al menos dos registros de perceptores en el modelo 180 un: 1º registro con la RC única del local y de la plaza de garaje arrendados conjuntamente junto con la BR correspondiente a dicho contrato.  y 2º registro relativo al segundo local que incluya la RC del mismo y la BR correspondiente. 

Consulta: Un arrendatario de varios inmuebles pertenecientes al mismo arrendador en virtud de un mismo contrato. Respuesta : El declarante(arrendatario) deberá incluir en cada registro de perceptor: al mismo arrendador. la referencia catastral de cada inmueble . e indicar la parte de la base de retención total (BRT) que le corresponda a cada inmueble.

Consulta: ¿Si, el arrendatario no pueda razonablemente asignar a cada inmueble objeto del contrato la parte de la BRT que le corresponde, como se procede? Respuesta : Podrá declarar: La BRT en el registro de perceptor correspondiente al inmueble que considere como principal en el contrato, dejando en blanco el campo de BR en los registros del resto de inmuebles arrendados conjuntamente y cuya titularidad corresponda a un mismo arrendador. Si existieran dos inmuebles principales entre la totalidad de los arrendados, el declarante deberá asignar a cada inmueble principal la mitad de la BRT del contrato de arrendamiento, dejando en blanco el campo BR de los registros correspondientes al resto de inmuebles arrendados conjuntamente.

Aplicación del iva en las adquisiciones intracomunitarias efectuadas por sujetos sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia

Esquema general del Régimen especial del recargo de equivalencia en el IVA

El régimen especial de recargo de equivalencia se regula en los artículos 148 a 163 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA) y 59 a 61 del RD 1624/92 del 29 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto. Estos preceptos se basan en el artículo 281 de la Directiva 2006/112/CE.

El objeto de este régimen especial es simplificar los trámites para el sujeto pasivo acogido al mismo en tanto que no está obligado, salvo en determinados supuestos que expondremos a continuación, a autoliquidar el impuesto.

La norma lo configura como un régimen OBLIGATORIO, no susceptible de renuncia, aplicable exclusivamente a los comerciantes minoristas  (artículo 149 LIVA), que implica que en las compras, los proveedores de los comerciantes minoristas les repercuten y tienen obligación de ingresar el recargo de equivalencia, además del IVA.

En sus operaciones comerciales, así como en las transmisiones de bienes o derechos  utilizados exclusivamente en dicha actividad, dichos sujetos deben repercutir el IVA a sus clientes, pero no el recargo.

No obstante, no están obligados a consignar estas cuotas repercutidas en una autoliquidación ni a ingresar el impuesto, con exclusión de las entregas de bienes inmuebles sujetas y no exentas, por las que el transmitente ha de repercutir, liquidar e ingresar las cuotas del impuesto devengadas.

Estos sujetos pasivos no pueden deducir el IVA soportado por las adquisiciones o importaciones de bienes de cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados en la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las actividades a las que afecte éste régimen especial (Art 154. Dos 2º párrafo LIVA).

Cuando el comerciante minorista en régimen de recargo de equivalencia realiza adquisiciones intracomunitarias, importaciones y adquisiciones de bienes en los que el minorista sea sujeto pasivo, éste tiene obligación de liquidar y pagar el impuesto y el recargo.

Adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIB) realizadas por sujetos pasivos acogidos en el régimen especial de recargo de equivalencia.

Los sujetos pasivos sometidos a este régimen especial quedan obligados a liquidar el impuesto en caso de realizar AIB, ya que son el sujeto pasivo de estas operaciones.

A estos efectos el minorista deberá presentar autoliquidación especial de carácter no periódico por las AIB a través del modelo 309, sin que pueda deducirse el IVA soportado.

Para realizar operaciones intracomunitarias es preciso solicitar de la Administración tributaria la asignación del correspondiente NIF/IVA comunitario y su inclusión en el registro de operadores intracomunitarios (ROI) mediante declaración (modelo 036).

A su vez, la correcta aplicación de la tributación en el IVA de las operaciones intracomunitarias requiere la existencia de un adecuado intercambio de información entre los Estados miembros; para los empresarios y profesionales españoles conlleva la presentación de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (modelo 349), en la que se declaran entregas y adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios y ha de presentarla todo empresario o profesional que realice EIB o AIB, cualquiera que sea su régimen de tributación a efectos del IVA.

Supuesto en que se realicen AIB por el sujeto pasivo acogido al Régimen especial de recargo de equivalencia sin que éste haya solicitado NIF-IVA y la inclusión en el ROI.

El art. 13 de la LIVA dispone que estarán sujetas al Impuesto las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas a título oneroso por empresarios, profesionales o personas jurídicas que no actúen como tales y dichas operaciones se consideren realizadas en el ámbito espacial del Impuesto.

Conforme a dicho precepto uno de los elementos que delimita el hecho imponible AIB es la condición del adquirente como empresario o profesional, con independencia de quedar sujeto al régimen general o a algunos de los regímenes especiales del Impuesto. Y es este elemento y la prueba de tal condición la cuestión controvertida.

El sistema general de tributación aplicable a las AIB que tengan lugar en el TAI consiste en considerar la existencia de una entrega exenta en el EM de salida del bien y en un hecho imponible, AIB en el TAI, bajo determinados requisitos, pues para que el vendedor del otro Estado considere allí exenta la operación, el empresario español que adquiere, le ha de comunicar el NIF (Art. 15 y 25 LIVA).

Cabe adelantar que la confirmación sobre la validez de un número IVA y de su atribución a un determinado sujeto es una de las evidencias que respaldan la exención de las entregas de bienes intracomunitarias, pero que no ha de condicionar la exención de la EIB.

 

Al respecto es preciso traer a colación varias sentencias del TJUE que se pronuncian en relación con la exención de las EIB (SSTJUE 6-9-2012, As C-273/11, y de 27-9-12, As C—587/10). En particular, en la sentencia Vogtländische Straben-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch, C-587/10 de 27 de septiembre de 2012 se plantea al TJUE si la exención de la EIB se puede condicionar a que el proveedor facilite el número de identificación a efectos del IVA del adquirente en otro Estado comunitario.

Centrados en la cuestión del NIF-IVA, el TJUE indicó que no puede cuestionarse que dicho número de identificación está estrechamente relacionado con la condición de sujeto pasivo de IVA –empresario o profesional-. Sin embargo no cabe denegar tal condición por la falta de dicho número, por cuanto la definición de la misma no está condicionada a esta circunstancia.

La citada jurisprudencia subraya que un sujeto pasivo actúa en calidad de tal cuando efectúa operaciones en el marco de su actividad imponible. No puede excluirse que un proveedor no disponga de dicho número, máxime cuando el cumplimiento de tal obligación depende de la información recibida del adquirente (Apartado 50).

Finalmente se concluye en los apartados 51 y 52 que aunque el número de identificación a efectos del IVA acredita el estatuto fiscal del sujeto pasivo y facilita el control fiscal de las operaciones intracomunitarias, se trata sin embargo de un mera exigencia formal, que no puede poner en entredicho el derecho a la exención del IVA si se cumplen los requisitos materiales de la entrega intracomunitaria.

En consecuencia, aunque es legítimo exigir que el proveedor actúe de buena fe y adopte toda medida razonable a su alcance para asegurarse de que la operación no le conduce a participar en un fraude fiscal, los Estados miembros van más allá de las medidas estrictamente necesarias para la correcta percepción del impuesto si deniegan una EIB acogerse a la exención por el mero hecho de no facilitar el Número de identificación, pero proporciona por otro lado indicaciones que sirven para demostrar de modo suficiente que el adquirente es un sujeto pasivo que actúa como tal en la operación que se trata.

Por tanto, en la medida que un comerciante minorista realice una AIB sin haber solicitado el NIF-IVA comunitario, siempre que manifieste mediante otras indicaciones su condición de sujeto pasivo, está realizando una AIB localizada en el TAI, debiendo el minorista presentar el modelo 309 declarando e ingresando el IVA y el recargo de equivalencia, sin que tenga derecho a la deducción de las cuotas soportadas.

En el caso de la normativa española, no debemos olvidar que el minorista está acogido a un régimen especial obligatorio en el que el proveedor exige al minorista un recargo que ingresa junto al impuesto repercutido en sus autoliquidaciones. Bajo este esquema, lo que ingresa el proveedor por IVA y recargo de equivalencia es  una aproximación a lo que ingresarían por IVA si tanto el proveedor como el comerciante minorista fueran por régimen general.

Condicionar la localización de la AIB en el TAI a la mera comunicación o solicitud del NIF-IVA comunitario, implicaría de un lado dejar sin efecto el carácter obligatorio del régimen especial al depender de la solicitud o no del NIF IVA comunitario, pues en el supuesto de no haber comunicado el NIF-IVA y si entendiésemos no localizada la AIB en el TAI se dejaría de ingresar el IVA y el recargo, que reiteramos es obligatorio para el minorista en los supuestos de AIB, y de otro lado dejaría de ingresarse el IVA en el último eslabón de la cadena, gravándose la operación como EIB en origen, sin que tenga lugar el ingreso de las cuotas repercutidas por el minorista a sus clientes , y además, aprovechándose de posibles tipos más bajos existentes en el país de salida de los bienes frente a los que resultan de aplicación en el Estado de consumo de los bienes.

Es claro que la confirmación sobre la validez de un número IVA y de su atribución a un determinado sujeto es una de las evidencias que respaldan la exención de las entregas de bienes intracomunitarias, pero como recoge la sentencia antes referida es una mera exigencia formal que no puede condicionar la exención en la EIB realizada por proveedores de otros Estados miembros al comerciante minorista con domicilio en el TAI cuando, si bien no ha suministrado un NIF IVA comunitario, de la información recibida del adquirente se constata su condición de sujeto pasivo.

En este supuesto, se produce una AIB localizada en el TAI y correlativamente una EIB exenta en el país de salida de los bienes, teniendo el comerciante minorista la obligación de presentar el modelo 309 declarando esta operación intracomunitaria e ingresando el IVA más el recargo de equivalencia.

Inventario físico al cierre del ejercicio

Como todos los años, os recordamos la importancia de que nuestros clientes realicen un INVENTARIO FISICO de sus existencias al CIERRE DEL EJERCICIO, para ello deben tener en cuenta una serie de pautas:

1.- El recuento físico se deberá realizar a finales de este ejercicio o en los primeros días del próximo año. En el almacén no habrá o estará completamente separada, la mercancía facturada o pendiente de entregar de este año.

2.- El recuento se hará antes de empezar a facturar y entregar mercancía en el año que viene.

3.- El recuento se plasmará o bien en nuestro documento tipo que facilitemos al cliente (FFI060),o bien, si tienen informatizados sus almacenes, directamente con los listados de su aplicación informática.

4.- Una copia de los impresos se encuadernarán con el resto de listados contables en los libros oficiales del presente ejercicio o bien se grabarán en el soporte magnético correspondiente.

5.- El saldo contable de la cuenta de existencias deberá coincidir con el saldo total de los impresos realizados.

.Una sociedad civil que desarrolla una actividad agrícola, ¿es contribuyente del Impuesto sobre Sociedades a partir del 1-1-2016?

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El artículo 7.1.a) la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), establece que:

Serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:

a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil.

De esta forma se incorporan unos nuevos contribuyentes al Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles con objeto mercantil, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a 1 de enero de 2016, en que todas las sociedades civiles tributaban bajo el régimen de atribución de rentas.

La consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades requiere que la sociedad civil tenga un objeto mercantil. A estos efectos, se entenderá por objeto mercantil la realización de una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil. Quedarán, así, excluidas de ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades las entidades que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional, por cuanto dichas actividades son ajenas al ámbito mercantil.

Puesto que las actividades agrícolas están excluidas del ámbito mercantil, una sociedad civil que desarrolla una actividad agrícola no tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7.1.a) de la LIS. Consecuentemente, seguirá tributando como entidad en atribución de rentas conforme al régimen especial regulado en la Sección 2ª del Título X de la LIRPF.

Los beneficios fiscales relacionados con la residencia habitual están ligados a la titularidad del pleno dominio de la vivienda 

Una esposa, casada en régimen de separación de bienes, adquiere la nuda propiedad de una vivienda por donación, haciéndose cargo a cambio del cuidado de la donante que se reserva el usufructo, que constituye la vivienda habitual del matrimonio. Al tratarse de una adquisición lucrativa y haber satisfecho cantidades por tributos y gastos inherentes a la adquisición se plantea si podrá practicar alguna deducción en la declaración del IRPF.

Por tanto, según la DGT, la esposa no podrá practicar deducción alguna por las cantidades satisfechas en concepto de gastos y tributos inherentes a la adquisición de la nuda propiedad de la vivienda, si bien dichas cantidades, si han sido satisfechas por la adquirente, constituirán un mayor valor de adquisición de la vivienda a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial que pudiera generarse en una futura transmisión.

Reconocimiento de antiguedad ante sucesiones de contratos

Reconocimiento de la antigüedad correspondiente al periodo de prestación de servicios, en virtud de siete contratos temporales eventuales, con anterioridad a la suscripción de un contrato indefinido. Tiene acción la demandante porque, aunque se trate de una acción meramente declarativa, existe un conflicto y un interés actual digno de protección. Nulidad de actuaciones al haber estimado la sentencia de instancia, confirmada en suplicación, la excepción de falta de acción.

Correcciones de valor: Amortizaciones

En la Ley de 27/2014, de noviembre, del Impuesto de Sociedades, se ha incluido la nueva tabla de amortizaciones con efectos desde 1 de enero de 2015.
No está previsto que se vayan a publicar tablas sectoriales, por lo que, en principios, estas van a ser las únicas tablas.

No obstante, el artículo 12 " Correcciones de valor: Amortizaciones, de la citada Ley establece al respecto que reglamentariamente se podrán modificar los coeficientes y periodos previstos o establecer coeficientes y periodos adicionales.

Autónomos requisitos, solicitud, nacimiento y duración de la prestación por desempleo

La prestación por cese de actividad de un autónomo se tramita en las oficinas de empleo o la Mutua a la que se encuentre adherido y se percibe durante un máximo de 12 meses por un 70% de la base reguladora.

Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección.

  • Estar afiliado y en situación de alta en el RETA o al RE de Trabajadores del Mar.
  • Solicitar la baja en el régimen especial correspondiente a causa del cese de actividad.
  • Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad.
  • Encontrarse en situación legal de cese de actividad.
  • Suscribir el compromiso de actividad, que supondrá acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de la realización de actividades formativas de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora, así como de las acciones específicas a las que se le convoque.
  • No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas al correspondiente Régimen Especial de la Seguridad Social en la fecha del cese de actividad.
  • La solicitud y la documentación acreditativa del cese de actividad puede presentarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo.

    La solicitud deberá ir acompañada de la documentación exigida según cada caso.

  • La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de la edad y los períodos cotizados efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la siguiente escala (Art. 8 ,Ley 32/2010, de 5 de agosto y Art. 12 ,Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre).

Retribuciones de los administradores (URGENTE)

Cambio obligado por imperativo legal de los estatutos sociales de todas las empresas que tengan forma jurídica.

La AEAT obliga para poder deducir las retribuciones de los administradores de sociedades que perciban salario vía nómina, (es decir el 99% de las sociedades), aunque la retribución no sea por el cargo y si por funciones distintas (lo general y habitual de todas las sociedades pymes y microempresas), a que en los estatutos sociales (carácter mercantil), este así previsto.

Es obligado ir al Notario y al Registro Mercantil al que pertenezca la sociedad y debe poner, en el artículo “RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES”:

“El cargo de administrador será retribuido. La retribución de los administradores consistirá en una remuneración bruta anual, consistente en una cantidad fija, que será acordada para cada año por la Junta General, con los límites que, en su caso, establezca la Ley.

La  retribución del cargo de administrador anterior, se entiende sin perjuicio de las cantidades que adicionalmente pueda percibir como honorarios, o salarios en razón de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el caso.”

Hacienda puede investigar a los contribuyentes de forma indefinida y no solamente durante los cinco años en que prescribe el delito fiscal con carácter general (el agravado puede extenderse a 10 años)

Hacienda puede investigar a los contribuyentes de forma indefinida y no solamente durante los cinco años en que prescribe el delito fiscal con carácter general (el agravado puede extenderse a 10 años cuando se trate de delitos de especial transcendencia).

La no prescripción no se limita a la mera comprobación de los actos tributarios pasados, sino que la Agencia Tributaria puede cuestionar a efectos fiscales una operación ya prescrita que beneficie a un contribuyente. Por ejemplo, una empresa que se haya deducido los gastos financieros y que Hacienda considere años después que detrás de la operación había en realidad un fraude de ley.

Por ejemplo, cuando se trate de créditos fiscales o deducciones acreditadas en ejercicios ya prescritos y que ahora podrán ser echadas para atrás por la Agencia Tributaria aunque haya caducado el delito si considera que existe fraude de ley.

El proyecto de ley declara la no prescripción de las investigaciones de los funcionarios de la Agencia Tributaria siempre que busquen el origen de un delito fiscal. El nuevo artículo 66 bis establece, en concreto, que “no prescribirá el derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones”.


El nuevo artículo 66 bis establece, en concreto, que 'no prescribirá el derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones'







 

Actuaciones ante una incorrecta aplicación de las retenciones en las nóminas

Pueden darse situaciones en las que la empresa no traslade a las nóminas de sus trabajadores la rebaja tributaria que entró en vigor este año.

Aunque no es un hecho generalizado, refleja que algunas compañías no han actualizado la gestión de nóminas para incluir los nuevos tramos y tipos impositivos. En ocasiones se alega falta de tiempo para realizar las actualizaciones y modificaciones necesarias, a pesar de que la reforma del reglamento del IRPF, donde se especifica la forma de determinar el tipo de retención, se aprobó en diciembre. En principio, el asunto debería resolverse con la mera comunicación del error.

Para los empleados a los que sus compañías le retengan en sus nóminas el IRPF, el efecto de la reforma fiscal debería de ser directo. En primer lugar, porque se eleva elumbral mínimo de retención hasta 12.000 euros anuales

Para el resto de trabajadores, los efectos variarán según las cuantías que cobren anualmente. Es necesario aclarar que las retenciones no siempre se verán ajustadas desde la primera nómina de 2015. Como ocurre casi siempre que hay un cambio en la tarifa del IRPF, es posible que sea a medida que transcurran los meses cuando la nueva retención que le corresponda se adapte completamente a su salario bruto. 

Las empresas que no han aplicado correctamente las nuevas retenciones aplicables tras la reforma fiscal deberían reajustar la nómina en febrero y lo que se hubiera tributado de más en enero se corregiría en los meses posteriores. El tipo de retención que aplican las empresas tiene una fórmula de cálculo concreta en el que están relacionados la retribución bruta anual prevista, las cotizaciones sociales a cargo del empleado, las reducciones fiscales (actualmente de 2.000 euros con carácter general), los tipos y tramos impositivos y la situación del contribuyente que, a su vez, determina los mínimos personales y familiares.

Es importante tener en cuenta que es el empresario quien está obligado a efectuar las retenciones a cuenta del IRPF, de las retribuciones dinerarias que abona a sus trabajadores, es decir, la "deuda" es de la empresa que es la que tiene la obligación de retener.

En virtud de lo establecido en el artículo 99 de la Ley del IRPF, se deduce que el trabajador puede deducir de la cuota que le resulte en su declaración de IRPF las cantidades que legalmente le debieron ser retenidas. Por tanto, el trabajador al hacer su declaración de la renta ha "regularizado" su situación.

En este caso el retenedor (empresa), siempre que no haya requerimiento previo por parte de la Administración tributaria, podrá presentar, una autoliquidación complementaria fuera de plazo, rectificando los datos incluidos en la autoliquidación inicialmente presentada e ingresando simultáneamente el diferencial entre el importe de las retenciones practicadas y las que legalmente debió realizar

 

Una vez presentada dicha autoliquidación complementaria e ingresado su importe, la Administración tributaria aplicará unos recargos sobre el mismo, por ingresos extemporáneos.

Los autónomos societarios  no pueden ponerse nómina. Novedades 2015

Además, tras las medidas anunciadas en la Reforma Fiscal y la nueva Ley del IRPF, que entró en vigor este 2015, parece que este año las reglas del juego han cambiado. Así, desde el pasado 1 de enero, la retribución recibida en concepto de prestación de servicios profesionales por autónomos que participen en una sociedad será considerada como rendimiento de actividades económicas.

 Básicamente, que los autónomos societarios que desempeñen una actividad profesional remunerada para su sociedad, es decir, los autónomos que son socios trabajadores, deberán cobrar por factura y no por nómina, siempre y cuando su cotización se efectúe en el régimen de autónomos o en una mutualidad que actúe como alternativa al RETA. Además, la presentación de esta factura conlleva la preceptiva repercusión del IVA (normalmente al tipo general del 21%)

era habitual y estaba enormemente extendido en las PYMES españolas que los socios fuesen a su vez trabajadores de sus sociedades percibiendo, como un trabajador más, su correspondiente salario a través de una nómina.

Pero hace unos años, Hacienda comenzó a plantearse si los servicios prestados por un socio con cierto control en la sociedad a su propia sociedad originaban retribuciones del trabajo o de actividades económicas, ya que cuestionaba el rigor fiscal de que un socio “dominante” pudiera contratarse laboralmente a sí mismo.

Para atajar el problema, la Agencia Tributaria estableció ciertos parámetros de dependencia(asistencia al centro de trabajo, sometimiento a horarios) y ajenidad (decisiones sobre la clientela o la fijación de precios, etc) para establecer si la relación entre el socio y la sociedad era laboral o se trataban de operaciones sujetas a IVA. No obstante, esto creaba una situación de gran inseguridad jurídica.

Sin embargo, la nueva normativa establece unos criterios mucho más rígidos a la hora de determinar si los rendimientos obtenidos proceden del trabajo (los rendimientos de los trabajadores asalariados) o de actividades económicas (rendimientos obtenidos por autónomos, empresarios y profesionales independientes).

Impugnación de despido objetivo cuando existe carta empresarial posterior que lo deja sin efecto y despide de nuevo

No es posible dejar sin efecto un despido (tanto objetivo como disciplinario) notificado al trabajador si no hay acuerdo con este último. Nada tiene que ver esta cuestión con la posibilidad de realizar un segundo despido disciplinario cautelar cuando el empresario aprecia incumplimientos formales en el primero y cumple ciertos requisitos. Esta última posibilidad tampoco supone la subsanación del primer despido que no queda anulado y puede ser impugnado incluso cuando ya se produjo este segundo despido disciplinario. Así se dispone en la Sentencia del Tribunal Supremo en unificación de doctrina de 20 de noviembre de 2014.

El supuesto de hecho se refiere a un trabajador despedido objetivamente el 9-8-2012 por ineptitud sobrevenida y que recibe el 16-8-2012 una carta en la que se explica que, por un lado, se anula la comunicación inicial de despido, al haber detectado la empresa un error en la misma, pues no se puso a disposición del trabajador la indemnización pertinente, y, por otro lado, se procede a un nuevo despido objetivo por la misma causa que tendría efectos a partir del día siguiente. El actor impugna el primer despido y en la sentencia recurrida en unificación de doctrina se establece que carece de acción al haberse anulado dicho despido.

El Tribunal Supremo confirma, siguiendo su jurisprudencia previa que no es posible dejar sin efecto un despido (tanto objetivo como disciplinario) notificado al trabajador si no hay acuerdo con éste siguiendo la jurisprudencia previa dictada en relación con el despido (tanto objetivo como disciplinario), salvo consentimiento del trabajador. En efecto, la relación laboral ya extinguida por el primer despido no se reanuda, ni se puede obligar al trabajador a continuar una relación laboral que no existe. En consecuencia, el trabajador tiene derecho a demandar por despido.

Nada tiene que ver con la cuestión planteada la posibilidad establecida respecto al despido disciplinario que permite un nuevo despido cautelar del ya despedido cuando el empresario aprecia incumplimientos formales en el primero y cumple ciertos requisitos (ET art.55.2). Este segundo despido cautelar ni subsana el primer despido, ni lo anula, de manera que también puede ser impugnado con independencia de que se haya producido este segundo despido disciplinario.

Sistema de pago del IVA de importación

Con relación a la novedad en el sistema de pago del IVA de importación (vía autoliquidación del IVA), a continuación se relacionan las freguntas frecuentes que sobre este tema están a disposición en la página web de la AEAT.
Consulta del IVA importación con diferimiento de pago
El artículo 167.dos de la Ley 37/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, ha sido modificado por la Ley 28/2014 de 27 de noviembre, incluyendo bajo ciertas condiciones, la posibilidad de ingresar las cuotas del IVA de importación en la declaración-liquidación correspondiente al período en que reciban el documento en el que conste la liquidación practicada por la Administración.
La Administración, en su deber de asistir a los contribuyentes en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, ha creado un nuevo trámite en Sede electrónica, dentro del procedimiento de importación, que estarádisponible a partir del 10 de enero. Este trámite, denominado “Consulta del IVA importación con diferimiento de pago”, permite consultar las cuotas de IVA diferido correspondientes a cada periodo, así como el estado en que estas deudas se hallan.

El cierre del ejercicio social de una entidad marca los plazos para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y fiscales que a continuación se detallan. Se indica como ejemplo la fecha límite de obligaciones del 2014 en el caso de entidad con ejercicio social igual al año natural (es decir, cierra a fecha 31 de diciembre).
Se tiene un plazo de tres meses para la formulación de las Cuentas Anuales: en este caso hasta 31 de marzo de 2015.
Siendo el plazo para la legalización de los Libros Oficiales de cuatro meses desde el cierre del ejercicio: hasta el 30 de abril de 2015. 
El plazo para la aprobación de las Cuentas Anuales en la Junta General de accionistas, es de seis meses a contar desde el cierre, teniendo desde su aprobación, treinta días naturales para depositarlas en el Registro Mercantil: fecha límite para dicho depósito es el 30 de julio si la Junta de aprobación de cuentas se celebra el 30 de junio de 2015 (fecha límite). 
Plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades. Este impuesto se presentará dentro de los veinticinco primeros días naturales siguientes a los seis meses posteriores a fecha de cierre. En el ejemplo planteado se tendría desde el 1 de julio hasta el 27 de julio de 2015. Los plazos expuestos son de fecha a fecha, y los días siempre naturales.

Los arrendadores han quedado excluidos del 390

La Orden HAP/2373/2014 que aprueba el nuevo modelo 303 del 4º del 2014 y el 390, excluye de la obligación de presentar el modelo 390 a los sujetos pasivos con periodo de liquidación trimestral que tributen en territorio común y que realicen exclusivamente la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos o actividades en el régimen simplificado.

Los arrendadores han quedado excluidos del 390 y sólo tendrán que presentar el 303 del 4ºT

Deudas que se pueden aplazar en la Seguridad social

Se pueden aplazar todas las deudas con la Seguridad Social, a excepción de (art. 32 RD 1415/2004):

- Las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores o “cuota obrera”, de cuyo ingreso sea responsable el empresario.

El aplazamiento incluye todas las deudas, incluidos recargos, intereses y costas.

Y si la deuda es superior a 30.000 euros, debe otorgarse garantía suficiente para cubrir ese importe total.

El responsable del pago de la deuda, cuando su situación económico-financiera y demás circunstancias les impidan efectuar el ingreso en los plazos establecidos.

Cuándo se puede pedir el aplazamiento

Cuando existan deudas que estén fuera del periodo reglamentario de ingreso, aun dentro del periodo de recaudación voluntaria. Incluso si la deuda está en vía ejecutiva.

Es decir, debe haber previamente una reclamación de deuda o directamente una providencia de apremio emitidas por la TGSS.

La solicitud, eso sí, no suspende el procedimiento recaudatorio.

Qué incluye el aplazamiento

El principal de la deuda y, en su caso, los recargos, intereses y costas del procedimiento que fueran exigibles en la fecha de solicitud (art. 20 LGSS).

Cuánto tiempo dura

La duración total del aplazamiento no puede exceder de cinco años, si bien cuando concurran causas extraordinarias debidamente acreditadas el órgano competente puede elevar al Director General de la TGSS propuesta favorable para conceder un período superior.

Efectos del aplazamiento

Básicamente tiene dos efectos fundamentales:

- Al empresario o a la empresa se le considera al corriente del pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Se suspende el procedimiento recaudatorio.

Y, si se incumple el aplazamiento, proseguirá el procedimiento de apremio iniciado antes de la concesión, dictándose sin más trámite providencia de apremio por la deuda no reclamada, con su correspondiente recargo.

Autónomos como micropymes

Si es autónomo y su empresa es considerada como microempresa, le interesa mantener la plantilla media de 2014 al menos con el mismo número de empleados que en 2008 para poder reducir su rendimiento neto de actividades económicas un 20%. En 2015 será indiferente desde el punto de vista fiscal reducirla, ya que desaparece este incentivo al empleo. ( menos de 5 millones del importe neto de cifra de negocio y plantilla inferior a 25 trabajadores )

Pasos a seguir para la cancelación de una hipoteca.

Normalmente los encargados de de llevar a cabo la cancelación de la hipoteca suelen ser los bancos y las Gestorías. Sin embargo, es un trámite que puede realizar el propietario. 
Se debe seguir los siguientes pasos: 
* Solicitar a la entidad financiera un certificado de deuda de saldo cero: una vez pagada el préstamo debemos solicitar al banco la emisión del certificado de deuda cero. Este certificado demuestra que el préstamo ya esta pagado en su totalidad.
Por la emisión de este certificado, la entidad no debe de cobrar ninguna cantidad al cliente. NORMALMENTE SUELE COBRAR ALREDEDOR DE 100 EUROS.
* Entregar el certificado al notario.
* Acudir hacienda se solicita la liquidación de Actos Jurídicos Documentado ( Modelo 600).
*Acudir al registro de la propiedad.
Siguiendo estos pasos nos ahorramos la verdad que muchísimo dinero sobre todo lo de los bancos.
Lo único para que el banco no ponga ninguna pega es llevar un escrito donde se manifieste lo indicado y además que se desestima el consentimiento que os representen.

Gastos de cancelación de una hipoteca lleva asociados los siguientes pasos:
* Comisión de cancelación: su coste depende del capital prestado. Suele oscilar entre 0.25% y un 0, 50%.
* Gastos notariales y registrales; los gastos de cancelación registral de una hipoteca han sido modificados con la aplicación Real Decreto ley 18/2012 del 11 de mayo. 
Ahora la base sobre la que se aplica el arancel sobre el capital inscrito inicialmente, es decir, sobre el importe del préstamo solicitado en su día. Con este nuevo arancel pasar por el notario cuesta mucho más que antes.
Los gastos que no pueden cobrar estos profesionales:
* Notarios: las minutas de notarios no podrán incluir gastos como " información resgitral, fax de comunicación al registro, certificado de cargas, obtención de certificaciones bancarias o búsqueda de antecedentes"
* Registradores: estos no podrán incluir en sus honorarios conceptos como " certificaciones telemática, certificación gráfica y catastral, nota marginal geobase o nota informativa notario ".
SI en la factura del notario estuviese incluido alguno de estos conceptos de podrá recurrir a la Dirección de Recursos y del Notariado para pagar estrictamente lo que dicta la ley.

Los gastos de cancelación hipotecaría se puede abaratar si se prescinde de la intermediación de los bancos y las gestorías.
 

Hacienda no puede notificar dos actos en un documento

Hacienda no puede notificar en un mismo documento la declaración de caducidad de un procedimiento previo junto con el inicio de un nuevo procedimiento, según se precisa en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (Teac), de 19 de febrero de 2014.
La Sala estima que no es compatible la notificación en un solo documento, pues o bien no se incluiría en él la advertencial obligatoria sobre los recursos posibles que le asisten al contribuyente, o bien se advertiría al interesado sobre los recursos posibles, con riesgo de cierta confusión pues habría que indicarle que del único acto notificado, exclusivamente puede recurrir la declaración de caducidad.

Conservación de la documentación contable y fiscal de la sociedad

El plazo en el que debe conservar toda la documentación contable y fiscal de un ejercicio es de 6 años desde la fecha del último apunte contable (al ser este plazo mercantil más largo que el fiscal de 4 años).
De acuerdo con el Código de Comercio todo los libros y justificantes de la empresa, deben conservarse, durante 6 años, a partir del último asiento realizado en los mismos.
A efectos fiscales los libros de contabilidad, libros registros, así como los soportes documentales (facturas, documentos bancarios, etc), incluidos los programas y archivos informáticos y cualquier otro justificante que tenga trascendencia fiscal, deben conservarse, al menos, durante el periodo (actualmente de 4 años) en que la Administración tiene derecho a comprobar y liquidar deuda tributaria. Este plazo empieza a contar desde el día en que finalice el plazo voluntario de presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación que se esté analizando.
Así por ejemplo, una sociedad deberá conservar toda la documentación relativa al año 2013:
- A efectos fiscales: hasta el 26 de julio de 2018 ( cuatro años desde la presentación de la última declaración del año 2013 que fue la del Impuesto sobre Sociedades, presentada el 25 de julio de 2014).
- A efectos mercantiles: hasta el 31 de diciembre de 2019 (seis años desde el último apunte contable en la contabilidad de 2013).
Ante esta regla general cabe mencionar dos supuestos especiales y muy habituales:

1º.- Se declaran bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades (IS): todos los justificantes contables y documentales, así como la declaración del IS del ejercicio en que se generó la base imponible negativa, deben conservarse durante el plazo que medie desde que se genera la base negativa hasta que ésta sea compensada en su totalidad, más los 4 años de prescripción del ejercicio en el que se compensa dicha base imponible negativa.
2º.- Hay facturas de inmovilizado: estas facturas deben conservarse durante todos los ejercicios en los que genere gasto de amortización, más los 4 años de precripción a contar desde el ejercicio en el que se termina de amortizar dicho elemento de inmovilizado.
RECORDAD: Guardar de manera separada las facturas de los elementos de inmovilizado que le generan gasto por amortización, y toda la documentación relativa a ejercicios en los que se ha declarado base imponible negativa en el IS (ya que en estos casos, el plazo de deber de conservación de la documentación puede exceder de los 6 años).

Nueva modificación de la Ley Concursal

Con elReal Decreto-ley 4/2014,publicado en el BOE el 8 de marzo, se ha aprobado una modificación de la Ley Concursal en la que se incluyen una serie de medidas de urgencia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial para evitar que compañías rentables, pero con falta de liquidez, tengan que acudir al concurso de acreedores.

El objetivo que persigue el Gobierno es que la legislación concursal no suponga trabas en los procesos de refinanciación de aquellas empresas que, si bien están endeudadas, son viables, evitando así la destrucción de empleo y productividad. Por ello, el Ejecutivo modifica la ley para incluir medidas que faciliten la celebración de acuerdos de refinanciación, potencien las quitas y los aplazamientos de pago y la conversión de deuda en capital.

El decreto insiste en la fase preconcursal para facilitar el acuerdo entre deudores y acreedores y evitar así la liquidación de empresas. Además, se ha eliminado la obligación de un experto independiente, puesto que suponía en ocasiones un "coste y dilación" adicional al proceso.

En el caso de acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente, la mayoría exigida del acuerdo pasa del 55% al 51% (mayoría simple). En los préstamos sindicados, se entiende que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a favor el 75% del pasivo representado por el préstamo, salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior.

Si el 60% de los acreedores de pasivos financieros han acordado aplazamientos de hasta cinco años y la conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo, estas medidas se extenderán a los acreedores disidentes sin garantía real. Si el acuerdo ha sido suscrito por el 75% de los acreedores de pasivos financieros, se extenderán a los acreedores disidentes las esperas entre 5 y 10 años.

Asimismo, los administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales, y quienes hubieran tenido cualquiera de esta condiciones dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, así como los socios que se hubieran negado sin causa razonable a la capitalización de créditos y que se entiendan afectados por dicha calificación; podrán ser condenados a la cobertura total o parcial del déficit, es decir, a abonar aquella parte residual que no haya sido cubierta por la liquidación. Para ello, es necesario que su conducta haya generado o agravado la insolvencia.

La norma además, modifica el Real Decreto de régimen de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). Así pues, se exceptúa la OPA y la necesidad de solicitar dispensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en procesos de capitalización derivados de las nuevas normas. Esto es, si un acreedor sobrepasa el 30% del capital tras convertir deuda en acciones no tendrá la obligación de comprar la empresa. Ahora bien, si este mismo acreedor adquiere luego paquetes adicionales si tendría que lanzar una OPA.

Recuperación del IVA de las facturas impagadas.

Las claves del servicio son las siguientes:
Importancia del plazo de reclamación: únicamente se puede realizar este trámite durante los tres meses siguientes a los seis meses posteriores al devengo de la factura (12 meses si la facturación de la empresa fuera superior a los seis millones).
Si estás en plazo, hay que emitir una factura rectificativa de la factura impagada.
Se recomienda que la factura rectificativa lleva base cero euros y el importe total corresponderá al del IVA que recuperamos (en negativo).
Para clientes en concurso cambian los plazos, tienes un mes para realizar la factura rectificativa desde que se publica en el BOE que el cliente ha entrado en concurso.
Asegurar el envío de la factura rectificativa: se la tienes que enviar al moroso (mejor si lo haces por correo certificado) y a Hacienda. Tienes de plazo sólo un mes desde su emisión.
El trámite en Hacienda: junto a la factura rectificativa, tienes que adjuntar copia de la factura original y los documentos que acrediten que has intentado cobrarla por vía judicial o notarial.
No tienes que olvidar consignar en la liquidación trimestral del IVA la reducción de la base imponible correspondiente al IVA incobrado. Es la forma que tienes de recuperar ese IVA impagado. No es que la pagan, sino que la compensan.

El autónomo que pida la ayuda de paro tendrá 30 días para regularizar sus cuotas.

La nueva normativa -que podrá modificarse en el Parlamento- incluye dos grandes novedades para el colectivo de trabajadores por cuenta propia: obliga a todos a cotizar por esta ayuda por quedarse en paro (hasta ahora era voluntario) y rebaja sustancialmente los requisitos para poder cobrarla.
Cotización obligatoria. La normativa que propone el Ministerio de Empleo establece "la obligatoriedad de su cobertura". Esto quiere decir que ya no serán solo los autónomos dependientes quienes coticen por este concepto, como ocurre e la actualidad, sino todo el colectivo. La exposición de motivos de este anteproyecto de Ley justifica esta decisión para "no comprometer la viabilidad financiera del sistema". El tipo de cotización por cese de actividad es del 2,20%. Si bien si el autónomo cotiza también por enfermedad común, se establece una rebaja de medio punto, de forma que el tipo general con cotización por ambas contigencias queda fijado en el 29,30% de la base reguladora.
Nuevas cotizaciones. En esta misma línea de aumentar los ingresos, la exposición de motivos de esta norma abre la puerta a que Empleo establezca nuevas cotizaciones por contingencias profesionales (por accidente laboral) para determinados colectivos de autónomos, según la peligrosidad de la actividad que desarrollen. En la actualidad, al igual que ocurre con la cotización por cese de actividad, solo los autónomos dependientes y ya algunos por las características de la actividad están obligados a cotizar por contingencias profesionales.

Regularizar la deuda. En la actualidad, el autónomo con derecho a la prestación por cese de actividad debe estar al día del pago en las cotizaciones a la Seguridad Social o de lo contrario no existía posibilidad de cobro. Con la nueva ley que propone Empleo, el trabajador tendrá 30 días para ponerse al día en el pago de estas cuotas y, de esta forma, poder recibir la ayuda. Además la regularización del descubierto contará para la base reguladora y la adquisición del derecho.
Menos pérdidas exigidas. En compensación a estas mayores cotizaciones, Empleo rebaja notablemente los requisitos que deberán cumplir los autónomos para cobrar la ayuda del cese de actividad. Así, el anteproyecto propone eliminar la exigencia de pérdidas equivalente a entre el 20% y el 30% de los ingresos; y, en su lugar, solo será necesario "un resultado negativo eto en las cuentas de cierre del ejercicio o bien en el momento de cese de actividad. Se computarán los ingresos y gastos de un año completo, excluido el primer año de inicio de la actividad".
Documentación acreditativa. La nueva regulación permitirá al autónomo probar las circunstancias económicas negativas mediante documentos contables del trabajador "y no a través de medios que no le son exigibles" como ocurre en la actualidad.
Nuevos beneficiarios. La norma propone ampliar la cobertura a los administradores de las sociedades de capital que sean expulsados de su actividad retribuida; a los familiares del autónomo a los que les ocurra lo mismo; y a los autónomos dependientes que prueben que lo son aunque no estén reconocidos formalmente como tales.

¿Estamos obligados a presentar un plan de recolocación si hacemos un despido colectivo?

Depende del número de trabajadores a los que afecte el despido colectivo. Independientemente de las medidas sociales de acompañamiento que la empresa tiene obligación de negociar en cualquier ERE definitivo (de extinción de contratos) con los representantes de los trabajadores (comisión negociadora) durante el periodo de consultas, si el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores, su empresa está obligada a ofrecer a los empleados un plan de recolocación externa a través de empresas debidamente autorizadas para ello. Únicamente se exime de esta obligación a las empresas que estén inmersas en un procedimiento de concurso de acreedores. 

El plan deberá garantizar a los trabajadores afectados por el despido colectivo una atención continuada por un periodo mínimo de seis meses y deberá contener medidas en las siguientes materias: de intermediación, de orientación profesional, de formación profesional y de atención personalizada. 

Tenga también en cuenta que el coste del plan no podrá recaer en ningún caso en los trabajadores y que la autoridad laboral velará por el cumplimiento de dicho plan. Además, en caso de que su empresa lo incumpliese, los propios trabajadores podrían reclamar judicialmente la ejecución de las medidas contempladas en él.

¿Podemos eliminar el plan de retribución flexible que concedemos a nuestros empleados?.

Depende de cómo esté redactado el plan de retribución flexible (o plan de compensación). Si en él se ha especificado expresamente que el plan está previamente sujeto a que se den ciertas condiciones, tales como productividad, consecución de objetivos, nivel de ventas, etc. o que se revisará cada cierto tiempo (por ejemplo, anualmente, que es algo muy habitual) podrá suprimirlo unilateralmente, tal y como ha sentenciado la Audiencia Nacional (sent. de la AN de 3.02.12).

Ahora bien, si no se contempla expresamente que el plan se revisará ni la empresa ha incluido en el plan una cláusula por la que se reserve su derecho a modificar o suprimir el plan si las circunstancias lo aconsejan y su empresa lleva varios años ofreciendo el plan, entonces no podrá suprimirlo unilateralmente. En este caso, deberá recurrir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo (art. 41 del ET).

LEY DE EMPRENDEDORES: ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS

El procedimiento a seguir comienza con que el empresario (persona física o jurídica) se encuentre en situación de insolvencia y justifique que su pasivo no supera los 5 millones de euros. A continuación se solicitará la designación del mediador concursal al Registro Mercantil correspondiente. Éste designará un profesional idóneo e independiente que impulse el acuerdo y se asegure del cumplimiento de los requisitos de publicación y publicidad registral.

El negociador motivará una reunión, dentro de los dos meses siguientes a la aceptación del cargo, de todos los acreedores en la que se les presentará una propuesta realizada por el negociador. En la reunión se discutirán los planes de pagos y la posibilidad de saldar deudas con la cesión de bienes.

Los planes de pagos no podrán superar los tres años y la condonación de deuda no podrá superar el 25 % de la deuda.

Se introduce una regulación para la exoneración de deudas residuales. Se podrá aplicar, cuando se liquide el patrimonio del deudor, siempre que éste no sea culpable de insolvencia y se satisfaga parte de la deuda, concretamente los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados. En comparación con el régimen habitual se elimina el 25 % del importe de los créditos concursales ordinarios.

El mediador solicitará la declaración de concurso si los acreedores que posean el 50 % o más del pasivo deciden no continuar con el Acuerdo.

El Acuerdo se considerará aceptado si el 60 % o más del pasivo lo aceptan, a excepción de los casos en los que se salden deudas con activos, en cuyo caso se necesitará la aceptación del 75 % del pasivo

En el momento de la publicación de la apertura del expediente, los acreedores afectados por el Acuerdo no podrán en los tres meses siguientes iniciar, ni continuar ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor, menos créditos con garantía real.

En caso de que no se alcance el acuerdo o se constate el incumplimiento, se dará por fracasado el procedimiento, siendo éste considerado como tránsito al concurso.

A través de los Puntos de Atención al Emprendedor se podrán realizar trámites administrativos necesarios para el cese de actividad.


La extincion de deudas de las personas fisicas comerciantes, como novedad de la Ley de Emprendedores.

La nueva Ley de emprendedores que entro en vigor el pasado mes de octubre de 2013 introduce importantes novedades dentro del ámbito Concursal, siendo la más destacable y con mayor recorrido, según nuestro parecer, la posibilidad de extinguir deudas por parte de las personas físicas.
Antes de la entrada en vigor de la Ley de emprendedores, cualquier comerciante persona física, que se encontraba en situación de insolvencia y no podía afrontar el pago de sus deudas no tenía otra solución que " redimir sus pecados" pagando la totalidad de las deudas contraídas con sus acreedores (bancos, hacienda, Seguridad Social, proveedores, trabajadores, etc...), aún cuando presentara un concurso de acreedores.

El escenario cambia radicalmente con la publicación de la nueva Ley de Emprendedores y su entrada en vigor, pues la misma crea la figura del concurso consecutivo.
Este concurso se configura como una especialidad dentro del concurso abreviado, permitiéndose únicamente la apertura de la fase de liquidación.

La gran novedad de este tipo de concurso, aplicable a la persona física comerciante, no es otro que la Ley permite redimirse de sus deudas, esto es, se le perdonan sus deudas.

Sin embargo, la Ley exige unos mínimos pagos o sacrificios para que ese perdón se produzca, como así es el pago de los créditos contra la masa, los créditos concursales con privilegio especial y general, así como el pago del 25 % de la totalidad de créditos ordinarios.

Realizados estos pagos las restantes deudas no saldadas se extinguen y el emprendedor puede volver a la actividad de comerciante limpio de deudas.

Los 15 días de preaviso en caso de despido objetivo ¿se aplican a todo tipo de extinciones o sólo a las realizadas por causas económicas?

El periodo de 15 días de preaviso que hay que conceder al trabajador (o bien abonar el importe de los días no preavisados) se aplica en cualquiera de los casos que permiten a una empresa despedir a un trabajador por causas objetivas (despido objetivo por absentismo, despido objetivo por ineptitud sobrevenida, despido objetivo por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo…). 

La única diferencia es que cuando el despido objetivo es por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas la empresa está obligada expresamente a entregar una copia del escrito de preaviso a los representantes legales de los trabajadores para su conocimiento, algo que no se exige en el resto de despidos objetivos (art. 53.1.c del ET). Consulte además su convenio colectivo por si dispone algo al respecto.

Tenga también en cuenta que si opta por conceder el preaviso (en lugar de abonar los días no preavisados), durante el período de preaviso el trabajador tendrá derecho a un permiso retribuido  de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo (igual que si se tratara de un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas).

¿Qué contrato hay que formalizar con un trabajador para que coincida con una embarazada a la que sustituirá durante su baja?

El contrato idóneo para sustituir a una trabajadora de baja por maternidad (y, por lo tanto, con derecho a reserva de puesto) es el contrato de interinidad. Sin embargo, este contrato debe formalizarse justo cuando se produce la baja por maternidad y no antes (salvo que la trabajadora embarazada sufriera una baja por IT derivada del embarazo), por lo que es imposible contratar a un trabajador bajo esta formula y que coincidan el sustituto y la trabajadora a quien sustituye. Por ello, si es importante que coincidan ambos, es necesario contratar al sustituto bajo otra modalidad de contrato. 

Ahora bien, no es tan sencillo decidir qué tipo de contrato formalizar para que la embarazada y su sustituto coincidan un tiempo. Si se trata de un contrato eventual por circunstancias de la producción, deberá poder acreditar que el trabajador debe atender exigencias circunstanciales del mercado o que existe una acumulación de tareas o un exceso de pedidos. Y si se plantea recurrir al contrato de obra, su empresa deberá justificar que existe una obra o servicio con autonomía y sustantividad propia y que se trata de una actividad normal o permanente dentro del ciclo productivo de la empresa. 

Una vez que la trabajadora dé a luz, su empresa tiene dos opciones: o bien mantener el contrato temporal (teniendo en cuenta que si es eventual, su duración máxima es de seis meses dentro de un periodo de un año) o bien dar por finalizado el contrato temporal y suscribir un contrato de interinidad durante las 16 semanas de duración de la baja maternal. Ahora bien, en este caso, su empresa no podrá beneficiarse de la bonificación que tienen los contratos de interinidad por sustitución de una embarazada, ya que se exige como requisito para beneficiarse de dicha bonificación que el trabajador que sustituya a la embarazada esté desempleado

¿Tiene validez las facturas enviadas por correo electrónico?

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de facturación el pasado 1 de enero se legalizó todas las facturas enviadas mediante correo electrónico. Se normalizaba así una práctica generalizada sobre todo por los trabajadores autónomos y PYMES, pues supone un importante ahorro de tiempo y costes de impresión y envió.

Ahora para que una factura electrónica sea válida debe cumplir los siguientes requisitos:
 
  • Contener los datos del emisor y receptor, tener un número, fecha de expedición, describir los productos o servicios y desglosar el IVA.
  • El cliente ha de dar explícitamente su consentimiento para recibir las facturas mediante el e-mail. En la autorización, que debe ser expresa y por escrito, debe indicarse la cuenta de envió y de recepción de los documentos, para evitar errores.
  • Que se garantice la autenticidad del origen e integridad del mismo. Por ello, se acostumbra a utilizar el correo corporativo de la empresa y un formato PDF donde no se puede alterar el contenido. Se aceptan los formatos xml, pdf, html, gif, jpg. y puede remitirse por correo electrónico o mediante puesta a disposición del cliente en un sitio web para su posterior descarga e impresión, si se desea.
  • Queda suprimido pues el requisito de la firma mediante certificado digital reconocido por la Agencia Tributaria. Sin embargo, como en la factura en papel – donde el sello garantiza su validez- en la electrónica se incide en garantizar el origen y el contenido.

Por otra parte, el envío de facturas por correo electrónico sin cumplir los requisitos y procedimientos establecidos puede implicar sanciones para el expedidor y emisor de la factura.  La Administración Tributaria podrá imponer multas equivalentes al 1% del importe de las facturas en las que se hubiera producido el incumplimiento. Dicho importe podría incrementarse gradualmente hasta el 2% cuando el volumen de las facturas enviadas superara el 20% del total de facturación.


La Seguridad Social activa el servicio electrónico para el pago de las deudas en vía ejecutiva con tarjeta bancaria

La Seguridad Social ha puesto en marcha un servicio electrónico que permitirá el pago de las deudas en vía ejecutiva con tarjeta bancaria de débito o crédito y va dirigido a ciudadanos, empresas y profesionales que mantengan deudas en vía ejecutiva con el organismo.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)  ha desarrollado este nuevo servicio denominado “Pago con tarjeta de deudas en vía ejecutiva”, por el que podrán abonarse las deudas derivadas de expedientes y providencias de apremio y de expedientes de aplazamiento.

Se trata de una gestión que no precisa de certificado digital ni tiene coste alguno para el usuario ya que no generan ningún tipo de comisión.  El pago con tarjeta de débito o de crédito será efectivo entre las 24 y las 48 horas siguientes a la realización de la operación.

El nuevo servicio electrónico responde a la demanda de los ciudadanos que ya pueden saldar su deuda sin necesidad de desplazarse a las administraciones de la TGSS o a las entidades financieras. Para ello tan sólo deberán disponer de tarjeta bancaria y de un terminal con conexión a Internet.

Al ahorro económico que supone la puesta en marcha de un servicio electrónico se suma una mayor capacidad de recaudación ya que facilita a los titulares el abono de la deuda desde cualquier lugar desde dentro o fuera de España.

Las implicaciones técnicas del nuevo servicio y la seguridad necesaria para este tipo de gestiones exigían simulaciones en modo real antes de activarla en la sede electrónica del organismo. Por ello, desde el pasado mes de agosto, el personal de la Tesorería General de la Seguridad Social ha realizado diversas pruebas que garantizan el correcto y seguro funcionamiento del servicio.

El pago con tarjeta de deudas en vía ejecutiva se encuentra ya operativo en la sede electrónica de la Seguridad Social,

El trabajador no pierde el derecho a vacaciones en caso de incapacidad temporal sobrevenida

El tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una cuestión perjudicial sobre la Directiva resuelve en una Setencia que el plazo de prescripción del tiempo de trabajo, sosteniendo que la disposición interna española se opone a ella en la medida que prive al trabajador de sus vacaciones si sobreviene durante ellas una incapacidad temporal

La acción contra los administradores sociales por falta de disolución comienza desde la inscripción registral de su cese.

El tribunal Supremo resuelve en una Sentencia que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra los administradores sociales por falta de disolución de la compañia comienza desde que se inscribe en el Registro Mercantil su cese, y no desde tal cese, al ser aquélla necesaria para el conocimiento de tal hecho por terceros.

Si el finiquito es negativo, ¿cómo podemos reclamárselo al trabajador?

Efectivamente, es posible que el finiquito salga negativo, es decir, que es el trabajador quien adeuda dinero a la empresa. Y una de las causas más comunes es precisamente en el caso de trabajadores que dejan la empresa antes de finalizar el año, pero cuando ya han disfrutado de las vacaciones anuales (es decir, que “consumen” días a los que sólo tienen derecho si trabajan los 12 meses). 

En este caso, si el trabajador se niega a pagar la cantidad que adeuda a su empresa, deben valorar qué opción les interesa más: si exigir la cuantía judicialmente, a través de una demanda de reclamación de cantidad, o bien si “dar por perdida” la deuda. Si el importe no es muy alto, puede ser preferible olvidarse de la vía judicial, ya que su empresa tiene que valorar el coste del abogado (aunque no sea obligatorio acudir con él es aconsejable) y el tiempo invertido en el proceso, que pueden llegar a superar con creces la cuantía de la deuda del trabajador.

Desplazarse al extranjero estando cobrando prestacion por desempleo.

En general, durante el tiempo que una persona permanezca en el extranjero no puede cobrar prestaciones por desempleo, ya que no puede cumplir con la obligación legal de estar a disposición de los Servicios Públicos de Empleo españoles. Por eso debe comunicar en su Oficina de Empleo la fecha en que se va a marchar, para que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda a suspender el pago de su prestación

Cuando regrese a España puede reanudar la prestación de desempleo que le quede pendiente de recibir siempre que:

·      La estancia en el extranjero haya sido inferior a 12 meses.

·      Se inscriba como demandante de empleo y solicite la reanudación en los 15 días hábiles siguientes al retorno.

·       Justifique la búsqueda de empleo en el país extranjero, con un certificado
de haber estado inscrito en los servicios de empleo de aquel país.       

En cualquier caso, si la persona permanece 12 o más meses en el extranjero la prestación se extingue, sin posibilidad de reanudar el derecho al regresar a España.

No obstante lo anterior, se podrá cobrar la prestación por desempleo reconocida en España aun estando en el extranjero, siempre que se “exporte” la prestación por desempleo.  La normativa establece que solamente es posible exportar la prestación por desempleo reconocida en España si la persona se traslada a buscar empleo a un país de la UE/EEE o a Suiza, manteniendo el derecho a cobrar en ese país durante 3 meses en el caso de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, y 3 meses prorrogables por otros 3, si el traslado es a algún país de la UE.

Para tener derecho a la exportación es necesario:

· Ser beneficiario de la prestación por desempleo.

· Trasladarse para buscar trabajo.

· Haber estado inscrito como demandante de empleo al menos 4 semanas.


Arreglar el paro puede ser delito

En concreto, a partir de ahora, cuando empresa y trabajador finjan un despido para que este último tenga derecho al percibo de la prestación por desempleo, y ello sea detectado por el Servicio Público de Empleo, ello no conllevará sólo una sanción administrativa sino que podrá ser será considerado un DELITO PENAL CON PENAS DE CÁRCEL DE ENTRE SEIS MESES Y TRES AÑOS para los casos más graves. La medida afectará tanto a la empresa como al trabajador.

De igual modo, a partir de esta modificación penal, las empresas que simulen un contrato para beneficiar a un familiar o un amigo para completar el periodo que le resta para acceder a la prestación por desempleo o a una pensión, será igualmente perseguido. A partir de ahora, todo este tipo de situaciones podrán ser constitutivas de delito.

Por ello, recomendamos a las empresas que eviten acuerdos de este tipo, que , aunque son habituales y parece que no pasa nada, ahora han sido calificados como delito por este reciente cambio legal.

El emprendedor de Responsabilidad Limitada: dícese del que no responde con sus bienes las deudas empresariales Ley del Emprendedor

la Figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) permitirá a los autónomos no responder con sus bienes personales de las deudas contraídas en su actividad empresarial, pero ¿qué condiciones lleva aparejadas?
”se establece una diferencia entre la actividad empresarial y la personal” ya que, hasta ahora, los autónomos debían responder de forma personal de las deudas derivadas de su actividad profesional.
A priori, esta medida puede resultar muy beneficiosa tanto para aquellos que aún se muestran reticentes a iniciar un nuevo negocio por los riesgos económicos que conlleva, como para los que van a hacer una inversión de alto riesgo.
No obstante, la nueva medida tiene una letra pequeña que es conveniente estudiar. En primer lugar, los autónomos y emprendedores sólo podrán acogerse a esta medida y no responder con la vivienda si la deuda contraída es inferior a 300.000 euros.
Además, “la limitación de responsabilidad no se aplicará respecto a las deudas de Derecho Público, ni cuando el empresario hubiese actuado fraudulentamente o con negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros”.
Tampoco podrán acogerse a esta limitación las deudas con origen en determinadas retenciones no ingresadas a trabajadores, profesionales u otros empresarios, ni las deudas en la Seguridad Social, tales como cuotas de trabajadores no ingresadas, altas erróneas y otras infracciones graves.
A esto se suma la obligación por parte del emprendedor o autónomo de inscribirse en el Registro Mercantil de su provincia, como si de una Sociedad Mercantil se tratase, y así hacerlo constar en toda la documentación mercantil, tales como contratos o facturas, además de regirse por el principio de publicidad.
Asimismo, y para evitar que su vivienda y/o vehículo personal se vean afectados por una deuda mayor de 300.000 euros, deberá señalar éstos bienes con un valor de, como máximo, 250.000 y 25.000 euros respectivamente.
En definitiva, se trata de una medida atractiva para aquellos que no deseen poner en riesgo su patrimonio personal, pero cuyas especificaciones pueden incurrir en una mayor complejidad burocrática, mayores costes y generar problemas con la responsabilidad patrimonial universal establecida en el artículo 1911 del Código Civil que recoge la garantía personal básica con la que cuentan los acreedores y que asegura el cumplimiento, voluntario o forzoso, de las obligaciones.

¿Podemos dejar de conceder la jornada intensiva de verano si hay causas productivas que lo justifiquen?

Si su empresa lleva años concediendo la jornada intensiva a sus trabajadores, aunque sea una concesión graciable por su parte (es decir, que la concede voluntariamente, sin que le obligue a ello su convenio colectivo) se ha convertido en un derecho adquirido (condición más beneficiosa) para sus trabajadores. 

Esto significa que su empresa no puede ahora eliminar la jornada intensiva de verano unilateralmente, aunque tenga motivos que justifiquen esa decisión. Para reducirla o eliminarla, deberá recurrir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo regulado en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (consulte además su convenio colectivo, ya que algunos regulan el procedimiento que se debe seguir en materia de modificaciones sustanciales).

Requisitos para cobrar el paro de una vez y no tributar en el IRPF

Se entenderá que se inicia una actividad económica siempre que no se haya ejercido otra actividad en el año anterior a la fecha de inicio de la misma, aunque no se tendrán en cuenta las actividades en cuyo ejercicio se haya cesado sin haber llegado a obtener rendimientos netos positivos desde su inicio.

La decreto establece que esta exención en el IRPF se podrá aplicar tanto a la apertura de un nuevo negocio que permanezca en funcionamiento, al menos, durante cinco años, o cuando el dinero de la prestación por desempleo se destine a una sociedad laboral, cooperativa de trabajo o al capital social de una entidad mercantil, siempre y cuando esta aportación se mantenga también durante cinco años como mínimo.

Tanto esta exención fiscal como las otras dos rebajas de impuestos incluidas en el real decreto-ley para los autónomos y empresas de nueva creación entran en vigor, con carácter retroactivo, desde el pasado 1 de enero de 2013.

En el caso de las nuevas empresas que se constituyan, durante los dos primeros años con resultado positivo tributarán en el Impuesto de Sociedades al tipo reducido del 15% hasta los primeros 300.000 euros de base imponible y el resto, al 20%; mientras que los autónomos que inicien ahora un negocio disfrutarán de una reducción del 20% de la tributación de sus rendimientos netos en el método de estimación objetiva, también durante los dos primeros años con beneficios.

Esta reducción se aplicará sólo a las cuantías de rendimientos netos que no superen los 100.000 euros anuales. Además, no se aplicará en el periodo impositivo en el que más del 50% de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente haya obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la actividad.

NO ME NOTIFIQUE ESTOS DIAS GESTION TRIBUTARIA

30 días. Si suempresa está inscrita en el sistema de notificaciones electrónicas, recuerde que desde el año pasado puede seleccionar 30 días naturales al año durante los cuales Hacienda no podrá depositar notificaciones en su dirección electrónica. Seleccione los días elegidos a través de la Sede Electrónica de Hcienda en www.agenciatributaria.gob.es.

 

Los días elegidos podrá escogerlo hasta un máximo de 30 días del año natural / del 1 de enero al 31 de diciembre), sin necesidad de que éstos sean consecutivos.

De este modo, puede hacer coincidir los días en los que no quieres recibir las notificaciones con sus vacaciones, cogiendo unos días en Semana Santa, otros en verano y otros en Navidad. 

Si durante el año quiere cambiar alguno de los días elegidos previamente, sepa que también podrá hacerlo. Esto sí, deberá comunicar tanto la selección inicioal de los días como las notificaciones que realice después con siete días naturales de antelación al primer día en el que no quiera recibir notificaciones.

ACLARACIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO

* Una de las partes intervinientes debe ser empresario o profesional. Por lo tanto, esta regla no es aplicable en compraventas entre particulares.

* Si en una misma factura se documentan varias entregas de bienes o servicios independientes, la limitación sólo afecta a las operaciones con importe a partir de 2.500 euros. D es este modo, si es una factura de 4.000 euros hay dos entregas independientes de 2.000 euros cada una, dicha factura puede se satisfecha en efectivo.

* En operaciones de tracto sucesivo ( alquileres, contratos de suministro, cuotas de asesorías, etc..) debe tenerse en cuenta el momento en el que son exigibles los pagos según contrato, así como su importe. Si el pago exigible en cada cuota ( por ejemplo, la mensualidad del alquiler) es menor a 2.500 euros, puede pagarse en efectivo.

*Las operaciones de 2.500 euros o más no pueden pagarse parcialmente en efectivo, aunque lo pagado en metálico no alcance dicho limite.

En un despido por causas objetivas: ¿cómo se calcula la indemnización de un trabajador con reducción de jornada por guarda legal?

Tenga también en cuenta que es indiferente que la trabajadora lleve más o menos tiempo con la reducción de jornada e independientemente de que dicha reducción sea la mínima (un octavo) o la máxima (la mitad de la jornada) que permite la ley.

PREGUNTA: En nuestra empresa vamos a despedir por causas objetivas (económicas y organizativas) a tres trabajadores de una línea de productos que vamos a dejar de comercializar. Una de las afectadas es una trabajadora que tiene la reducción de jornada por guarda legal. ¿Cómo debemos calcularle la indemnización?

RESPUESTA: Aunque la causa del despido sea objetiva, la indemnización de los trabajadores que tengan reducción de jornada por guarda legal se calcula como si estuvieran trabajando a jornada completa y no sobre la jornada reducida (Disposición Adicional Decimoctava del Estatuto de los Trabajadores).

No aceptar que un empleado que presenta su baja voluntaria se retracte equivale a un despido improcedente

Además, el Supremo deja claro que hay que admitir la petición del trabajador, independientemente de que “hubiera o no error al formular la voluntad de dimisión”, error que consistiría en este caso en que el trabajador no conocía, antes de su dimisión, que se podía jubilar a los 70 años. Esto, entiende el Supremo, “es completamente irrelevante, puesto que entendemos que existe una facultad de retractarse de la dimisión preavisada mientras la relación jurídica continúe existiendo”. Esto significa, en definitiva, que el trabajador, al igual que el empresario cuando preavisa un despido, “tiene derecho a reconsiderar su decisión, siempre que lo haga antes de la fecha en que se extinga el contrato”, es decir, durante el plazo de preaviso. Por todo ello, el Supremo da la razón al trabajador y determina laimprocedencia del despido.

Un empleado que trabajaba como vigilante nocturno comunicó a su empresa en una carta que cesaría en su puesto de trabajo al cumplir los 65 años por jubilación, preavisando con un plazo de 15 días de antelación. Sin embargo, tras hablar con el presidente del Comité de Empresa, que le comentó que podía continuar trabajando hasta los 70 años según lo establecido en su convenio, envió otra carta a la empresa comunicando su retractación y anunciando que continuaría prestando sus servicios.

La empresa le comunicó que su decisión era irreversible, por lo que procedió a dar por finalizado el contrato. El caso acabó en los tribunales y, auque tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dieron la razón a la empresa, al entender que el trabajador había manifestado claramente y de forma expresa su voluntad de dimitir, no lo entiende así el Tribunal Supremo.

En una sentencia dictada además en unificación de doctrina, el Tribunal Supremo falla a favor del trabajador y determina que la petición de baja voluntaria es revocable, que es perfectamente lícito retractarse y que no aceptar la petición de retractación equivale a undespido improcedente.

En su sentencia, el Supremo, pese a reconocer que antes de la unificación de doctrina ha habido una doctrina que no admitía la  retractación al entender que una vez comunicada, “la dimisión del trabajador no es susceptible de retractación posterior”. Sin embargo, como el propio Tribunal Supremo ha admitido que el empresario se puede retractar del despido durante el periodo de preaviso, hay que “aplicar este mismo criterio a la dimisión del trabajador, pues se trata en ambos casos de la misma manifestación subjetiva del desistimiento legal” (en un caso por parte de la empresa y en otro por parte del trabajador).La baja voluntaria no sólo se limita a los casos en que el trabajador decide que se marcha para, por ejemplo, trabajar en otra empresa. Hay un supuesto que, con la situación de crisis, está en auge, que es la extinción indemnizada del contrato, que permite al trabajador marcharse de la empresa pero percibiendo una indemnización (por ejemplo, como consecuencia de unamodificación sustancial de las condiciones de trabajo).

Obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados a la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales y FT.

os asesores fiscales, contables externos y auditores son sujetos obligados a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y FT. , según el art. 2.

5.      Atender cualquier petición o comunicación del SEPBLAC.

Existen ciertos rumores, totalmente infundados, en los que se dice que cumpliendo con la obligación de formación, ya es suficiente para cumplir con las obligaciones que impone la Ley. Esto es totalmente falso, puesto que la Ley impone a los sujetos obligados, entre los que se encuentran los asesores fiscales, contables externos y auditores una serie de obligaciones y responsabilidades de mucho mayor calado.

 

Sin ánimo de ser exhaustivo, vamos a reseñar algunas de ellas, que se deben de cumplir en los momentos actuales pues la Ley hace dos años que entró en vigor:
Como veis, se trata de muchas obligaciones y responsabilidades, que aquí queremos dejar constancia, para que nadie se llame a engaño, pues existen sanciones muy importantes desde el punto de vista administrativo, incluso penal.

 

1.      Inscripción en el SEPBLAC. Se realiza nombrando los componentes  del Órgano de Control interno y al representante ante el SEPBLAC y comunicándolo a dicho organismo (si se trata de un despacho persona física estas funciones las desarrollará necesariamente el titular del negocio). De esta forma, quedas inscrito en el SEPBLAC.

 

2.      Diligencia debida con todos los clientes,  incluye identificación, propósito o índole de negocio del cliente y seguimiento continuado.

 

3.      Tener el Manual de protocolo de control interno, donde se detalla todo el procedimiento a seguir.

 

4.      Comunicación al SEPBLAC, tras el examen especial de las operaciones con indicios o sospechosas.

 

5.      Atender cualquier petición o comunicación del SEPBLAC.

 

6.      Formación de todos los empleados y profesionales del despacho. Es una más de las obligaciones y debe ser anual. Nosotros hemos realizado muchos cursos presenciales y seguimos haciéndolo de forma continuada. Para más información pinchar aquí.
7.   Examen anual externo por experto independiente. Posteriormente puede ser cada tres años si existen revisiones internas anuales.
8.   Etc, etc.
 

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